“Autoritarismo” es una palabra fácil de escuchar en el número 1889 de la F Street de Washington DC, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adonde llegan demandas contra gobiernos de todo el continente. No es frecuente, sin embargo, oírla asociada a regímenes supuestamente democráticos, cuyo respeto a los derechos de sus ciudadanos parece fuera de toda sospecha. Eso fue lo que ocurrió, sin embargo, el viernes 12 de octubre, cuando los miembros de la CIDH escucharon lo que viene sucediendo en el Perú, en el régimen democrático’ de Alan García Pérez.
Ese día, la delegación compuesta por Francisco Soberón, de Aprodeh; el padre Marco Arana, de Grufides; y Zulma Villa, de CEAS, sustentó ante la Comisión su denuncia contra los recientes decretos legislativos que criminalizan las protestas sociales, dictados en julio por el gobierno aprista con la coartada de garantizar la seguridad ciudadana y la paz social.
Los representantes peruanos fueron enfáticos al explicar los antecedentes de estas normas. La propuesta de Alan García de ampliar la pena de muerte para los violadores y los terroristas. Su pretensión de mantener controladas a las organizaciones no gubernamentales con una ley (la Ley APCI) que, al final, fue declarada inconstitucional. Las detenciones arbitrarias; tanto contra humildes campesinos a los se quiso convertir en ‘chivos expiatorios’ (el caso de los comuneros de Chaca) o contra docentes que exigen diálogo para atender sus demandas (el caso de los dirigentes del Sutep).
Estas y otras iniciativas fueron coronadas, el 22 de julio, con el paquete de 11 decretos legislativos dictado por el Gobierno
IMPUNIDAD TOTAL. Sin duda la norma más escandalosa es el Decreto Legislativo 982 que, entre otras cosas, establece que los militares y policías que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria” no tendrán responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Que los efectivos que repriman las protestas sociales tendrán carta libre, impunidad total para disparar y asesinar. Nadie los investigará. Francisco Soberón, de Aprodeh, explicó a la CIDH que este decreto, en particular, ya ha sido invocado por el Ministerio Público para exculpar de responsabilidad al policía César Salas, acusado de haber asesinado al adolescente Jonathan Condori, en Sicuani.
También se expuso la ilegalidad de que, mediante el Decreto Legislativo 983, se distorsione el concepto penal de “flagrancia” y se permita detener sin mandato judicial hasta 24 horas después de haber cometido un delito, sobre la base de que el inculpado podría tener señales en sí mismo de su participación en el crimen. La Comisión escuchó, asimismo, por qué para los organismos de derechos humanos en Perú es inconstitucional el Decreto Legislativo 989, que extiende la detención provisional hasta por siete días y permite la incomunicación del detenido, sin que exista una causa clara.
En el paquete de leyes hay otras disposiciones tan cuestionables como estas. Entre ellas, que se sancione a las autoridades –sean presidentes regionales, alcaldes o cualquier funcionario con poder de decisión– con la inhabilitación si apoyan las protestas de sus pueblos contra la desatención del Gobierno central. Se entiende que puedan ser sancionadas si promueven que se atente contra la vida o la integridad física de las personas. Pero no se les puede prohibir que ejerzan derechos como la participación política y la libertad de expresión.
DE INCENDIARIO A BOMBERO. Solo hace tres años, el entonces líder opositor Alan García criticaba con dureza al régimen de Alejandro Toledo por pretender privar a los peruanos de su derecho a manifestarse. “Esto nos puede llevar a una explosión social”, advertía en los días previos al paro nacional del 14 de julio de 2004, esa jornada de protesta en la que su entusiasmo ‘sindical’ lo llevó a patear al inocente manifestante que lo ocultó por unos momentos de las cámaras de televisión.
Hoy, cuando ha transcurrido tan poco tiempo desde entonces, García hace exactamente todo lo que cuestionaba en sus días de ‘agitador’ en las calles. Las iniciativas gubernamentales descritas por la delegación peruana en la CIDH dejaron en claro cómo el jefe de Estado, en poco más de un año de gestión, está perfilando un régimen autoritario y represivo contra los movimientos sociales, que ya ha cobrado la vida de ocho ciudadanos (con Toledo las fuerzas policiales asesinaron a 15 personas en un lapso de cinco años). Aprodeh y las otras instituciones esperan que, ahora, la Comisión se pronuncie y emplace al Estado peruano a enmendar el camino.
Más Información:
Aprodeh denunció ante CIDH autoritarismo de régimen de García:
http://www.aprodeh.org.pe/notapress2007/2007/12oct2007.html
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx
