Entre tantas malas noticias para los defensores del medio ambiente en el país –con el presidente Alan García convertido en el relacionista público de la gran minería–, una buena noticia siempre debe ser celebrada. El Ministerio del Interior acaba de confirmar la responsabilidad de los policías que participaron en la operación de seguimiento a los miembros de Grufides y ha dispuesto que sean sancionados por las autoridades policiales.
La información fue dada a conocer a Aprodeh por la directora ejecutiva de Grufides, Mirtha Vásquez, quien había denunciado en marzo a estos malos efectivos, cómplices de las empresas mineras que hostigan a los miembros de su institución, luego de que se comprobara que pertenecían a la institución policial.
Según el oficio N° 5/2-2007-DIRGEN-PNP/SG, dirigido por el secretario general de la Policía, coronel Robert Tamayo, al secretario general del ministerio, Milton Guerrero, la Inspectoría General “encontró responsabilidad en el personal investigado” y se dispuso que el expediente del caso se enviara al Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial-Chiclayo, para que adopte las medidas correspondientes.
“Esta es una señal de que en el Ministerio del Interior existe voluntad para investigar y sancionar a los malos elementos”, comenta Mirtha Vásquez. “Ahora ha quedado comprobado que varios policías actuaron coludidos con las empresas Forza y C & G para seguir a los trabajadores de Grufides”.
LOS HECHOS. La colaboración de estos efectivos con la operación de espionaje se evidenció el 20 de octubre de 2006, cuando un individuo identificado como Rafael Hinchi Aldama fue intervenido cuando seguía con una cámara a Luis Urtecho Linares, uno de los coordinadores de Grufides, y a su esposa, también activista en temas ambientales. Con el apoyo de policías y serenos, Saldaña fue detenido y conducido al Departamento de Investigación Criminal (Deincri) de Cajamarca.
Pero, poco después, varios sujetos vestidos de civiles, luego identificados como policías en actividad, se presentaron en la dependencia para dialogar con Hinchi. Luego de hablar con ellos a solas, el detenido escapó del lugar, sin que los otros policías se atrevieran a hacer nada. Antes de su fuga, uno de los oficiales de la Deincri había dicho a los miembros de Grufides que no lo iban a investigar.
Como se sabe, semanas después fue intervenido Miguel Ángel Saldaña, mientras seguía al padre Marco Arana. Su detención abrió la caja de Pandora de lo que se conocía como el operativo ‘El Diablo’, un macabro plan de espionaje y desprestigio de los activistas que defienden los derechos de los campesinos del norte de país frente a los abusos de las mineras. Saldaña confesó haber sido contratado por la empresa de seguridad C & G y, luego, se supo que esta, a su vez, había sido subcontratada por Forza, la compañía que presta seguridad a Yanacocha.
La actuación del Ministerio del Interior debe ser una señal para los policías a sueldo de Yanacocha de que sus irregularidades, a la larga, serán descubiertas y castigadas. Solo hay que esperar –como afirma Mirtha Vásquez– que las penas contra estos malos efectivos no sean benignas y que las sanciones lleguen hasta quienes les dieron órdenes de colaborar con una operación siniestra e ilegal.
