El Reclamo de Justicia
"Y cuando el delincuente es el estado que viola, roba, tortura y mata, sin rendir cuentas a nadie, se emite desde el poder una luz verde que autoriza la sociedad entera a violar, robar, torturar y matar. Y la democracia paga, a la corta o a la larga, las consecuencias." ( Eduardo Galeano)
Tres nuevos casos de violaciones a los derechos humanos han ingresado a la etapa de juicio oral: el caso de Eladio Mansilla, los hermanos Alcides, Julio César y Abraham Sandoval Flores y el caso Chavín de Huántar.
El primero ocurrió en la ciudad de Huamanga el 6 de Junio de 1990, cuando un grupo de 15 militares detuvo injustificadamente a Mansilla y desde esa fecha no se volvió a saber más de él. A su vez, los hermanos Sandoval Flores fueron detenidos el 25 de Enero de 1990 por efectivos militares en el Km. 35 de la carretera Jorge Basadre y conducidos al cuartel Campo Verde, en Pucallpa, de donde nunca más se volvió a tener noticias de ellos.
Por estos y otros casos sucedidos entre 1989 y 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que en el Perú se produjo una práctica estatal de detención-desaparición de personas y así lo hizo saber al Estado peruano mediante informes entregados entre los años 1990 y 2000 (1) . Esto demuestra que no solo la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegó a tal conclusión, sino que, desde antes, las instancias gubernamentales de protección a los derechos humanos ya lo habían manifestado. Y ni qué decir de importantes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, quienes también lo señalaron en su oportunidad.
En ese sentido, resultan banales los argumentos de los defensores de los violadores a los derechos humanos como el Congresista Luis Giampietri, quien se dota de permanentes estrategias para tratar de incomodar a los jueces al frente de estos casos –lo último ha sido su negativa a declarar ante la Sala Nacional de Terrorismo que juzga a los miembros del grupo Colina–. A esa misma estrategia se ha sumado Vladimiro Montesinos, para exigir también su presencia en el caso Chavín de Huántar donde obviamente le será muy difícil negarse a declarar ante la Sala.
El caso Huancapi (2) no puede pasar a juicio oral porque no se detiene a personal militar en actividad involucrado en dicho crimen. Asimismo, hasta la fecha el Ministerio de Defensa hace oídos sordos al reclamo de los familiares y los jueces, pero sí a quienes se oponen a los juicios contra los responsables de estos graves crímenes.
El camino de la justicia puede tener interrupciones y contratiempos, pero al final llega su hora. Es tiempo de que el Estado se ponga a favor de las víctimas y de la justicia. Esperemos que estos tres juicios orales culminen con sanción a los culpables, lo cual implicará una reparación clara a las víctimas, así como un mensaje para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos. Porque esta lección, aparentemente, aún no la aprendemos.
