Hoy, 5 de junio de 2019, conmemoramos 10 años de los dolorosos hechos ocurridos en Bagua donde murieron 33 peruanos (23 policías y 10 indígenas) y uno continúa desaparecido. Este terrible accionar se dio porque el Estado peruano trató de imponer un conjunto de decretos legislativos que violentaban los derechos de los pueblos indígenas y que fueron objeto de un justo reclamo de más de 6 meses por parte de los pueblos y sus organizaciones; sin embargo, el gobierno en ese entonces no los escuchó, ni atendió sus demandas.
Lamentablemente, aún las causas que provocaron esta legítima protesta, así como los derechos de los pueblos indígenas peruanos aún no son protegidos ni garantizados por el Estado; es más se continúan aprobando normas que desconocen su derecho a ser consultados y les despojan de sus territorios.
Para el caso del derecho a la justicia, de los tres procesos solo uno (el denominado “Curva del diablo”) ha alcanzado sentencia en primera instancia, absolviendo a todos los indígenas procesados, es indispensable que se ratifique esta resolución ejemplar del Poder Judicial; los otros dos procesos (“Estación 6” y “Los generales”) aún no alcanzan justicia. A la fecha no se ha procesado ni sentenciado a ningún responsable político ni a Alan García, ni a Mercedes Araoz, ni a Yehude Simon, ni a Mercedes Cabanillas por este operativo mal planteado.
En este sentido, desde las organizaciones que conformamos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideramos que es indispensable que el Estado peruano, a través de sus diversos estamentos empiece a garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional, el primer paso es que se alcance justicia en los tres procesos judiciales por los hechos ocurridos y que se sancione a los responsables políticos de las muertes de los 33 y de la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán.
De igual manera, exigimos que el derecho a la consulta previa, al territorio, así como el derecho a la identidad cultural sean garantizados integralmente y de manera efectiva por el Estado, con especial énfasis del poder ejecutivo y los ministerios a cargo de su implementación, sobre todo en casos de consulta frente a proyectos y empresas extractivas que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos, acá la consulta previa debe ser en todas las etapas del proceso, empezando desde la concesión y no debe desnaturalizarse usándose como un mero trámite de información. Asimismo es urgente que el Congreso de la República modifique su reglamento para que las iniciativas legislativas que afectan derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios sean sometidas a consulta previa.
Además, es imperativo el cese de la criminalización a las y los líderes de los pueblos indígenas y originarios por el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta social. En momentos de crisis del Estado producido por el blindaje a mafias delincuencias como las de “Los cuellos blancos”, la garantía de los derechos colectivos y de la supervivencia de los pueblos indígenas es indispensable para llegar al bicentenario con un Estado de derecho sólido que se fundamente en el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas y todos los peruanos.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
