Hay deudas que con el paso del tiempo no solo incrementan su interés sino que, sobre todo, golpean el alma. Se trata de las que contrajo el Estado con peruanos humildes, como los Baldeón y los Cantoral, a cuyos jefes de familia asesinó y desapareció durante los años de violencia política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha concluido que el Estado peruano violó los derechos humanos de Bernabé Baldeón y Saúl Cantoral y le ha ordenado que los desagravie y que indemnice a sus deudos. Sin embargo, hasta hoy, ambas familias siguen aguardando que las autoridades se pronuncien. Hasta el momento, solo hay vagas promesas. Y muchas resistencias.
La situación de la familia Baldeón es dramática. Hace unas semanas Guadalupe Yllaconza –la viuda del campesino al que los militares de la base de Accomarca asesinaron, en setiembre de 1990– tuvo que ser internada de urgencia debido a graves complicaciones estomacales. Al cabo de tres semanas, la anciana tuvo que dejar el Hospital Nacional Hipólito Unanue (ex Bravo Chico) y hoy, convaleciente, está bajo el cuidado de su hija Perseveranda, quien no tiene trabajo y es madre soltera de cuatro muchachos. Desde la desaparición de Bernabé, la pobreza en la familia Baldeón se ha distribuido, a partes iguales, entre sus ocho hijos.
Por si alguien no lo recuerda, la familia Baldeón fue la misma que, en enero de este año, tuvo que soportar la humillación de que su padre fuera tildado de “terrorista” por el presidente Alan García, quien trataba así de desacreditar las sentencias de la Corte de San José. García luego les ofreció disculpas pero el ‘error’ les dejó una desazón difícil de borrar.
Pese a las resistencias iniciales de Alan García, en mayo, el Estado anunció que acataba el fallo de la Corte-IDH sobre el caso Baldeón, el mismo que ordenaba otorgar a sus deudos una indemnización de US$ 410 mil. Incluso, publicó en El Peruano el capítulo relativo a los ‘Hechos Probados’ de la sentencia, como mandó el tribunal. Cuatro meses después, sin embargo, los problemas de salud de Guadalupe Yllaconza continúan, Perseveranda Baldeón sigue saliendo a las calles a buscar a quién lavarle la ropa y toda la familia sigue aguardando que las autoridades se acuerden de honrar su deuda.
LA NEGATIVA ESTATAL. El caso de la familia Cantoral es aun más complicado. A diferencia de lo que pasó con los Baldeón, el Estado se ha negado reiteradamente a acatar la sentencia de la Corte de San José, emitida en julio de este año. Pero las conclusiones a las que llega el máximo tribunal de justicia del continente son claras: el Estado no solo fue el responsable del asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral y de la activista Consuelo García –a través del comando paramilitar Rodrigo Franco– sino que, a lo largo de los 18 años siguientes, se negó a investigarlo.
Resulta absurdo que, ahora, el Gobierno pretenda interponer una demanda ante la Corte-IDH con el fin de negarse a cumplir algunas de sus disposiciones. En su momento, el Estado entregó pruebas al tribunal para deslindar su responsabilidad. Estas pruebas fueron tomadas en cuenta antes de que se emitiera la sentencia. ¿Cómo puede ahora pedir una ‘reinterpretación’? Como señala Wilfredo Pedraza –quien fue jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación–, “cualquier apelación del Estado peruano es improcedente porque significaría cuestionar puntos de la sentencia y eso no es posible”.
Como se recuerda, Saúl Cantoral y Consuelo García fueron secuestrados el 13 de febrero de 1989, alrededor de las 8 de la noche, en El Cercado de Lima. Tres horas después, sus cuerpos sin vida y con huellas de tortura fueron encontrados por la Policía en un descampado en Cantogrande. Ninguna autoridad quiso investigar a fondo el crimen. Después de que fuera archivado sucesivas veces, el caso fue reabierto en el 2001 y desde entonces avanza a paso de tortura. Hasta el momento no hay ningún acusado. La Corte-IDH ha ordenado que se investigue exhaustivamente los hechos y se sancione a los responsables. Mientras tanto, compensar tanto dolor a sus deudos es una obligación que el Estado no puede eludir más.
Más Información:
Resumen e informes sobre el caso Cantoral
http://www.aprodeh.org.pe/casos2007/lima/casocantoral.html
http://www.aprodeh.org.pe/agendha1.pdf (página 3)
Resumen e informes sobre el caso Baldeón
http://www.aprodeh.org.pe/casos2007/ayacucho/baldeon.html
http://www.aprodeh.org.pe/agendha1.pdf (página 7)
