LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA AGENDA PÚBLICA
Una sana envidia recorrió a los peruanos que, entre el 18 y el 21 de junio, se reunieron en un céntrico hotel de Lima para discutir sobre la problemática de los pueblos indígenas. La sensación se manifestó cuando escucharon a los representantes de Ecuador y de Bolivia narrar experiencias que demuestran que en esos países es cada vez mayor el respeto a las poblaciones originarias. Eso, lamentablemente, es algo que no sucede en Perú. Y por eso oírlos fue sentir una mezcla extraña de celos y alegría.
El evento fue el II Encuentro Internacional “Agendas Públicas en una visión intercultural. Concertando esfuerzos por los derechos de los pueblos indígenas de América Latina”, que –organizado por Paz y Esperanza y con el auspicio de la CNDDHH y Aprodeh– reunió a expositores de diversos países para discutir las posibilidades de lograr que los estados adopten políticas de reconocimiento y respeto a los indígenas.
La experiencia ecuatoriana fue muy celebrada. En abril de este año, el gobierno de Rafael Correa decidió que no explotaría los ricos yacimientos de petróleo que se encuentran bajo tierra en la reserva natural Yasuní, donde habitan numerosas comunidades de la nación Huaorani. Propuso que, a cambio, la cooperación internacional compense al país con 350 millones de dólares anuales que serían destinados a proyectos de inversión social. Ya hay varios países que han aceptado con agrado la idea.
En Bolivia, en mayo, Evo Morales promulgó dos decretos supremos que establecen como obligatorio que se consulte a los pueblos indígenas sobre los proyectos de extracción de hidrocarburos que se pretenda poner en marcha en sus territorios, y fijan las reglas para que las comunidades monitoreen las actividades hidrocarburíferas. Morales cumplió, de esta manera, con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales.
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BUENOS EJEMPLOS. En Ecuador, el gobierno decidió no explotar una reserva natural y en Bolivia los indígenas serán consultados sobre proyectos de extracción
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CUOTA INDÍGENA. Conocer estas experiencias hizo más evidente que en nuestro país las autoridades han avanzado muy poco en cumplir las normas del Convenio 169 y, en general, en reconocer que las poblaciones indígenas tienen derechos singulares que deben ser atendidos.
En el encuentro internacional quedó claro que las principales demandas de los pueblos indígenas peruanos son 1) que el Estado les consulte sobre cualquier decisión de gobierno que los afecte directa o indirectamente (como, a partir de mayo, se hace en Bolivia), 2) que proteja y respete sus territorios (y no ocurra que, como sucede ahora, terminen siendo los últimos en enterarse de que sus tierras han sido dadas en concesión), y 3) que se les facilite mecanismos de representación política.
Este último problema es particularmente interesante. El Congreso peruano tiene 120 representantes pero ninguno de ellos –ni antes ni en la actualidad– es propiamente indígena. La reducida población electoral que tienen los indígenas peruanos dificulta en extremo su representación. En Colombia, desde 1998 la población nativa tiene derecho a colocar a dos representantes en el Senado. Según Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Aprodeh, en nuestro país es necesaria una reforma que establezca un sistema similar al del Parlamento colombiano. Esa será la mejor manera de darles voz a aquellos que hoy no la tienen.
Más Información:
Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
www.dhperu.org/index.php?link=24&pag=4
