Hay peruanos que arrastran su pena desde hace más de 25 años. Cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregó su Informe Final, hace cuatro años, muchos pensaron el Estado, por fin, empezaría a compensarlos por el dolor que les dejó la violencia política, pero no fue así. Volvieron a creer en ello a finales del 2006, cuando el Consejo de Reparaciones comenzó su trabajo. Pero esta institución no ha caminado con la velocidad que ellos esperaban y, ahora, con una modificación legal aprobada recientemente, parece que la posibilidad de curar las heridas seguirá aplazándose.
El Consejo de Reparaciones ha modificado el Reglamento del Plan Integral de Reparaciones (PIR) introduciendo un cambio sustancial. Hasta antes de ello, dicho reglamento establecía que se debe incorporar al Registro Único de Víctimas, de manera automática, el registro sobre desaparecidos elaborado por la Defensoría del Pueblo, el de desplazados realizado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el de los inocentes liberados que tiene en sus archivos el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, ahora, estos registros ya no se integrarán automáticamente al RUV, sino que primero tendrán que ser verificados, calificados y depurados por el Consejo de Reparaciones. Para los familiares y las víctimas, esto significa que tendrán que esperar todavía mucho tiempo más para acceder a las reparaciones que les vienen prometiendo desde hace años.
DOBLE ESFUERZO. El Registro de Ausencia por Desaparición Forzosa de la Defensoría del Pueblo es un trabajo preparado tomando como base la lista de desaparecidos por la violencia política que elaboró esta institución a inicios de esta década y que alcanzó las 8,558 identidades. Hasta octubre de este año, este registro ya tenía acreditadas en su base de datos a más de 600 familias. Con la modificación al reglamento del PIR, todo este trabajo tendrá que ser sometido a una verificación.
Lo mismo ocurrirá con el Registro de Desplazados que el MIMDES comenzó en diciembre del 2005 tomando como punto de referencia el Censo por la Paz, esa ambiciosa investigación –iniciada en 2001 y que hoy ya va por su cuarta etapa– que busca recoger los datos de toda la población afectada por el conflicto armado interno.
A mediados de año, el MIMDES ya había incorporado a este registro a más de 3 mil familias y había informado que estaban en proceso de inscripción unas 50 mil. Verificar toda esta información no solo significaría realizar un doble trabajo sino que generaría confusión e incertidumbre en miles de víctimas, que probablemente hoy vivan con la esperanza de recibir algún tipo de reparación del Estado.
SERÍA INCONSTITUCIONAL. Hace unas semanas, aproximadamente 90 instituciones de la sociedad civil y asociaciones de familiares y de víctimas entregaron al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo –de quien depende el Consejo de Reparaciones– un pronunciamiento en el que le expresaron su preocupación por los cambios en el reglamento del PIR y le pidieron que estos sean rectificados.
Del Castillo tiene que considerar un argumento en particular: esta modificación sería inconstitucional, pues no se puede cambiar lo que dice la ley –la Ley N° 28952, que crea el Plan Integral de Reparaciones– cambiando solo su reglamento.
Más allá de las cuestiones legales, la preocupación de los familiares es que todo se siga retrasando. “No existe voluntad política para acelerar el Registro Único de Víctimas. Con este hecho, queda demostrado claramente las instituciones que tiene el gobierno de turno. No sabemos cuánto tiempo más vamos a esperar para acceder a nuestro derecho a la reparación”, señalan.
