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Caso Cabitos


Hechos

Desde el cuartel militar Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos 51, se dirigió e implementó la lucha contra Sendero Luminoso. Asimismo,  constituyó un lugar de detención ilegal, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Fue el centro de una política de violación masiva de los derechos humanos, ejecutada con total impunidad contra la población ayacuchana.

El sistema se fue refinando y se establecieron patrones de actuación masiva y criminal tanto en el cuartel Los Cabitos, como en el centro de operaciones del destacamento de inteligencia conocido como “La casa rosada” y en las otras bases instaladas por las Fuerzas Armadas en la zona.

El trabajo del destacamento de inteligencia  consistía en reconocer y ubicar subversivos, definir su organización y mandos,  delimitar las zonas y sectores de su actuación o influencia. Simultáneamente, llevaba a cabo acciones militares con el criterio de ejercer control sobre la población. Para ello identificaba líderes vecinales y  gremiales que, según el razonamiento del Ejército, tenían ligazón con el senderismo. Asimismo, reclutaba a personas que trabajaban en entidades públicas o dentro de la sociedad civil para que sirvieran de colaboradores en la identificación de posibles sospechosos y para facilitar la coordinación con las autoridades. Las operaciones espéciales de inteligencia se montaban con la información recibida o arrancada bajo tortura. Los interrogatorios se hacían casi siempre dentro del cuartel Los Cabitos, a donde los agentes se desplazaban de noche.

Las detenciones eran masivas, los interrogatorios se efectuaban con métodos crueles, delictivos. La eliminación no era ajena a sus métodos.

La operación represiva indiscriminada adquirió tales dimensiones que muchos de los cadáveres de los ejecutados extrajudicialmente fueron enterrados en las inmediaciones del cuartel, mientras que otros aparecían en las laderas de los precipicios y botaderos. Muy pocos se atrevían a realizar la búsqueda en esos lugares por el constante hostigamiento de la policía y los militares. En un esfuerzo extremo por tratar de borrar toda prueba de la masiva matanza perpetrada en esos tres años, se inhumaron aceleradamente los restos humanos de cientos de víctimas y se utilizó ni más ni menos que un horno crematorio. Las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la respuesta estatal no  fueron perseguidas ni sancionadas.

Ruta judicial

La Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas de la ciudad de Ayacucho decidió separar en dos la investigación enviada por la CVR,  los hechos correspondientes a los años 1983 y 1984, debido a que los jefes políticos militares  y la cadena por donde transitaban las ordenes de las acciones y operaciones contrasubversivas variaban de un año a otro.

Se inició así a un arduo trabajo de investigación. A partir de lo alcanzado por la CVR y lo aportado por la indagación realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),  la fiscalía abrió un proceso preliminar avanzado en la construcción de patrones aplicados en el año 1983. Luego de la formalización del proceso judicial se realizaron diversas diligencias. La más importante para las víctimas fue la recuperación de restos de las fosas halladas en el campo de tiro del cuartel Los Cabitos conocido como la “Hoyada”.

En el año 2011 se dio inicio al juicio oral por los hechos de graves violaciones a los derechos humanos acaecidos en Huamanga, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y torturas de personas que fueron detenidas y conducidas al cuartel Los Cabitos en 1983. El proceso comprende al entonces Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Arnaldo Briceño Zevallos, el entonces Jefe del Cuartel Cabitos Humberto Orbegozo Talavera, los miembros del Estado Mayor Carlos Millones D’Estafano, Roberto Saldaña Vásquez, Julio Carbajal D’Angelo, el ex jefe del destacamento de inteligencia Edgar Paz Avendaño, y el miembro de dicho destacamento Arturo Moreno Alcántara en agravio de 51 personas.

A julio del 2015, se ha concluido con la etapa de declaración de testigos y peritos comenzando con la oralización de documentos en el juicio oral.