Hace unas semanas se cumplió el décimo aniversario de una heroica operación militar de rescate, pero también de un te-rrible crimen y del inicio de una gran actitud de hipocresía. El crimen fue la ejecución extrajudicial de, por lo menos, tres de los 14 emerretistas que tomaron la residencia del embajador de Japón y secuestraron a cientos de personas durante cuatro meses. La hipocresía fue que quienes estuvieron allí y vieron lo que ocurrió, decidieron callar. Y quienes no lo vieron, pese a las evidencias de los asesinatos, prefirieron no preguntar.
Y así, la ejecución de Herma Luz Meléndez Cueva, Víctor Peceros Pedraza y Eduardo Cruz Sánchez quedó oculta bajo un velo de tácita complicidad entre los testigos y los perpetradores.
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LO SABÍA TODO. Su antiguo socio Nicolás Hermoza afirmó que Fujimori estaba al tanto de los crímenes cometidos por el Grupo Colina.
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Pero el 18 de mayo comenzó una nueva oportunidad para acabar con la impunidad de la que gozan quienes ordenaron o permitieron el crimen. Ese día comenzó el juicio oral contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por el delito de homicidio calificado en agravio de las personas mencionadas. Con respecto a Jesús Zamudio Aliaga, el cuarto procesado, la Tercera Sala Penal Especializada decidió reservar su juzgamiento hasta que sea capturado y puesto a disposición de la justicia.
La posición de Aprodeh frente a este proceso es que estas personas no son las únicas responsables. La Corte Suprema nunca debió haber separado el proceso y permitido que los militares
implicados fueran enjuiciados en el fuero militar. Se alegó que el general EP José Williams Zapata y sus comandos co-metieron, eventualmente, un delito de función. Pero eso no es cierto.
“No fue un delito de función, porque dentro de la residencia no se afectó la disciplina ni ningún otro bien militar. Lo que se afectó fue la vida de personas que, desde el momento en que fueron reducidas o en que se rindieron, habían dejado de ser combatientes”, sostiene Gloria Cano, abogada de los deudos.
REVELACIONES. Hasta el momento se han conocido los testimonios del ex rehén Hidetaka Ogura y de los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, los que aseguran que vieron vivos a Meléndez, Peceros y Cruz Sánchez. Pero, como adelanta Gloria Cano, en el transcurso del juicio oral saldrán a la luz nuevas declaraciones de comandos según las cuales Huamán y Zamudio no actuaron solos, sino que contaron con la colaboración del general Williams.
Aprodeh ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que formule denuncia contra el Estado ante la Corte de San José, para que esta ordene dar marcha atrás en lo actuado en el fuero militar y que los 11 militares que fueron sustraídos de la competencia del fuero civil retornen a este como procesados. Ellos estuvieron dentro de la residencia dirigiendo la operación de rescate y no pueden alegar que desconocían lo que los esbirros de Fujimori y Montesinos cometieron.
La responsabilidad de Fujimori |
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Hace dos años que está en el despacho de la Fiscal de la Nación el expediente sobre la responsabilidad de Alberto Fujimori en las ejecuciones del caso Chavín de Huántar. Sin embargo, esta no ha dispuesto que se formule denuncia fiscal contra el ex dictador.
Y, por si no bastaran las declaraciones de los procesados señalando que Fujimori dirigió la operación, hace unas semanas el propio extraditable propaló un video en el que no deja dudas de que todo lo que sucedió en la residencia ocurrió por órdenes suyas. Es, por ello, necesario que sea procesado. Y condenado.
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Más Información:
Documentos de Aprodeh:
www.aprodeh.org.pe/fujimori/index.htm
www.fujimoriextraditable.org.pe
