PALABRAS DE LA DOCTORA BEATRIZ MERINO, DEFENSORA DEL PUEBLO,
CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL CUARTO ANIVERSARIO DE LA ENTREGA
DEL INFORME FINAL
DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN.

Jesús María, 28 de agosto del 2007.

Señoras y señores:

No puedo empezar estas palabras sin referirme, con pesar, a los terribles efectos del terremoto que produjo severos daños en el sur del país, sobre todo en Pisco e Ica. Ante la conmoción creada, la Defensoría del Pueblo no sólo convocó la participación de los ciudadanos para apoyar a los damnificados, sino que muchos de los integrantes de la institución colaboraron en la asistencia directa a los pobladores de Pisco y en el acopio de los alimentos o materiales donados.

Tengo la convicción de que las personas que han perdido a sus seres queridos y, además, sus pertenencias y viviendas, sabrán sobreponerse al dolor y el infortunio, en la esperanza de que el Estado y la sociedad civil contribuyan a resarcirlos lo más pronto posible.

El día de hoy se cumple el cuarto aniversario de la presentación al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En este marco, diversas instituciones agrupadas en el movimiento ciudadano “Para que no se repita” han dado inicio a una Campaña Nacional que gira en torno del tema de la reforma del sistema de administración de justicia, con la finalidad de contribuir a la solución de los múltiples y graves problemas que la aquejan cotidianamente.

Somos conscientes de que, en los tiempos que corren, la convivencia pacífica, el respeto de los derechos ciudadanos, la seguridad jurídica y la legitimidad de un Estado constitucional no son posibles si no se cuenta con un adecuado funcionamiento de la administración de justicia. No cabe duda de que lo que la sociedad reclama enérgicamente es un sistema de justicia independiente, eficaz y sin corrupción.

Atendiendo a ello, la magistratura ha implementado algunas medidas orientadas a superar los problemas existentes, fortalecer su institucionalidad y propender a que la justicia se encuentre al servicio del ciudadano. Así, por ejemplo, para contribuir a la consolidación de un sistema de justicia imparcial e independiente se ha disminuido el número de magistrados provisionales. Corresponde ahora propiciar las condiciones para que los jueces y fiscales nombrados se capaciten y arriben a un nivel de excelencia para responder a las expectativas de la población.

Asimismo podemos destacar algunos avances en la lucha contra la corrupción. En este ámbito, el sistema de control de la magistratura se ha aplicado con rigor, investigando y sancionando de manera ejemplar algunos casos de corrupción.

Por otro lado, es destacable la creación de una Comisión encargada de unificar criterios y líneas jurisprudenciales. De esta manera se contribuye a formar las bases de un sistema de justicia predecible que incremente el nivel de confianza ciudadana en las decisiones judiciales.
Cabe destacar, además, la publicación electrónica de las Ejecutorias Supremas a partir de enero del presente año. Esta es una medida que contribuye con la transparencia de la justicia, pues permite que la ciudadanía tenga acceso a las resoluciones.

Sin embargo, a pesar de que estas medidas constituyen importantes pasos para la mejora de la justicia en el Perú, aún subsisten problemas que afectan al funcionamiento del servicio de justicia.

En efecto, si bien son destacables los esfuerzos de los órganos de control interno en la lucha contra la corrupción, es necesario fortalecer dicho trabajo para encarar frontalmente el problema. La corrupción debilita el sistema democrático y resquebraja la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Del mismo modo, la lentitud de los procesos judiciales afecta severamente el servicio de justicia. Para nadie es un secreto que, en nuestro país, los procesos duran varios años, lo que va en contra de los elementales derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Como la justicia que tarda ya no es justicia, es necesario que nuestras autoridades consagren sus mejores esfuerzos a producir los cambios que demanda esta situación.

Preocupantes son, de igual modo, la baja calidad de algunas resoluciones judiciales, el culto exacerbado a la formalidad, así como la inadecuada valoración por parte de los operadores judiciales respecto de la función que cumple el servicio de justicia.

Asimismo, al verse limitada para acceder a la justicia, la ciudadanía percibe que el Estado no brinda un servicio eficiente, independiente e imparcial, con la necesaria probidad y transparencia. Además, el Poder Judicial se ha convertido en una de las entidades con la menor aprobación y una escasa credibilidad por parte de la ciudadanía.

En conocimiento de este complejo proceso, la Defensoría del Pueblo lo ha abordado en el curso de diversas investigaciones. En el Informe Defensorial Nº 109, “Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma de la Justicia en el Perú. Generando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y cómo lo harán”, así como en el Informe Defensorial Nº 121, “Propuestas para una reforma de la Justicia Contencioso-Administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia”, se formularon recomendaciones específicas para tratar de revertir estos inconvenientes y propiciar que el sistema de administración de justicia esté al servicio del ciudadano.

Judicialización de las violaciones a los derechos humanos
Ahora, al conmemorarse un año más de la entrega del Informe Final de la CVR, deseo referirme al proceso de Judicialización de las violaciones a los derechos humanos. Esta es una labor que la Defensoría del Pueblo ha asumido con absoluta responsabilidad con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y la justicia.

Entre los aspectos positivos de este proceso destacan la reciente designación de la Fiscalía Ad Hoc para casos de derechos humanos, desapariciones forzadas y exhumación de fosas en Huancavelica. No cabe duda de que dicha instancia es de vital importancia para la investigación de los casos en esa región del país.

Asimismo conviene destacar en el último año la expedición de sentencias condenatorias en los casos “Masacre en Lucanamarca” y “Desaparición forzada de autoridades en Chuschi”. La primera de estas sentencias, relacionada con la masacre de 63 pobladores de Lucanamarca, cometida por miembros de Sendero Luminoso en el año 1983, permite cerrar un capítulo en la lucha contra el terrorismo. Además, demuestra que es posible sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos respetando las normas del debido proceso.

Por su parte, la sentencia recaída en el caso de la desaparición forzada de tres autoridades y un menor de edad en el distrito de Chuschi, en marzo de 1991, consolida la jurisprudencia nacional respecto de la naturaleza permanente del delito de desaparición forzada.

No obstante estos avances, observamos con preocupación que el impulso inicial de estas investigaciones ha disminuido considerablemente en el último año.

Este período ha estado marcado por dificultades y retrocesos que podrían afectar el derecho de las víctimas a alcanzar la justicia. No se han adoptado, hasta el momento, las medidas pertinentes para implementar un mecanismo que asegure el derecho de defensa de las víctimas que no cuentan con patrocinio legal. Tampoco se ha fortalecido el sistema de protección de víctimas, familiares, testigos y peritos en estos casos.
En la Defensoría del Pueblo permanecemos atentos a estos temas. Recientemente hemos cursado una carta al Presidente del Consejo de Ministros reiterando una solicitud para resolver el problema de indefensión legal de las víctimas, en la esperanza de encontrar una pronta respuesta por parte del Ejecutivo. Además, hemos emitido una opinión favorable al Proyecto de Ley que se encuentra en el Congreso de la República, respecto a protección de víctimas, familiares, testigos y peritos.

Hemos advertido con preocupación, por otro lado, que se han declarado fundadas las excepciones de cosa juzgada y de naturaleza de acción en los casos “Violaciones de los derechos humanos en el Batallón Contrasubversivo Nº 313 de Tingo María” y “Ejecución arbitraria y desaparición forzada de Juan Mauricio Barrientos y otros”.
Asimismo, recientemente, la Tercera Sala en lo Penal para Reos Libres de Lima dejó sin efecto una denuncia penal formulada por el Ministerio Público, contra algunos implicados, en los sucesos ocurridos en el Penal El Frontón en 1986, considerando que la acción penal había prescrito.

Para la Defensoría del Pueblo, estas decisiones desconocen las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos y se apartan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la Sala Penal Nacional. Esta jurisprudencia señala que son inadmisibles las disposiciones de prescripción y cualquier otro mecanismo que pretenda impedir la investigación y sanción de responsables de violaciones a derechos humanos.

Es preocupante, además, la lentitud de las investigaciones fiscales y judiciales. Durante el último año, únicamente se ha abierto proceso judicial en el caso “Ejecuciones arbitrarias en Sancaypata”. Otros 28 casos continúan en la etapa de investigación preliminar, pese a que se han iniciado hace varios años.

Supervisión del proceso de reparaciones
Con relación al proceso de reparaciones en favor de las víctimas de la violencia se debe mencionar que el Estado ha iniciado la ejecución de las reparaciones colectivas en 440 comunidades de 10 regiones afectadas por la violencia. Para ello se han destinado 45 millones de soles que tienen por objeto la implementación de proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades.

En consecuencia, mediante un sistemático seguimiento del proceso de reparaciones, la Defensoría del Pueblo ha realizado visitas de supervisión a dichas regiones con el propósito de sostener reuniones con representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, de las organizaciones de víctimas, así como de miembros de las comunidades afectadas.

No obstante estos avances, hemos observado que la mayoría de las comunidades seleccionadas requiere de mayor asesoría técnica, a fin de que puedan cumplir con los requisitos exigidos para la elaboración y ejecución de los proyectos de desarrollo.

Las comunidades necesitan una permanente asistencia para ejecutar eficazmente el Programa de reparaciones colectivas.

Por ello es necesario que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales brinden un mayor apoyo técnico a las comunidades beneficiarias, haciendo que dicho proceso sea más participativo y descentralizado.

También hemos advertido que se encuentra pendiente la implementación de los programas de reparación individual y el Registro Único de Víctimas. Este último permitirá la individualización de las víctimas y los beneficiarios.

Asimismo se requiere superar algunas dificultades para el acceso efectivo de las víctimas a los programas de salud que se están ejecutando en la actualidad.

Finalmente debo decir que es necesario fortalecer la coordinación entre las instancias nacionales y regionales encargadas de ejecutar los programas de reparación. Algunas regiones no han cumplido hasta la fecha con la incorporación del Programa Integral de Reparaciones en sus planes operativos.

Final
No debo concluir estas reflexiones sin reiterar nuestro compromiso en trabajar por la defensa de los derechos de las personas y el fortalecimiento de las instituciones, promoviendo una mayor eficacia y transparencia en la gestión pública. Se trata, por cierto, de una ardua labor, no exenta de retos difíciles de superar.

En razón de ello, resulta importante continuar contando con la activa participación de la ciudadanía en el afianzamiento de los valores que sustentan la vida en democracia, como la justicia y la necesidad de una adecuada reparación a las víctimas de la violencia.

Creo que es oportuno, ahora, afianzar la confianza en nuestros propios esfuerzos y alentar la vocación de servicio. Convoquemos las voluntades y las energías, y no callemos ante las muestras de indolencia o derrotismo. No permitamos que la corrupción reagrupe sus fuerzas. Dispongámonos a defender, en todo momento, los derechos de los vejados, los postergados, los vulnerables. Digamos, finalmente, como el visionario Nelson Mandela, refiriéndose a la lucha contra la pobreza, que “la tarea, por supuesto, no es fácil, pero no hacer nada es un crimen contra la humanidad, contra el que yo convoco a toda la humanidad a asumir un compromiso".
Muchas gracias.