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DEMAGOGO. Con su irresponsable campaña a favor de la pena de muerte, García desprestigió al país ante la comunidad internacional. |
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La verdad siempre incomoda a los poderosos. Sobre todo a aquellos que tienen mucho que ocultar. Hace unos días, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó su Informe Anual 2006, titulado ‘Bajo el signo de un gobierno con pasado’, en el que, con rigurosa documentación y sustento jurídico, apunta su índice contra las medidas vulneratorias de los derechos civiles y políticos que está dictando la administración de Alan García, en sus primeros meses de funcionamiento.
Y eso, claro, ha provocado escozor en las autoridades apristas, quienes han enviado al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, a tratar de desacreditar el documento. Sin argumentos. A punta de ataques personales.
Salgado ha dicho que la Coordinadora ha salido a “desprestigiar” al Perú en el extranjero, aludiendo así a las audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que han participado recientemente el secretario ejecutivo de dicha institución, Pablo Rojas, y el directivo de Aprodeh Francisco Soberón.Sin embargo, como señala Pablo Rojas, el desprestigio internacional se lo ha provocado el propio gobierno con un rosario sorprendente de medidas y actitudes.
¿Cuáles? Pues, en primer lugar, su empeño por instaurar la pena de muerte para los violadores de menores de edad y para los terroristas, el que, tras una primera derrota en el Congreso, sugirió concretar con un referéndum, ‘olvidando’ que la Constitución prohíbe hacer consultas populares sobre supresión o disminución de derechos fundamentales.
Luego, vinculado a lo anterior, su campaña para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta campaña se vio reforzada con la sentencia de la Corte de San José sobre la matanza de Castro Castro, que el Gobierno manipuló ante los medios para presentar al tribunal como un órgano “proterrorista”.
Otras acciones preocupantes han sido la promulgación de dos leyes con las que se somete a las ONG al control del Estado; el rechazo del Plan Nacional de Derechos Humanos, consensuado en 18 audiencias regionales, con el argumento de que es “ilegítimo”; y la falta de voluntad para cumplir las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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PENA DE MUERTE . Una de las primeras propuestas regresivas, en materia de derechos humanos, durante el gobierno en curso.
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INTOLERANCIA. ¿Cómo responde el Gobierno a estas críticas? Acusando a los activistas de derechos humanos de engañar a las organismos de la cooperación internacional diciéndoles que en Perú la situación es preocupante. Como si ellos no supieran lo que pasa en el país.
“Esta afirmación es una ofensa a la cooperación internacional. ¿Piensan que no sigue de cerca lo que sucede en cada país? La cooperación se pronunció, en su momento, contra la pena de muerte, contra la Ley APCI y contra las campañas difamatorias y ataques a los defensores de los derechos humanos”, afirma Pablo Rojas.
Este último punto también irrita al Gobierno. Salgado afirma que a él nunca le dijeron nada de las amenazas y hostigamientos. Pero en la audiencia en la CIDH, en Washington, Rojas y Soberón hicieron un recuento detallado de estos hechos y Salgado y sus asesores estuvieron presentes y recibieron copia de los informes. En el Informe Anual 2006 de la Coordinadora, las 89 amenazas, espionajes y campañas de desprestigio están documentados, una por una. Desde hace semanas, el funcionario estatal tiene una copia del documento sobre su escritorio. Esperemos que ahora sí haga algo.
Más Información:
Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
www.dhperu.org/index.php?link=24&pag=4
