Los atentados senderistas en Ocobamba y en Huachocolpa estaban frescos en la memoria de todos cuando, a fines de noviembre, Alan García propuso publicar una lista con los subversivos liberados en los últimos años. En ese momento se criticaba con dureza la política antisubversiva del Gobierno y la aparente impunidad con la que actúan los narcoterroristas. Pero el presidente no propuso incrementar los recursos para la policía antiterrorista. No anunció que se intensificarían los patrullajes ni que se tejería alianzas con las poblaciones locales para trabajar de la mano contra el terror. No. La solución de García fue responsabilizar de sus errores a otros. Más precisamente, a 1,800 ciudadanos excarcelados.
A estas alturas de su gobierno, se puede decir que el jefe de Estado ya nos tiene acostumbrados a estas salidas autoritarias y atentatorias de la Ley. ¿Sus 1,800 liberados fueron encontrados culpables? García no lo ha dicho. El mandatario tiene que aclarar si quiere publicar los nombres de los inocentes, de los peruanos que purgaron prisión injustamente y que fueron indultados o absueltos por la justicia. ¿A ellos también se les quiere estigmatizar? ¿No ha sido suficiente que el Estado los haya mantenido durante largos años presos, acusándolos de crímenes que jamás cometieron?
CONTRAPRODUCENTE. Supongamos que su intención es dar a conocer la identidad de solo los que fueron condenados. Veamos. Hace unas semanas, el abogado Wilfredo Pedraza –uno de los mayores conocedores de la situación de los presos acusados por terrorismo, ex jefe del INPE y ex miembro de la Comisión de Indultos– dio unas declaraciones que, si bien pasaron algo desapercibidas, fueron reveladoras: según sus cálculos, el 70% de los subversivos que purgan prisión ya ha dejado las armas y ha abandonado su prédica violentista y destructiva. Y lo mismo ha ocurrido, en la misma proporción, con los que han sido liberados.
La gran mayoría, dijo Pedraza, se ha dado cuenta de los terribles errores que cometió y quiere rehacer su vida.¿UNA ENFERMEDAD? García y sus ministros han dicho que también quieren hacerl seguimiento a los excarcelados, lo cual constituiría un atentado a su libertad individual. Jorge del Castillo pretende que se reporten ante las autoridades hasta su muerte. Los compara con los violadores, con quienes se adoptan medidas similares en algunos países del mundo. Lo que parece no darse cuenta el Gobierno es que los violadores son presas de una enfermedad, que les impide refrenar sus más terribles impulsos. ¿Un terrorista tiene un chip o un gen de la violencia que lo impulsa a matar o a causar destrucción sin ningún motivo? ¿Eso es lo que, realmente, científicamente, piensan García y sus ministros?
A quienes maten y destruyan la propiedad pública y privada tiene que caerles encima todo el peso de la Ley. Deben pasar muchos años encerrados y si son reincidentes la pena debe ser aun mayor. Pero lo que el Gobierno no puede pretender es perseguir y humillar a ciudadanos contra los que no hay ninguna prueba de responsabilidad criminal. Aquí se quiere poner las leyes al revés. Quieren que el Estado no tenga probar que estas personas son culpables de algún crimen, sino que ellas, permanentemente, tengan que demostrar que son inocentes. De por vida. ¿Es absurdo pensar que, ante tales condiciones, imposibles para desarrollar una vida normal y construir un futuro, alguna de estas personas considere retornar al camino de la violencia?
Lo que ocasionaría la propuesta del mandatario, si se concreta, es que todos aquellos ‘convertidos’ que están en proceso de reinserción en la sociedad sean arrastrados, dramáticamente, al pasado. Que sean señalados con el dedo por sus vecinos, que los despidan del trabajo, que sus hijos sean discriminados en los colegios. Que la condena que les impuso la sociedad por sus crímenes –y que ellos ya pagaron en la cárcel– les sea impuesta ahora de por vida.
Además, los magistrados con mayor autoridad para pronunciarse sobre esta materia –el presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Pablo Talavera; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara– han criticado el planteamiento presidencial y señalado que violaría los artículos 69 y 70 del Código Penal, que disponen la rehabilitación de los excarcelados y prohíben que se difunda y comunique a nadie sus antecedentes.
Es probable que García, a pesar de todo, trate de imponer su despropósito con una modificación en el Congreso y es posible, también, que cuente con el apoyo del sector parlamentario más autoritario y conservador, como el fujimorismo y algunos miembros de Unidad Nacional. Pero es preciso que los sectores democráticos se opongan a esta pretensión.
¿UNA ENFERMEDAD? García y sus ministros han dicho que también quieren hacerl seguimiento a los excarcelados, lo cual constituiría un atentado a su libertad individual. Jorge del Castillo pretende que se reporten ante las autoridades hasta su muerte. Los compara con los violadores, con quienes se adoptan medidas similares en algunos países del mundo. Lo que parece no darse cuenta el Gobierno es que los violadores son presas de una enfermedad, que les impide refrenar sus más terribles impulsos. ¿Un terrorista tiene un chip o un gen de la violencia que lo impulsa a matar o a causar destrucción sin ningún motivo? ¿Eso es lo que, realmente, científicamente, piensan García y sus ministros?
A quienes maten y destruyan la propiedad pública y privada tiene que caerles encima todo el peso de la Ley. Deben pasar muchos años encerrados y si son reincidentes la pena debe ser aun mayor. Pero lo que el Gobierno no puede pretender es perseguir y humillar a ciudadanos contra los que no hay ninguna prueba de responsabilidad criminal. Aquí se quiere poner las leyes al revés. Quieren que el Estado no tenga probar que estas personas son culpables de algún crimen, sino que ellas, permanentemente, tengan que demostrar que son inocentes. De por vida. ¿Es absurdo pensar que, ante tales condiciones, imposibles para desarrollar una vida normal y construir un futuro, alguna de estas personas considere retornar al camino de la violencia?
