EL CONGRESO NUNCA ENTENDIÓ LA IMPORTANCIA DE ELEGIR BIEN A LOS NUEVOS MAGISTRADOS
El proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), que no pudo concluir decentemente en la legislatura que acaba de terminar, ha puesto en evidencia lo peor de varios de nuestros congresistas. Sus ambiciones políticas. Su menosprecio por la institucionalidad. Pero, sobre todo, ha demostrado que la mayor parte de ellos –con honrosas excepciones– no ha sido consciente de la responsabilidad que tuvo entre manos ni del papel primordial que cumple el TC en la protección de nuestros derechos fundamentales.
La institución para la que eligieron, en un primer momento, a un abogado vinculado a los corruptos Agustín Mantilla y a Óscar López Meneses es nada menos que el máximo organismo de justicia del país. Los congresistas pudieron tomarse a la ligera cualquier otra elección pero no esta.
Cabría recordar algunas de las trascendentales decisiones que el TC ha adoptado, en el ámbito de los derechos civiles, para que se entienda su importancia.
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PURA AMBICIÓN POLÍTICA. Los congresistas parecieron no darse cuenta de que el TC es el máximo órgano de justicia del país.
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-LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA. En enero de 2003, el TC declaró inconstitucional una serie de figuras delictivas –entre ellas, la apología del terrorismo y la traición a la Patria– que el dictador Alberto Fujimori había creado, luego del autogolpe, para combatir a la subversión, las mismas que permitían el abuso contra todo ciudadano sospechoso de terrorismo e imponían penas draconianas a lo sentenciados.
-JUSTICIA MILITAR. En diciembre de 2006, el tribunal declaró inconstitucionales varios artículos del Código de Justicia Militar Policial (CJMP). Entre otras cosas, dispuso que la Sala Suprema Penal Militar Policial, que hasta entonces no rendía cuentas a nadie, fuera instalada en la Corte Suprema y que estuviera sujeta a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
-RETROVIRALES. Como colofón de una historia de valor sin precedentes, en julio de 2004 el TC declaró fundada la acción de amparo de la señora Azanca Meza García y ordenó al Estado que le diera tratamiento integral contra el VIH/SIDA de forma gratuita, lo que sentó un precedente invalorable para el acceso a la salud de los pacientes de VIH de escasos recursos. Este acceso gratuito a los medicamentos quedó consagrado con la Ley 28243.
-LA OROYA. En junio de 2006, el tribunal declaró fundada la demanda de los pobladores de La Oroya, quienes exigían al Estado que declare en emergencia su ciudad ante la contaminación provocada por la empresa Doe Run.
Como estas, el TC ha expedido otras importantísimas resoluciones relativas a habeas corpus, beneficios penitenciarios, mejores condiciones de reclusión, libertad de expresión y discriminación. En setiembre de 2002, en una decisión criticada por los grandes empresarios, ordenó a Telefónica del Perú la reposición de un grupo de trabajadores a los que despidió arbitrariamente. En la práctica, ha dejado de ser solo la institución que determina si las leyes se ajustan a la Constitución para convertirse en pilar de muchas de las grandes decisiones del país.
Pero esto es algo que nunca tomaron en cuenta los miembros de la comisión seleccionadora de los nuevos magistrados –excepto por Yonhy Lescano– ni la mayoría de los parlamentarios. Para la mayor parte de ellos, el criterio de selección fue: “yo apoyo a tu candidato si tú apoyas al mío” y punto. Solo al final respetaron la meritocracia y eligieron a Ricardo Beaumont, el primero en el cuadro de méritos. La elección de los otros tres magistrados quedó pendiente para la próxima legislatura. El comportamiento de aquellos que actuaron con tanta irresponsabilidad quedará registrado como un ejemplo de desvergüenza para el futuro.
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Por un Tribunal Constitucional legítimo e imparcial:
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