Si hay un hombre que en el régimen aprista encarna hoy el lado
más oscuro, reaccionario y filofujimorista del poder, ese es el vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas. Cualquier argumento que las autoridades apristas puedan ofrecer para desmentir una alianza con el fujimorismo, para asegurar que respetan las leyes y la independencia de poderes, o para convencer de que no buscan impunidad ni olvido, Giampietri se ha encargado de desmoronarlo con una eficacia impresionante.
Ahora, el marino que en 1986 comandó a las fuerzas de la Marina que derribaron el Pabellón Azul y provocaron la muerte de decenas de reclusos en El Frontón, ha vuelto a enfrentar al Congreso y al Poder Judicial, solo por que se considera alguien por encima de las leyes y se niega a declarar como testigo en el proceso judicial por la matanza de La Cantuta.
A fines de marzo, Giampietri provocó un debate parlamentario a raíz de una moción, presentada por el aprista Javier Valle Riestra, que pretendía nada menos que denunciar a la Primera Sala
Anticorrupción, presidida por la honorable Inés Villa Bonilla, por citarlo a declarar y por advertir que si no acudía, se le podría citar de grado o fuerza.
La presión de los medios y de la sociedad civil obligaron a que la moción quedara, al final, como un mensaje en el que se le ‘recuerda’ al Poder Judicial que los parlamentarios no pueden ser detenidos sin autorización del Congreso, algo que, por supuesto, la sala anticorrupción siempre ha tenido del todo claro.
|
TERQUEDAD. Los propios apristas lo han emplazado públicamente a que se presente ante la justicia, pero Giampietri no cede. |
|
LOS CAPRICHOS DEL ALMIRANTE. Con moción o sin moción, Giampietri, sencillamente, se ha negado a acudir a la Base Naval del Callao. Primero dijo que era “impertinente” su citación, luego que él decidiría dónde y cuándo rendir su testimonio y, por último, que si querían que lo hiciera, que fuera por medio de una videoconferencia. Porque tiene mucho qué hacer. Nada menos.
Frente a ello, la jueza Villa Bonilla ha tenido una actitud digna y ejemplar. No solamente ha declarado inadmisible su pedido para declarar por videoconferencia –porque, entre otras razones, es importante valorar los gestos del testigo y porque la videoconferencia limita la posibilidad de formular repreguntas.
La magistrada también ha reclamado al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la propia Oficina de Control de la Magistratura (que había abogado por que se utilice la videoconferencia) que respeten su autonomía e independencia. Una declaración que sienta un precedente en todo el sistema anticorrupción y que coloca una muralla fundamental en los intentos del poder de turno por interferir o monitorear los procesos contra los co-rruptos y violadores de derechos humanos de ayer y de hoy.
Así las cosas, Giampietri tuvo su última oportunidad de acudir voluntariamente a declarar el pasado martes 17. No lo hizo, seguramente creyéndose intocable por ser primer vicepresidente de la República y congresista, y quizás también porque a lo mejor siente que su condición de acusado de violaciones de derechos humanos le ha creado una complicidad protectora con el presidente Alan García.
Esta vez el panorama se le presenta mucho más difícil. La Pri-mera Sala Anticorrupción ha decidido que se le debe conducir a declarar ‘de grado o fuerza’, y para ello pedirá a la Corte Suprema que pida, a su vez, al Congreso que le levante la inmunidad.
Esta será una buena oportunidad para ver la actitud de nuestros legisladores. Porque la discusión trazará una línea entre quienes, por distintos motivos –sea por su menosprecio al sistema anticorrupción o porque defienden aquello de que ‘otorongo no come otorongo’– protegerán al vicealmirante y quienes se la jugarán por el principio de que todos somos iguales ante la Ley. Esperemos que estos sean la mayoría.
Las otras perlas del vicealmirante
 En octubre de 2006, Giampietri llevó a su amigo Alberto Pandolfi, ex premier de Fujimori y hombre cercano a Montesinos, a trabajar al Gobierno en el organismo de prevención del Fenómeno El Niño.
También llevó a un Consejo de Ministros a otro amigo, Sergio Tapia, defensor de violadores de derechos humanos, entre ellos los marinos procesados por El Frontón.
|
|
Más Información:
Giampietri y los privilegios del poder:
www.aprodeh.org.pe/casos2006/lima/cantutamarzo.html
