El ministerio que todos queremos

Se necesita debatir el proyecto que crea el ministerio del medio ambiente

Un inexplicable secreto ha rodeado la culminación de la propuesta de creación del Ministerio del Medio Ambiente. El grupo de trabajo presidido por Antonio Brack entregó, a inicios de marzo, el documento a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero nadie, hasta el momento, se ha preocupado por difundirlo y, mucho menos, por recoger las observaciones y sugerencias de la sociedad civil. A mediados de febrero, el Gobierno había ampliado el plazo de la comisión precisamente para que pudiera recabar las opiniones de los conocedores del tema. Pero esta decidió concluir su trabajo antes de tiempo, sin escuchar a nadie.

Las instituciones de la sociedad civil comprometidas con la protección del medio ambiente, entre ellas la Red Muqui –de la que es miembro Aprodeh– consideran que este es el momento de iniciar un debate serio en torno a las propuestas contenidas en el proyecto presentado por la Comisión Brack.

OBSERVACIONES. Extraoficialmente, se ha podido acceder a una copia del proyecto y, también, se ha conocido algunos de sus aspectos más saltantes a través de la prensa y de las declaraciones del propio Brack. En esa medida, es posible exponer algunas observaciones que buscan enriquecer el documento y evitar posibles vacíos en la actuación de la nueva entidad.

La primera es que si bien se establece como una función del Ministerio del Medio Ambiente la de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Estudios Ambientales Estratégicos (EAE), se le encarga esta tarea a una oficina de línea, la Dirección General de Evaluación y Estándares Ambientales, y no a un organismo técnico especializado que, aunque esté adscrito a esta cartera, sea independiente e inmune –al menos, en lo posible– a las presiones políticas.

Por otro lado, preocupa que esta Dirección General de Evaluación revisará los EIA y los EAE de los proyectos de inversión “de gran envergadura o que puedan afectar sensiblemente al ambiente”, pero nada se dice sobre aquellos considerados de menos envergadura. “Lo que se interpreta es que la evaluación de estos estudios seguiría en manos de los ministerios, pero eso es un problema porque es complicado para los ministerios proteger el medio ambiente cuando, a la vez, buscan promover la inversión en sus sectores”, explica Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui.

En el mismo sentido, si bien es saludable que se proponga crear un Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental, que se encargue de fiscalizar los EIA y los EAE, el problema es que también se limitará a hacerlo exclusivamente con los de aquellos proyectos considerados de gran envergadura, no con los medianos ni los pequeños. Estos –se entiende– seguirán en las manos de los diferentes ministerios, con las complicaciones ya señaladas.

La Red Muqui sostiene que una buena opción para que el Ministerio del Medio Ambiente no termine ‘sobrecargado’ por todas estas funciones es que las comparta con los gobiernos regionales y locales, quienes podrían evaluar y fiscalizar los estudios de impacto de los proyectos de menor envergadura.

Resulta encomiable, también, que el proyecto plantee la creación de un Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, sobre cuya existencia algo había adelantado Brack a mediados de febrero. Se supone que el propósito de este tribunal sería canalizar el diálogo entre la población y las empresas antes de que un conflicto social estalle. Sin embargo, más allá de su mención en el apartado sobre la estructura del nuevo ministerio, nada es lo que se dice sobre él al respecto.

MÁS PARTICIPACIÓN. Para la Red Muqui es una preocupación adicional que, además de hablar de un Consejo de Concertación Ambiental –cuya función de promover el diálogo se explica de manera general en tres líneas–, en el texto no se establecen mecanismos concretos de participación de la ciudadanía. Y ni una palabra sobre la necesidad de implementar la consulta previa a las comunidades nativas y campesinas en torno a los proyectos que se pretenda desarrollar en sus territorios.

Al respecto, Wilfredo Ardito, responsable del Área DESC de Aprodeh, es tajante: “Los campesinos e indígenas del país deberían tener mayor protagonismo a la hora de decidir las políticas medioambientales. En la elaboración del proyecto no se les consultó para nada. Una vez más, queda la imagen de un grupo de expertos limeños que deciden las políticas que se van a aplicar para todo el país”.

Para Ardito, además, hubiera sido mejor que, en lugar de un ministerio del medio ambiente el Gobierno, creara un organismo independiente, un Instituto Nacional del Medio Ambiente –similar al Instituto Nacional de Cultura–, que fuese independiente del Ejecutivo. “Un ministerio va a depender de las políticas del gabinete. En el mejor de los casos, terminará como los ministerios de Salud y Educación, con los que el Estado cumple su función pero sin eficiencia”, señala.

PIDEN REUNIÓN. Más allá de las discrepancias, las instituciones involucradas en la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos agrupadas en la Coalición de la Sociedad Civil para la Creación del Ministerio del Ambiente han pedido una reunión al premier Jorge del Castillo para entregarle estos y otros aportes. Ana Leyva y Javier Jahncke, de Fedepaz, consideran que es necesario, además, que el Gobierno fije otro tipo de canales a través de los cuales se pueda hacer llegar, de manera oficial, estas sugerencias. Puede ser por correos electrónicos o, quizá, a través de audiencias públicas. Lo importante es que se genere un debate alturado, abierto, descentralizado, en el que se pueda llegar a consensos. Y que, sobre todo, el Gobierno escuche a la ciudadanía.