Un año con muchas sombras y una inmensa luz
Al hacer un balance del año 2007 en materia de derechos humanos recordamos que este se inició con la discusión en el Congreso de la propuesta de la aplicación de la pena de muerte para los terroristas. El debate concluyó con la negativa parlamentaria a la pretensión presidencial de imponer tal medida. Luego vendrían los intentos de regentar a las ONG, amenazas que se estrellaron frente a un Tribunal Constitucional que puso las cosas en su sitio y no accedió a esta nueva ambición presidencial.
Tras ello se sucedió una serie de amenazas, como la intención de criminalizar la protesta social mediante la dación de los decretos legislativos del 22 de Julio pasado. Tales decretos aún permanecen en el Congreso sin el control requerido y pese a que la Defensoría del Pueblo señalara que por lo menos tres de ellos son inconstitucionales y otros tres exceden el mandato dado al gobierno por el Congreso.
A fines de año otro hecho se sumó al contexto en materia de derechos humanos. Sectores del gobierno pretendieron modificar el reglamento del sistema de defensa de los derechos humanos (Comisión y Corte de la OEA), no precisamente a favor de las víctimas, ni a la defensa de los derechos humanos, sino buscando ser “más comprensivos” con los Estados. Con ello, la ocurrencia de transgresiones a los derechos y la impunidad de las mismas hallaban una ventana de oportunidad.
Todas estas pretensiones se han chocado con lo poco de institucionalidad democrática construida en los últimos seis años. Así, la extradición de Alberto Fujimori puso nuevamente a nuestro país en el centro de la atención internacional puesto que no es un lugar común procesar a ex jefes de Estado, mucho menos por violaciones a los derechos humanos.
Tuvieron que pasar casi dos años desde que Alberto Fujimori llegó a Chile para quedarse. Sin embargo, pudieron más los argumentos de la Procuraduría y los intensos viajes de los familiares de las víctimas para finalmente lograr devolverlo al Perú y ubicarlo hoy en el “escritorio” de los acusados (1). Este hecho ilumina el panorama de los derechos humanos en nuestro país. De no ser así, hubiéramos cerrado el año con la ley de uso de la fuerza letal que permite a los militares o policías usar sus armas para control de la protesta social.
Este 2008 será pues un año con grandes desafíos. Dentro de ellos debemos destacar dos: por un lado, el logro de justicia y sanción en el caso de Alberto Fujimori; por otro, el enfrentar los intentos de acentuación del autoritarismo en el gobierno de turno. Esperamos que la fuerza de la sociedad civil y del movimiento de derechos humanos continúe vigente para contrarrestar toda amenaza de impunidad o vulneración a tales principios durante este año que empieza.
(1) Normalmente, durante los juicios orales, los acusados se sientan en unas sillas habilitadas para tal fin. En el caso de Fujimori se le ha habilitado una mesa tipo escritorio para que pueda realizar sus apuntes y demás.
Miguel Jugo
