Hechos
El 24 de junio de 1992, un grupo de agentes de inteligencia del Ejército miembros del Destacamento Colina ingresó violentamente a la casa de la familia Ventocilla ubicada en el Cerro Sejetuto (Huacho), llevándose consigo a Rafael Ventocilla Rojas, sus hijos Alejandro, Simón y Paulino, su nieto Rubén y su hermano Marino.
Tras ello, la señora Castillo, esposa de Rafael Ventocilla, acudió al destacamento policial del Puente Huaura y al puesto de Cruz Blanca para solicitar ayuda, pero no la obtuvo.
Un comunero le relató a la señora Castillo que vio un grupo de aproximadamente 30 personas en la madrugada.
Los cuerpos de los integrantes de la familia Ventocilla fueron hallados por unos comuneros en un fundo. Estos habían sido enterrados bajo una gruesa capa de cal.
El 25 de junio de 1992, la policía de Cruz Blanca informó a los familiares que había seis cadáveres en la Morgue de Huacho, los cuales fueron reconocidos por la misma familia como sus desaparecidos. Las víctimas presentaban signos de tortura y disparos de bala en la sien.
Rafael Ventocilla Rojas y dos de sus hijos, Alejandro y Simón Ventocilla Castillo, ya habían sido detenidos el 25 de abril del mismo año por militares de la base Atahuampa, en Huaura. Gracias a la intervención del periodista Pedro Yauri ellos fueron liberados.
Ruta judicial
Con fecha 22 de junio de 2009, la Fiscalía de Derechos Humanos formula denuncia penal contra Alberto Fujimori y otros, por la comisión de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado contra la Familia Ventocilla.
El 06 de octubre de 2009 se da inicio al proceso penal (etapa de Instrucción) en el Segundo Juzgado Penal Especial. Actualmente el caso se encuentra estancado en la Sala penal liquidadora, la misma que cuenta con una acusación fiscal desde 5 de octubre de 2012, en la que se ha solicitado se imponga 35 años de pena privativa de la libertad para Fujimori, Montesinos y los demás procesados. Hasta la fecha no sé programa inicio del juicio oral, dado que la Corte Suprema debe resolver la contienda de competencia donde deberá decidir si la Sala Penal Liquidadora seguirá viendo el caso o pasará a la Sala Penal Nacional.
