Tuvieron que pasar más de 16 años para que los deudos de Manuel Pacotaype, Martín Cayllahua, Marcelo Cabana e Isaías Huamán encontraran justicia. Su caso era el de tantos miles de peruanos humildes, a quienes las fuerzas del Estado les arrebataron padres, esposos e hijos. Pero, a diferencia de lo que sucede con la mayoría, esta vez el sistema les dijo que, aunque tarde, podía funcionar. El lunes 12 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ratificó la culpabilidad de los militares que, una noche de marzo de 1991, en el distrito de Chuschi, en Ayacucho, se llevaron a los suyos.
Los magistrados integrantes de la sala confirmaron la condena de 16 años de prisión que había recibido, en primera instancia, el ex oficial del Ejército Collins Collantes Guerra, como autor del delito de desaparición forzada, y la de seis años recibida por el ex alférez de la Policía Luis Mariano Juárez, como cómplice secundario.
El 14 de marzo de 1991, Collantes había liderado a una patrulla combinada del Ejército y de la Policía que irrumpió, sucesivamente, en las viviendas de Pacotaype, Cayllahua, Cabana y Huamán y se los llevó, entre golpes y forcejeos, y en medio del llanto y desesperación de sus esposas e hijos. Los tres primeros eran, en ese momento, autoridades municipales de Chuschi y el cuarto era el hijo de un poblador a quien no hallaron en su domicilio.
Pacotaype, alcalde de Chuschi, y los demás se habían ganado el rencor del alférez Juárez, apodado ‘Largo’, jefe del puesto policial del distrito, por negarse a organizar rondas campesinas. Fue así que aquella noche, luego de la llegada de la patrulla de Collantes, policías y militares decidieron castigarlos, bajo la falsa acusación de senderistas.
De Chuschi las autoridades fueron llevadas a la base militar de Pampa Cangallo donde, presumiblemente, fueron asesinadas, aunque sus cuerpos nunca se encontraron. El proceso penal iniciado por los familiares fue entorpecido por el Ejército y la Policía constantemente y terminó en 1996, cuando la amnistía decretada por el fujimontesinismo dispuso el fin de todos los juicios a los militares encauzados por crímenes durante los años de violencia.
Solo luego de que fuera denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fuera investigado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el caso pudo ser reabierto en el Poder Judicial. Ahora, 16 años después, dos de los criminales recibirán su castigo.
REPARACIÓN. La abogada de Aprodeh Gloria Cano ha considerado relevante que la Sala Penal Especial haya elevado el monto de la reparación civil (de 140 mil a 480 mil soles) que deberán pagar tanto Collantes como Juárez, en forma solidaria con el Estado, como tercero civil responsable. “Es muy importante que la sentencia señale la obligación del Estado en la continuidad del trabajo en la búsqueda de los restos de los desaparecidos”, ha resaltado.
Ha sido importante, además, que la sala haya declarado nula la absolución de Domingo Morales Ampudia, también acusado del delito de desaparición forzada, y que haya ordenado que se le someta a un nuevo juicio oral. De acuerdo a los magistrados, esta absolución presenta sensibles omisiones en la valoración de los medios de prueba.
“Estamos más tranquilos con este fallo. Sentimos que podemos descansar de algo que no podíamos descansar, que es la justicia”, ha dicho Martín Cayllahua, hijo de quien fuera secretario del Concejo de Chuschi. “Estos 16 largos años han valido la pena, a pesar de que han frustrado nuestras vidas, podemos sentirnos reconfortados emocionalmente, nosotros y nuestras familias”. Sus palabras son las de todos los deudos.
