El 23 de abril pasado, a las 5:30 de la madrugada, tres individuos de porte militar, cubiertos con pasamontañas, trataron de forzar la puerta del local de Grufides, en Cajamarca. Cuando el guardia de la institución los encaró, ellos le mostraron un arma de fuego y le advirtieron que habían llegado a matar al padre Marco Arana. El vigilante se refugió en su caseta y se comunicó con las autoridades policiales. Los sujetos, cuya fisonomía no era, definitivamente, la de cajamarquinos, se retiraron en silencio.
Tres semanas después, el 13 de mayo, otros desconocidos telefonearon a la vivienda de una trabajadora de Grufides, hablaron con uno de sus familiares y le advirtieron que la mujer debía abandonar su actividad de defensa frente a los abusos
de las mineras, en especial de Yanacocha, so pena de recibir, cualquier día de estos, un balazo.
Estos dos episodios son los últimos de la cadena de actos de espionaje, amenazas y hostigamiento que los miembros de Grufides sufren desde agosto del año pasado y, frente a los cuales, las autoridades estatales han hecho poco o casi nada.
Paradójicamente, el mismo 23 de abril, algunas horas después de la incursión de los encapuchados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la seguridad del padre Arana, de la directora de Grufides, Mirtha Vásquez, y de todos los miembros de esa institución.
La comisión desconocía los dos últimos episodios, pero consideraba que los conocidos hasta ese momento –hasta 15 actos de espionaje y hostigamiento contra Arana y los suyos– eran suficientes para actuar con urgencia.
|
ACOSADOS. Nuevos actos de hostigamiento contra Arana y sus activistas se produjeron el 23 de abril y el 13 de mayo.
|
|
En ese sentido, en su solicitud, demandó al Estado que verifique que las medidas de protección sean adoptadas por las autoridades pertinentes y con los mecanismos pertinentes, a fin de que se apliquen efectivamente. También, que se brinde vigilancia perimetral a la sede de Grufides; que el personal de esta institución sea resguardado por policías cuando se traslade a las comunidades campesinas, y que el Estado le informe sobre las acciones adoptadas para que se esclarezcan, judicialmente, estos hechos.
COMPROMISO. El 15 de mayo, Arana, Vásquez y el secretario ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo, se reunieron con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, y representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio Público.
La cita fue una valiosa oportunidad para que los ambientalistas expresaran su preocupación por la situación por la que pasa el proceso contra los responsables de la operación de espionaje –bautizada Operación Diablo– que realizaron contra Grufides agentes de las empresas C&G y Forza, vinculadas a Yanacocha. El problema es que varios de los fiscales que deben ver el caso tienen vínculos familiares con dicha minera. Además, el titular de la Quinta Fiscalía Penal no se atreve a citar de grado o fuerza a los responsables del espionaje. Arana planteó que el caso pase a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Lima.
Salgado se comprometió a que el Estado hará todos los esfuerzos por preservar la seguridad de los activistas de Grufides. Ahora, el reto es que el Ministerio del Interior, la Policía y el Ministerio Público asuman su responsabilidad y cumplan con ese compromiso.
Las Recomendaciones al estado peruano
|
| |
|
|
Vásquez y Arana también pidieron que el Ministerio del Interior esclarezca los vínculos que mantendrían policías en actividad con las empresas C&G y Forza.
|
|
|
Asimismo, que se aclare si esas compañías también recibieron de los órganos de Inteligencia información sobre los mediombientalistas, para vendérsela a las mineras. |
|
|
Más Información:
Solidaridad con Grufides:
http://www.aprodeh.org.pe/casos2006/index.html
Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
www.dhperu.org/index.php?link=24&pag=4
