El lunes 26 de noviembre, en la sede de la Diroes comenzará a escribirse una nueva historia. Ese día, Alberto Fujimori tendrá que hacer frente a las consecuencias de la política de ‘guerra sucia’ que puso en marcha desde su gobierno, pues se iniciará el proceso judicial por los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE. El primero de los tres megajuicios a los que será sometido por la justicia peruana, luego de haber sido extraditado por Chile en mérito a una histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
A partir de ese día, todos los ojos del mundo estarán puestos sobre sus juzgadores, los miembros de la Sala Penal Especial de la Suprema peruana. El país espera de ellos capacidad, reflexión, imparcialidad y, sobre todo, que no se dejen influenciar por las presiones que, desde ahora, han comenzado a ejercer los seguidores del ex dictador. Los fujimoristas han amenazado con salir a las calles si sienten que su líder no está recibiendo un “trato justo”, es decir, si las cosas no empiezan a salir como ellos esperan. Y es probable que también recurran a los medios de comunicación afines para desplegar campañas mediáticas desinformadoras y a una serie de argucias legales que puedan entorpecer el proceso.
Por esta razón, el temple que demuestren César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga –los miembros de la Sala– será fundamental para permitir que miles de peruanos alcancen, por fin, la anhelada justicia.
SALA CON VISTO BUENO. Ha causado tranquilidad, por lo menos hasta ahora, que la defensa de Fujimori haya reconocido la solvencia moral y profesional de estos magistrados. Se especuló, en un primer momento, que el abogado César Nakazaki pediría la recusación de San Martín, pretextando que hace años trabajó en el estudio Benítez, Mercado & Ugaz, el cual firmó contratos con el Estado cuando se creó la Procuraduría Anticorrupción. En noviembre de 2006, con ese mismo argumento, había logrado sacarlo del juicio por el autogolpe de 1992. Sin embargo, esta vez no lo hizo.
La mejor prueba de la imparcialidad del presidente de la Sala Penal Especial quizá sea el hecho de que en octubre de 2005 absolvió a Fujimori de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión desleal, malversación de fondos y abuso de autoridad en la compra de helicópteros MI-17y camionetas Mercedes Benz a la empresa Mobotek. Nadie puede acusarlo de tener prejuicios en contra.
COORDINACIONES. Mientras tanto, la defensa de las víctimas se prepara. Gloria Cano, jefa del Área Legal de Aprodeh, que patrocina a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, refiere que se están realizando coordinaciones con otros organismos de derechos humanos que van a participar en el proceso, con el objetivo de constituir una defensa conjunta. Se va a evaluar la acusación que presente la Fiscalía, una vez que adapte la acusación inicial a las especificaciones de la sentencia de Chile. Y se van a acopiar las pruebas documentales y testimoniales.
“Vamos a probar que Alberto Fujimori conoció y apoyó, desde la Presidencia de la República, la creación y el funcionamiento del Grupo Colina”, afirma.
Pruebas hay suficientes. Están los testimonios de los ex Colina Julio Chuqui, Isaac Paquiyauri y Marco Flores, quienes afirman que sus jefes, incluido Santiago Martin Rivas, les aseguraron en todo momento que sus operaciones y crímenes eran de conocimiento y aprobación de Fujimori. Los dichos, en el mismo sentido, del general Nicolás Hermoza, del general Rodolfo Robles y de los ex efectivos del SIE Cleber Pino y José Luis Bazán.
Asimismo, están las pruebas documentales, como los memorandum de felicitación de Fujimori luego de la matanza de Barrios Altos, las planillas de pago a los agentes, los informes de evaluación de los hechos. La propia Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso fujimorista en 1995 para excarcelar a los Colina, es un documento que los magistrados no pueden desconocer.
Justicia chilena lo incriminó
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La sentencia de la Suprema de Chile que concedió la extradición dice: “Hay indicios claros de que Alberto Fujimori (…) propició la creación de un organismo especial dentro de las Fuerzas Armadas para realizar operaciones en contra de personas sospechosas de subversión o de enemigos ideológicos del régimen”.
Dice, también, que el extraditado estaba “en antecedentes de la existencia y funcionamiento del Grupo Colina y de las acciones que llevaban a cabo, lo que se demuestra por los premios, ascensos y condecoraciones otorgadas por Fujimori a los integrantes de este grupo y porque muchas personas lo vieron dar órdenes a Montesinos, quien a su vez las entregaba al Grupo Colina, con lo que habría tenido una participación de autor mediato”.
La Fiscalía y los abogados de las víctimas reforzarán estos indicios durante el proceso. A la Sala Penal Especial solo le corresponde hacer cumplir la Ley. |
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Más Información:
Fujimori Extraditado:
http://www.aprodeh.org.pe/fujimori2007/noticias.htm
http://www.fujimoriextraditable.org.pe
Serios peligros para los derechos humanos:
http://www.aprodeh.org.pe/public/pdf/crimi.pdf
