COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
Informe Final
Tomo VII
Los casos investigados por la CVR

DESAPARICIONES, TORTURAS Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA BASE MILITAR LOS CABITOS (1983-1985)

La CVR ha establecido que integrantes del Ejército acantonados en el cuartel 51, denominado Los Cabitos, y miembros de la unidad de inteligencia conocida como La Casa Rosada ambos establecidos en Huamanga) ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984. Efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, concedieron libertad selectiva, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente por lo menos a 136 ciudadanos.

Contexto
La actividad del PCP-SL en el departamento de Ayacucho se inició a fines de la década del setenta, cuando sus propulsores desarrollaron una intensa labor de proselitismo en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Tras el inicio de su «lucha armada» en mayo de 1980, los activistas de dicho movimiento subversivo comenzaron a realizar atentados, principalmente contra instituciones públicas. Este tipo de acciones se cometieron sobre todo en las provincias de Huamanga y Huanta:
[...] la Dirección Regional de Educación, ORDE-Ayacucho, la PIP, el Municipio Provincial de Huamanga en dos oportunidades, el Municipio Distrital de San Juan Bautista, la Casa del Campesino, el Banco Popular, e incluso el hospital y un colegio. Durante la realización del desfile escolar de julio de ese año también se produjeron atentados dinamiteros tanto en Huamanga como en Huanta. También se iniciaron los asaltos a estaciones
de radio para difundir proclamas de SL».87

En 1981 se incrementaron las acciones sediciosas. El 1 de enero circuló en Huamanga un volante del comité central del PCP convocando a los campesinos, trabajadores y, en general, a la población de la provincia a sumarse a la «lucha armada». En tanto, seguían produciéndose atentados contra organismos estatales y privados, y empezaron a perpetrarse ataques contra policías, autoridades y funcionarios públicos en diversas localidades de Ayacucho.

El 12 de octubre de 1981, un día después de un violento ataque al puesto policial del Tambo (Ayacucho), el presidente Fernando Belaunde Terry decretó el estado de emergencia en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo, lo que implicó la suspensión de las garantías individuales referidas a la libertad y seguridad personal.

La subversión siguió creciendo en 1982. El 2 de marzo miembros del PCP-SL asaltaron el penal de Huamanga, originando la fuga de 254 reos. La respuesta policial fue inmediata. Al día siguiente miembros de la Guardia Republicana asesinaron a tres presos que estaban internados en el hospital de Huamanga.

En el mes de septiembre, el multitudinario entierro de Edith Lagos, integrante del PCP-SL que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, demostró que esta organización subversiva había alcanzado un alto respaldo popular.

El 31 de diciembre de 1982, el general EP Roberto Clemente Noel Moral fue nombrado jefe político militar de la zona de emergencia. Noel Moral asumió el cargo el 1 de enero de 1983. Al año siguiente lo sucedieron el general EP Adrián Huamán Centeno y el entonces coronel EP Wilfredo Mori Orzo.

Dichos oficiales, así como el batallón bajo su mando, se instalaron en el cuartel n.° 51, Los Cabitos, en Huamanga, donde tuvieron su centro de operaciones.

Las violaciones de derechos humanos aumentaron
Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos se incrementaron desde que el Ejército asumió el control de la zona. En la mayoría de las acusaciones presentadas al Ministerio Público y los testimonios recogidos por la CVR se señala como perpetradores a personas vestidas con uniforme policial o militar que portaban armas largas, ingresaban en las viviendas por la madrugada, no se identificaban, golpeaban a las personas y se las llevaban a lugares desconocidos.

Las violaciones de los derechos humanos cometidas en Los Cabitos y La Casa Rosada
La CVR ha tomado conocimiento de 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas o asesinadas por las fuerzas del orden en 1983 y 1984, en la provincia de Huamanga.

Se ha seleccionado tres casos, que hemos considerado representativos de la actuación de las fuerzas del orden. Uno de secuestro y tortura, otro de secuestro y desaparición, y un tercero de secuestro, desaparición y asesinato.

Secuestro y tortura: Édgar Timoteo Noriega Ascue y su esposa, Olga Gutiérrez Quispe
Un día de la primera semana del mes de julio de 1983, en horas de la madrugada, un grupo de aproximadamente diez personas uniformadas, armadas y encapuchadas, ingresó rompiendo la puerta al domicilio de Edgar Noriega Ascue, ubicado en el distrito de San Juan Bautista de la ciudad de Huamanga. Noriega Ascue, quien se encontraba descansando con su esposa, Olga Gutiérrez Quispe, narró los hechos de la siguiente manera:

¿Quién es Édgar Noriega?, a su vez lo acusaban de ser «cabecilla terrorista». Tal información había sido proporcionada por —según sus captores— el camarada Juan y el camarada Víctor. Al identificarse el declarante fue golpeado y dejado en ropa interior frente a sus familiares. Inmediatamente después le cubrieron el rostro con una frazada, lo ingresaron en un vehículo, tipo portatropa, lo pasearon cerca de una hora. Lo golpeaban, lo acusaban de ser senderista. Lo bajaron por una zona, al parecer Puracuti, donde lo amenazaban de muerte. Rastrillaron
armas. En caso de no admitir vínculo con el terrorismo, le aplicaban golpes con la mano y el pie en la espalda; eso duró alrededor de una hora. Luego lo condujeron al cuartel de Los Cabitos de Huamanga.88

Por su parte, Olga Gutiérrez pudo observar que la detención de su cónyuge había sido llevada a cabo por una patrulla militar:
[...] sacándolo a golpes a la calle. A mí y a mi suegra nos amenazaron con sus armas[...] Al sentir el motor de un vehículo que se alejaba, nosotros, desobedeciendo la orden de los militares, nos asomamos por la puerta y logramos ver a un camión militar de barandas, de color verde oscuro, con el que desplazaban a los soldados del cuartel
Los Cabitos[...]89.

Noriega Ascue reveló a la CVR que fue internado en el cuartel Los Cabitos n.º 51, donde lo acusaron de ser un «cabecilla» senderista del distrito de San Juan Bautista y lo sometieron a crueles torturas.

Para conseguir que reconociera su supuesta militancia en el PCP-SL, los militares apresaron a su esposa (quien se encontraba embarazada) y la torturaron en su presencia. La siguiente es la versión de su cónyuge, Olga Gutiérrez:
[...] soy golpeada brutalmente con patadas en la espalda, me aplastaban con la mano los senos, los brazos me torcían hacía atrás y me decían que afirme que mi esposo era cabecilla y que hacía escuelas populares; [...] insultándome me llevaron a otro cuarto donde se encontraban otras personas detenidas, tres varones y una mujer que se encontraban visiblemente maltratadas físicamente y tenían aparentemente varios días de detenidos, los cuales me dicen que nos encontrábamos en el interior del cuartel Los Cabitos [...] Luego de aproximadamente
cuatro horas soy sacada y conducida nuevamente al otro cuarto para que me interroguen. Allí ante mi negativa de aceptar los cargos que me formulaban soy golpeada increpándome: «ahora vas a escuchar una voz». En ese momento escucho los gritos de dolor de mi esposo Édgar Noriega Ascue, que era torturado [...] a él le empiezan a interrogar para que acepte la acusación de ser terrorista. Al negarse mi esposo en aceptar dichas acusaciones le dicen con groserías: «ahora vas a escuchar», y a mí me empiezan a torturar con golpes de puño en la espalda y en la cabeza y me luxan ambos brazos.90

Olga Gutiérrez aseveró que en horas de la noche, cuando se encontraba durmiendo, un grupo de oficiales inspeccionó a los detenidos. Alumbrada por una linterna, despertó y saludó a una persona que confundió con un tío suyo. Después reparó en que esa persona era el general Noel Moral, a quien había visto en televisión y en los desfiles que se realizaban en la plaza de armas de Huamanga. Afirmó que fue liberada por orden expresa del propio general Noel:
[...] soy llevada encapuchada a otro ambiente, en donde soy nuevamente interrogada pero esta vez con palabras suaves. El militar que me preguntaba era el mismo al que había confundido con mi tío y me hablaba diciéndome hijita. Éste me dijo que en vista que no me habían encontrado nada iba a salir en libertad y mi esposo también ya pronto. En horas de la noche soy subida a un camión y arrojada en una frazada envuelta al frente de mi domicilio, en horas de toque de queda. Cuando logré descubrirme pude ver cuesta abajo que el camión en donde me
trajeron a mi casa era un vehículo civil marca Dodge 300.91

A su vez, Édgar Ascue narró que tras permanecer un mes recluido en las instalaciones del cuartel Los Cabitos,
fue trasladado a la dependencia de la Policía de Investigaciones de Huamanga. Allí —añadió— permaneció 15 días sin recibir maltrato alguno. Luego fue liberado.
Además del caso de Édgar Ascue y Olga Gutiérrez, la CVR tomó conocimiento de los casos de otras 13 personas secuestradas y torturadas en el cuartel Los Cabitos 51 y La Casa Rosada: Sergio Cabezas Javier, Alcira Pérez Melgar, Teodosio Huamán Toledo, Jorge Vásquez Mendoza, Evaristo Prado Ayala, María Lourdes Noa Baldeón, Máximo Cárdenas Sulca, Máximo Alfredo Cárdenas López, Víctor Luis Cárdenas López, Luisa Catalina Cárdenas López, Melquíades Moreno Alarcón, Alberto Janampa Maldonado y Odilia Córdova Huashuayo.

Secuestro y desaparición forzada: Arquímedes Ascarza Mendoza
La madrugada del 2 de julio de 1983, un grupo de fuerzas combinadas irrumpió en el domicilio de Arquímedes Ascarza Mendoza, ubicado en el asentamiento humano Ciudad Libertad de las Américas (Huamanga), deteniéndolo y obligándolo a acompañarlos. Angélica Mendoza Almeida, madre de Arquímedes Ascarza, declaró a la CVR:
[...] estos efectivos combinados registraron todos los lugares sin encontrar nada. Nos amenazaron con matarnos a mí, a mi hija Ana María Ascarza Mendoza y a mi esposo Estanislao Ascarza Barrón. Incluso nos pusieron contra la pared y nos apuntaban con sus armas. Luego de eso aproximadamente cuatro o cinco militares sacaron a mi hijo de su cuarto.92

El padre de la víctima, Estanislao Ascarza Barrón, señaló a la CVR que pudo identificar a los captores como miembros del Ejército y la Policía de Investigaciones, pues vestían pantalones verdes, botas y capuchas negras, y portaban armas largas. Angélica Mendoza también logró determinar la identidad de los individuos que allanaron su vivienda:

[…] habían unos que estaban vestidos con uniforme de militar, color verde, galones en el hombro y pasamontañas. Otros vestían pantalón verde, chompa negra y pasamontañas. Todos llevaban botas de color negro y armas tipo metralletas, revólveres, palos en el cinto. Algunos llevaban armas colgadas al hombro y otros nos
apuntaban con ellas [...]93

La señora Mendoza indicó que uno de los militares le dijo que acudiera al cuartel Los Cabitos al día siguiente, donde encontraría a su hijo, agregando que sólo pretendían tomarle una declaración.

Ana María Ascarza Mendoza, hermana de la víctima, también afirmó que los soldados le ordenaron a su familiar que saliera a la calle. Allí lo esperaban dos vehículos militares, un camión grande portatropas y una camioneta cerrada color naranja, utilizada frecuentemente por los policías. Ella acotó: «[...] Mi mamá preguntó “¿a donde se lo llevaban?”, contestando el militar mañana vayan al cuartel. Pero yo le seguí; apenas arrancó el carro salí y lo seguí hasta la esquina y cuando voltearon por la avenida Cusco, ya no pude seguirlos, observando que se dirigieron con dirección al cuartel BIM Los Cabitos 51».94

Estanislao Ascarza Barrón precisó que su hijo fue detenido por una acusación realizada por una persona que al momento de producirse los hechos se encontraba en la calle. Añadió que a ese individuo los militares le consultaron si Arquímedes era la persona que buscaban.
De otro lado, Angélica Mendoza señaló que días después de la detención un suboficial del Ejército le entregó una nota de su hijo y le manifestó que éste se encontraba detenido en el cuartel Los Cabitos, añadiendo que, si quería, podía mandarle algo: Luego, el 15 de julio de 1983, esta persona me dio una nota escrita de puño y letra de mi hijo [...] Dicho papel decía
lo siguiente: «Mamá, por favor, conseguir abogado y buscar los modos posibles de que me pasen al juzgado porque mi situación está bien complicada. Yo me encuentro bien, no se preocupen, pero de todas maneras insistan diario al cuartel para que me pasen al juzgado o hablar con alguien a conseguir dinero. Chau. Arquímedes».

Inmediatamente después de esto, el señor fue cambiado a otra zona.95

Dicho suboficial reiteró, ante Ana María Ascarza Mendoza, que su hermano había sido detenido por los militares y que estaba siendo torturado en la mencionada dependencia:
A las dos semanas de su desaparición, encontramos al suboficial del Ejército, quien nos dijo que el chico estaba dentro del cuartel torturado y cojeando y yo misma fui quien llevó hasta en tres ocasiones comida a mi hermano, la misma que había sido compartida con todos los detenidos, según me contó el referido.96

Pese a las diversas gestiones realizadas por las familiares de Arquímedes Ascarza Mendoza, las autoridades militares y policiales no reconocieron su responsabilidad en la detención.

Además, Ana María Ascarza Mendoza dijo a la CVR que 15 días después de la detención se enteraron de que Arquímedes había sido subido a un helicóptero con otras 14 personas. Desde entonces no volvieron a tener noticias de él.

Sin embargo, mediante un oficio emitido el día 23 de abril de 1988 a solicitud del Ministerio Público, el Coronel EP Rafael Córdova Rivera, inspector de la Segunda División de Infantería, informó al fiscal superior comisionado de Ayacucho que Arquímedes Ascarza Mendoza no fue detenido por personal militar.

La CVR ha registrado 109 casos más de personas secuestradas y desaparecidas. A continuación se reproduce los nombres de las personas que fueron víctimas de tales hechos violatorios de los derechos humanos: Jaime Gamarra Gutiérrez, Zósimo Tenorio Prado, Gregorio Prisciliano Canchari Ayala, Juan Darío Cuya Layme, Juan Huayhua Pariona, Marcelino Vargas Vilcamiche, Alejandro Huaña Huaña, Adrián Yupanqui Pilmihuamán, Bibiano Huayhua Pariona, Antonio Palomino Ochoa, Isidoro Bedoya Gutiérrez, César Arturo Lozano Cuba, Julio Constantino Laurente Cisneros, Raúl Palomino Ventura, Simón Fidel Mendoza Auqui, Domingo Leonardo Mendoza Auqui, Luis Henry Medina Quispe, Juan Ranulfo Castro Rojas, Manuel Nalvarte Loayza, Jesús Teodosio Borda Chipana, Feliciano Coronel Romero, Rufino Rosalino Coronel Romero, Jorge Edilberto Cervantes Navarro, Luis Flores Galindo, Mario Joaquín López Peralta, Guadalupe Quispe Curi, Máximo Leoncio Jaime Peralta, José Rudy Jaime Peralta, Celestino Vicente Lozano Cuba, Norma Matiaza Cordero Martinelly, Bruno Pérez Melgar, Agustín Ramírez Espinoza, Fortunato Ramírez Espinoza, Carlos Fernando Janampa Quispe, Severino Huamancusi Quispe, Luis Alberto Córdova Ascona, Gabriel Dionisio Huamán Juárez, Cirilo Torres Soto, Pablo Gerardo Alvites Pariona, Jesús Ángel Bruno Cuadros, Juan Santiago Huamán, Marcelino Cconislla Aramburú, Gilberto Silvera Flores, Paulino Barboza López, Faustino Fernández Inga, Antonio Amao Godoy, Fredy Godoy García, Santiago Huicho Coras, Nemesio Lozano Alvarado, Cesáreo Cueto Gastelú, Edy Roberto Sulca Gómez, Marina Rojas Quichca, Maximiliana Allca Huamaní, Tito Arturo Cordero de la Cruz, Felipe Huamán Palomino, Carlos Rojas Gamboa, Alfredo Ramos Huamaní, Juan Llactahuamán Arango, Andrés Ochoa Quispe, Susana Pacheco Orcón, Ernesto Mota Orcón, Roberto Coras Rojas, Mauro Quispe Chumbes, Damián Pariona Fernández, Gilberto Delgadillo Yaranga, Arturo Humberto Alanya Arango, Artemio Espinoza Zavaleta, Ricardo Carrión Jaulis, Vicente Javier Tito, Amalquino Amador Conga Ataucusi, Severino Díaz Quispe, Eloy Barrón Barzola, Silvestre Quispe de la Cruz, Edilberto Salcedo Chocce, Víctor Ayala Cisneros, Feliciano Gómez Hinostroza, Julián Durand Huayanay, Valentín Quispe Gutiérrez, Agustín Toledo Vilca, Wálter Gómez Flores, Agusto de la Cruz Cisneros, Eusebio Felices Poma Canchari, Teófilo Casavilca Rocha, Julio Gamboa Mendoza, Narciso Mendoza García, Alfredo Valencia Gómez, Jesús Salvatierra de la Cruz, Félix Mendoza Alarcón, Agustín Cárdenas Pariona, Celestino Quispe Mendoza, Luis Alberto Huamán Leche, Carlos Gamboa Mendoza, Lucio Constantino Anaya Apayco, Teodoro Huayta López, Evaristo Jaime Huacachi, Leonardo Domingo Mendoza Auqui, Jaime Meneses Quispe, Juan Américo Mendoza Bustamante, Antonio Gonzales Aparicio, Francisco Chaccere Yupa, Juan Ciprián Quispe, Mauro Ciprián Quispe, Víctor Auqui Pariona, Guillermo Carrión Quispe, Balbín Sicha Palomino, Félix Garamendi Salvatierra, Eleoterio Garamendi Huaytalla, Benjamín Vizcarra Ayala, Eugenio Vizcarra Arango.

Secuestro, desaparición y asesinatos: Alejandro Noa Yupanqui
Alejandro Noa Yupanqui fue detenido el 8 de noviembre de 1983, a las 2 de la madrugada, en su domicilio ubicado en un barrio populoso de Huamanga. Un grupo de personas que vestían el uniforme del Ejército irrumpió violentamente en su casa y efectuó un minucioso registro del lugar.

De acuerdo con lo señalado por su madre, Clementina Yupanqui Pariona, en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Provincial de Huamanga, los atacantes lo introdujeron en un vehículo para trasladarlo al cuartel Los Cabitos 51.

Félix Maurelio Palomino Yupanqui, hermano de Alejandro Noa, quien al momento de los acontecimientos tenía 13 años de edad, narró a la CVR lo sucedido: «[...] unos cuatro militares aproximadamente, quienes lo levantaron de la cama [...] como estaba semidesnudo sólo con su ropa interior, le ordenaron que se vista de inmediato; sólo se puso una chompa y un pantalón y descalzo fue conducido hacia la calle. [...] salí a la calle para observar [...] logrando divisar a muchos militares y mi hermano que era subido a un camión [...]».97
Agregó que los militares solamente ingresaron en algunas casas, lo cual evidenciaría que tenían información previa sobre las personas detenidas:

Los militares llegaron con nombres, pude observar que no ingresaban a todas las casas... tenían para confundirse al entrar a mi casa, pero entraron directamente como si tuvieran un guía. Porque mi cuarto estaba al fondo de la casa quinta, y para llegar a mi cuarto los militares tuvieron que pasar por un callejón de varias puertas, y luego pasar por el patio de la casa de mi tía, cosa extraña ¡ahí no ingresaron!98

Félix Palomino Yupanqui aseveró, además, que los raptores de su hermano fueron militares del cuartel Los Cabitos 51, pues estaban vestidos con uniforme de color verde y con pasamontañas negros, y llevaban armamento FAL.

La versión de Félix Palomino es confirmada por la declaración testimonial de Isabel Huamancusi Zavaleta, 99 quien señaló que la noche que detuvieron a su hijo Wálter Rómulo Cueto Huamancusi también se llevaron a otros jóvenes del lugar, entre ellos a Alejandro Noa Yupanqui.

Palomino Yupanqui contó que cuatro días después del secuestro uno de sus vecinos fue liberado, y les relató cómo Alejandro Noa había sido introducido en un costal mientras los militares le propinaban patadas en la cabeza y que, luego, lo habían lanzado a la parte posterior de un camión. Una semana después, la familia halló el cadáver:
Después de una semana, buscando entre los cadáveres arrojados en Infiernillo, Tara Huayco y Puracuti, logramos ubicar el cadáver de mi hermano en estado de putrefacción, junto con cinco cadáveres más, en el botadero de basura de Puracuti [...]. Al día siguiente, siendo aproximadamente las 12 del día, recién el juez se apersonó para recoger el cadáver de mi hermano, llevándolo a la morgue el 17 de noviembre de 1983. El día 19 de noviembre de1983 autorizaron el entierro de mi hermano.100

Además del lamentable caso de Alejandro Noa Yupanqui, la CVR ha logrado constatar que se produjeron otros 12 casos de secuestro, desaparición y asesinato:Wálter Rómulo Cueto Huamancusi, Candelaria Rodríguez Gómez, Gregoria Rodríguez Gómez, Hugo Máximo Vallejos Zavala, Alejandro Bautista Loayza, Lidia Quispe, Felipe Huamán Palomino, Constanza Torres Quispe, Alejandro Angulo Alvitez, Nemesio Ccenta Aquino, Feliciano Angulo Alvitez, Severo Sulca Santiago.

Patrón sistemático de actuación
En los 138 casos analizados por la CVR se puede apreciar la existencia de un patrón de conducta en la actuación del personal militar en la lucha contrasubversiva.
El procedimiento de actuación militar y policial en la provincia de Huamanga y el departamento de Ayacucho durante los años de 1983 y 1984 se caracterizó por seguir las siguientes fases: detención arbitraria, conducción a una instalación militar, tortura, liberación selectiva, ejecución extrajudicial y desaparición.

En el caso de las detenciones arbitrarias, los agentes no se identificaban al momento de realizar las intervenciones, y posteriormente negaban haberlas perpetrado.

Para realizar las detenciones se emplearon tres modalidades: el rastrillaje, las redadas y las detenciones selectivas.

El rastrillaje consistía en el ingreso violento de policías o militares en las viviendas de una zona determinada, frecuentemente barrios marginales, con el fin de buscar material o elementos subversivos; generalmente se realizaban en las noches, y muchas veces los captores tenían el rostro cubierto por capuchas.

Al respecto, el general de brigada EP (r) Wilfredo Mori Orzo confirmó ante la CVR que los militares salían en patrullas por las noches: «[...] había un jefe, un jefe, vamos a decir, del área de Huamanga, que era un comandante que él hacía pues, su patrullaje nocturno. Salía con camiones para hacer su puente y todo, para patrullar la zona y también controlar porque había estado de emergencia».101

Las redadas consistían en la detención indiscriminada de personas a las cuales se les solicitaba su identificación; frecuentemente los indocumentados eran detenidos y llevados luego a una dependencia militar o policial.

Las detenciones selectivas eran practicadas por las fuerzas del orden a partir de la sindicación de personas detenidas con anterioridad, las que habían sido sometidas a interrogatorios. Las detenciones eran violentas; las víctimas eran esposadas, encapuchadas, conducidas y generalmente introducidas por la fuerza en un vehículo militar; mediaba el maltrato físico a los intervenidos y también a sus familiares: «A las 12:30 de la noche entraron [...] preguntaron quién era Zósimo Tenorio Prado. Cuando mi esposo dijo que era él, dos de los militares lo agarraron y le dijeron que tenía que acompañarlos porque querían hacerle unas preguntas. [...] me amenazaron con sus armas. Incluso me golpearon con la culata de una de ellas y perdí el conocimiento».102

Los captores actuaban sin orden judicial, sin participación del Ministerio Público ni otra autorización que evidenciara un procedimiento regular de detención.

Los lugares donde se mantenía irregularmente privadas de su libertad a las personas detenidas por la fuerzas del orden fueron el cuartel BIM Los Cabitos 51 y, excepcionalmente, el inmueble conocido como La Casa Rosada.

Si bien los generales Clemente Noel Moral, Adrián Huamán Centeno y Wilfredo Mori Orzo han negado que en el cuartel Los Cabitos hubiera personas detenidas, el teniente coronel EP (r) Pedro Paz Avendaño (PPA), jefe del Destacamento de Inteligencia de Huamanga en 1983, sostuvo lo contrario ante la CVR. En conversación grabada aseguró que él participó en interrogatorios tanto en Los Cabitos como en las bases militares:
—PPA: Por ejemplo, había un enfrentamiento en el campo, la tropa con los subversivos... y capturaban uno, dos; a veces los traían a Los Cabitos donde yo iba a interrogarlos en las noches con mis especialistas o a veces nosotros nos trasladábamos a las guarniciones donde estaban.
—CVR: ¿Usted iba todas las semanas a Los Cabitos, a ver sobre los interrogatorios?
—PPA: Todas las semanas, en sí todas las semanas que había gente, porque a veces no había ¿no?, entonces me dedicaba en la calle.
—CVR: ¿Por lo menos una vez al mes?
—PPA: Una vez a la semana.
—CVR: ¿Y este tipo de interrogatorios normalmente se hacían en la noche o en la mañana?
—PPA: En la noche, porque como le digo no queríamos que vieran que teníamos mucha relación con el cuartel. Señorita, como le digo, nosotros habremos interrogado a doscientas personas.
—CVR: ¿Dentro de Los Cabitos?
—PPA: Dentro de Los Cabitos y fuera de Los Cabitos, porque, como le digo, a veces viajábamos.
—CVR: Y si hablamos de un porcentaje, ¿cuántas de esas personas serían en Los Cabitos, 40 por ciento?
—PPA: Sí, más o menos.103
Además, aceptó que el área de inteligencia trabajaba en la denominada La Casa Rosada, que estaba en la Urbanización Jardín, aunque descartó que allí se hubiera mantenido personas detenidas durante 1983.
Por su parte, el coronel EP (r) José Carlos Bertarelli Rodríguez, quien fue jefe del destacamento de inteligencia de Ayacucho en 1984, afirmó ante la CVR que dicho inmueble era una casa de descanso, donde también recibían a los informantes: «Yo no sé lo que le llaman La Casa Rosada; eso sí, no le podría decir de lo que llaman La Casa Rosada. Yo estuve como jefe de destacamento el año 84 en la Urbanización El Jardín, que queda próxima al Cuartel... trabajábamos en una casa en la cual teníamos nosotros como un centro de descanso del personal que se abría a las diferentes bases contrasubversivas, a los diferentes pueblos a buscar información».104
El oficial Bertarelli también negó que en 1984 se hubiera mantenido detenidos en dicho lugar; incluso aseguró que en una oportunidad ingresó un fiscal, junto con periodistas, y no hallaron a personas recluidas.
Asimismo, dijo que en todo caso las detenciones las hacían los policías en operaciones combinadas, con participación de personal militar:
[...] si en alguna oportunidad se detuvo gente para eso tenían las Fuerzas Policiales, son las que hacían la detención.
[...] cuando había una explosión en Ayacucho, veías soldados, policías, republicanos y veías PIP [...] Y lógico, muchas veces como producto de las balaceras, las fuerzas del orden sitiaban toda la zona y hacían detenciones. Ellos sí hacían detenciones; por decirle había una explosión, por decirle un nombre «cinco esquinas»; entonces las fuerzas del orden rodeaban todo y comenzaban a hacer su investigación. Y en algunas veces como toda redada que hace la Policía, hace detenciones primeramente porque no tiene papeles, o porque tienen documentos falsos y hacían sus investigaciones; entonces era policial.105

Por su parte, el general de brigada (r) Wilfredo Mori Orzo respaldó dicha afirmación, aseverando que si los militares que salían de patrulla detenían a un subversivo, lo llevaban a la comisaría:
[...] la patrulla que salía, salían en vehículos, para principalmente darse una patrulla porque había estado de emergencia,
había toque de queda y tenía que ver que todo se cumpliera estas disposiciones y por supuesto si había un
elemento que contravenía estas disposiciones o vulneraba lo que estaba establecido, se le capturaba pues y se le llevaba
a la comisaría, se le redactaba el parte de acuerdo a la gravedad del asunto y se le comunicaba.106

Sin embargo, la abundante evidencia recogida durante la investigación permite a la CVR afirmar que era frecuente la existencia de detenidos en el cuartel BIM Los Cabitos 51, quienes eran sometidos a interrogatorio
por personal de inteligencia del Ejército y en ocasiones por personal policial.
Las torturas solían producirse cuando los detenidos eran interrogados, tanto en La Casa Rosada como en el cuartel Los Cabitos 51. Ello se confirma con la declaración de Esteban Canchari Cacñahuaray:
En un momento cuando era golpeado se me cayó la venda de los ojos y pude ver un ambiente grande equipado.
En una viga colgaban varias cadenas y sogas; había cables de corrientes, una mesa grande, un cilindro con agua y
una mesa pequeña con una máquina de escribir; asimismo, pude ver a las cuatro personas que me golpeaban, las
cuales estaban vestidas de civil, de apariencia militar.107

En el interior de dicho ambiente, los detenidos que se encontraban con los ojos vendados solían ser forzados a desnudarse, y eran torturados con las manos amarradas hacia atrás.
Mediante la tortura se procuraba obligarlos a «confesar» su filiación subversiva, dar nombres de presuntos senderistas o reconocer como tales a las personas con las cuales se les confrontaba. En algunos casos, para amedrentar a las víctimas, se les mostraba fosas donde podían ver restos humanos; y, bajo amenaza de muerte, eran compelidos a firmar documentos sin conocer el contenido.

En el cuartel Los Cabitos se usaron diferentes técnicas de tortura:

- Las víctimas eran atadas con los brazos hacia atrás y se les suspendía en el aire mediante sogas y poleas.
- En ese estado recibían golpes de puño, puntapiés y eran apaleadas en todo el cuerpo.
- Eran sumergidas en un cilindro de agua, muchas veces con detergente.
- Se les aplicaba electricidad en diferentes partes del cuerpo, particularmente en los genitales.
-Durante varios días no se les proporcionaba agua ni alimentos, y en ocasiones les daban desperdicios de comida en recipientes antihigiénicos.
- En algunos casos se les hacía escuchar los gritos de dolor de algún familiar cercano que estaba siendo torturado.

Estos hechos pudieron conocerse gracias a ciudadanos que fueron detenidos por las fuerzas del orden y que lograron salir en libertad. Práctica sistemática que es corroborada por el testimonio reservado de un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien señaló que en los interrogatorios a que eran sometidos los cautivos se realizaban torturas:
[...] todo lo hacían en Los Cabitos [...] de allí a La Casa Rosada es muy cerca, será como medio kilómetro. Salíamos con el vehículo, llevábamos detenidos y en Los Cabitos, adentro, donde hay una chanchería, allí quedaba el lugar de tortura, la sala de interrogatorios [...] en Los Cabitos habían un grupo de los entonces PIP, que se llamaba el Grupo Operativo Antisubversivo (GOA), que era netamente operativo, integrado por cinco o seis policías.

Los tenían allí para que ellos hagan la tortura; como ellos salían especialistas en eso. Y después ellos dieron un curso, enseñaron cómo los colgaban de los palos, con trapos mojados, cómo los metían a las tinas con agua. Y después ellos desaparecieron, se fueron de Los Cabitos y solamente a La Casa Rosada iban y torturaban.
Aseveró que todos los días se interrogaba a los detenidos, utilizando métodos de tortura.108

Un caso paradigmático es el de Édgar Timoteo Noriega Ascue, quien narró las condiciones de su detención en el cuartel Los Cabitos:
Al llegar al cuartel Los Cabitos [...] permanecí cerca de un mes, en que fui sometido a diversos abusos: me ataron
las manos hacia atrás y me colgaban, me golpeaban severamente, me sumergían en una tina con agua, me aplicaron
descargas eléctricas en el ano, entre otras clases de torturas. Me maltrataban de dos a tres veces por semana.
El tiempo de las torturas era oscilante entre una hora a varias, hasta perder el conocimiento. [...] En dos oportunidades
fui colgado de un helicóptero en vuelo, atado con una soga mientras con el pie era balanceado como un columpio
durante aproximadamente tres minutos [...]. Pude percibir que frente a mi celda había otras personas detenidas,
las cuales gritaban y se quejaban de dolor.109

Lo propio ocurría en La Casa Rosada. El testigo reservado 045-2003-CVR, detenido los primeros días del mes de abril de 1983, señaló textualmente:
Encapuchado me introdujeron violentamente en la camioneta y fui conducido a La Casa Rosada [...] Todo el
tiempo que estuve detenido fui torturado al igual que todos los que estuvimos allí. Nos sacaban a otro lugar, que
era un cuarto más amplio donde había cilindros de agua, una polea con soga, cables de electricidad y otras personas
con quienes me confrontaban para que los reconociera. Cada vez que negaba conocerlas, varios oficiales me
golpeaban con palo. Además me colgaban de una polea por espacio de un minuto, me bajaban para golpearme y
me volvían a colgar. También trataban de ahogarme sumergiéndome en el cilindro de agua por espacio de dos a
tres minutos. Durante todo ese tiempo había una radio que tocaba música a muy alto volumen [...] En una ocasión,
uno de los soldados orinó en mi boca cuando le pedí agua.110

Sobre el particular, el teniente coronel EP (r) Pedro Paz Avendaño negó que durante su gestión hubiera detenidos en La Casa Rosada. Además, negó que en los interrogatorios se recurriera a la tortura, pues, dice, sólo se utilizaban métodos científicos. No obstante, aceptó que alguno de sus subordinados pudo haber cometido excesos:
—CVR: ¿Digamos que en esos interrogatorios a algún personal suyo no se le pasó la mano?
—PPA: Por supuesto, sería un mentiroso si le diría que no; de repente ha agarrado un palo y le ha metido un palazo.111
Respecto de las libertades selectivas, en algunos casos los detenidos recobraban su libertad sin mediar explicaciones.
Algunos eran conducidos a alguna calle; otros, en cambio, eran puestos a disposición de la PIP.
Antes de ello eran amenazados para que no denunciaran los hechos y se les decía que iban ser seguidos y vigilados. Por lo general las personas eran liberadas cuando las investigaciones descartaban cualquier grado de relación con la subversión.
Con relación a las desapariciones, los perpetradores negaban la detención ante los familiares y el Ministerio Público. En ciertos casos el detenido era trasladado de un centro de detención a otro para impedir su ubicación.
A pesar de las negativas, los familiares lograban enterarse de que sus seres queridos habían sido llevados al cuartel Los Cabitos 51 o a la llamada La Casa Rosada. Esa información les era trasmitida por detenidos que salían libres o por algún militar que se compadecía de sus ruegos.
El número de personas que fueron detenidas por miembros del orden y continúan en calidad de desaparecidas es sumamente elevado. De los 136 casos que la CVR presenta en el presente informe, hasta el momento se desconoce el paradero de 109 personas.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, es preciso señalar que muchas de las personas detenidas no resistían las torturas y fallecían exhaustas, y que otras eran asesinadas directamente cuando, según el criterio de sus victimarios, se demostraba su responsabilidad. Algunos cadáveres eran enterrados en fosas clandestinas; otros cuerpos eran abandonados en caminos, quebradas y parajes relativamente cercanos a la ciudad, como Puracuti e Infiernillo.
El testimonio reservado de un soldado que cumplió el servicio militar obligatorio en el cuartel Los Cabitos, entre los años 1983 y 1985, refirió a la CVR que un teniente llamado Cadena descuartizó, a plena luz del día, a un hombre frente a todos los soldados:
[...] el teniente Cadena descuartizó a plena luz del día a un hombre delante de todos los soldados, y como ya había
una fosa común abierta se cruzó en ésta un palo que sirvió como durmiente para arrojar el cadáver y luego lo volaron
con dinamita.

El testimoniante refiere que en una tercera vez, llegaron a la base un grupo de mujeres a quienes golpearon y mataron; no era necesario enterrarlas, las tiraban a la fosa. El comentario, según refiere el testimoniante, era: «¡Así mueren los terrucos!».112
Según el relato de otro ex militar cuya identidad se mantiene en reserva, en 1985 se construyó un horno en el cuartel Los Cabitos. Tanto en su construcción como en el de una «Cuadra», se encontraron restos humanos enterrados. Posteriormente el horno fue utilizado para quemar los restos que se desenterraban:

[...] el horno se construyó en una zona aledaña al cuartel Los Cabitos, a la que se tiene acceso por una vía carrozable, que cruza la parte final de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Ayacucho [...] para construir el horno, los soldados del INGUAR empezaron a cavar y encontraron algunos cadáveres [...] Se hacía un hueco de un metro ymedio; en la madrugada se llevaba a la gente, donde los sepultaban y sobre la misma se colocaban algunos cactus.

Luego de haber concluido la construcción del horno, el declarante y los demás integrantes del INGUAR se encargaron de desenterrar los cadáveres que se encontraban enterrados en las zonas aledañas donde se construyeron las cuadras de los soldados y el mismo horno. 113
El caso de Hugo Vallejos Zavala, detenido el 4 de septiembre de 1983 por miembros de la Policía, resulta sumamente explicativo. Vallejos fue encontrado muerto en la quebrada llamada Lambras Huayco, a aproximadamente 15 kilómetros de la ciudad de Huamanga, el día 13 de septiembre de 1983. Su viuda, Esperanza Prado Cangama, narró a la CVR:
De este hallazgo me informa el periodista del diario La República Luis Morales. En la morgue pude reconocer el cuerpo de mi esposo que se encontraba en estado de descomposición, con signos de haber sido torturado. Tenía la espalda morada y rota; no tenía el ojo izquierdo, que se encontraba hundido y roto; los dedos de sus manos estaban bien morados y tenía aún huellas en las uñas de la pintura utilizada en su trabajo; los pies mostraban heridas y tenía amoratada las piernas. Mi abogado me informó que en la autopsia le habían encontrado dos balas en la cabeza y que pertenecían al armamento utilizado por los sinchis. 114

Por los antecedentes señalados y el tiempo transcurrido desde las desapariciones forzadas, es presumible que en la gran mayoría de estos casos el desenlace haya sido la ejecución extrajudicial.

Un testigo reservado que estuvo en la zona de emergencia en 1983, trabajando para el Servicio de Inteligencia del Ejército, relató a la CVR que ellos se encontraban bajo la orden del jefe del comando político militar, el general Noel Moral.
Añadió que ellos estaban bajo la orden del jefe de todo el Frente Político Militar, el general Clemente Noel Moral. Él aplicó la política de tierra arrasada. Él decía —me acuerdo—: «No quiero prisioneros. No quiero detenidos».
[...] Los Cabitos tenía los batallones antisubversivos y se desplegaban a diferentes lugares, hacían operativos, traían detenidos. Nos llamaban, nosotros íbamos al cuartel y encontrábamos diez, veinte, treinta detenidos allí...
y los llevábamos a La Casa Rosada, o uno por uno los interrogaban en la chanchería y según veíamos la importancia que tenía cada uno nos llevábamos al más importante a La Casa Rosada y allí los explotaban.115

Dado el patrón de actuación que se ha analizado, es posible afirmar que las violaciones de los derechos humanos consistentes en detenciones arbitrarias, detenciones en instalaciones militares, torturas, libertades selectivas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, obedecían a una práctica sistemática, por la uniformidad del procedimiento y por el alto número de víctimas.
Es evidente que sólo los militares de alto rango podían establecer los procedimientos de actuación de las fuerzas del orden, sea diseñándolos, corrigiéndolos o sustituyéndolos. En consecuencia, las violaciones de los derechos humanos señaladas serían parte de una estrategia contrasubversiva creada por el aparato militar estatal o, cuando menos, tolerada por él. La gran cantidad de violaciones de derechos humanos y las múltiples denuncias efectuadas tuvieron que ser conocidas necesariamente por los jefes militares.

Al respecto, el general Noel Moral señaló que las operaciones militares que se llevaban a cabo en la zona de emergencia fueron producto de un planeamiento centralizado y ejecutadas de manera descentralizada, de conformidad con la doctrina de guerra de las Fuerzas Armadas. Agregó textualmente:
[...] lo que significa que el nivel de estrategia operativa, la aprobación y decisión corresponde al comando político
militar y que en la ejecución de las acciones de carácter táctico, los grupos y patrullas aplican las distintas técnicas
y procedimientos que el combatiente ha recibido durante el entrenamiento para conseguir la victoria. Toda operación
[...] dispone del parte correspondiente.116

De la misma manera, el general Huamán Centeno precisó que las unidades de las Fuerzas Armadas y Policiales le hacían conocer el resultado de todas y cada una de sus intervenciones u operativos en la subzona bajo su jurisdicción:

Que debe tenerse en cuenta que las operaciones militares conocidas como operativos antisubversivos, sólo las <efectuaban las unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo con que ordenaba el comando militar [...] En muy pocas ocasiones algunos elementos especiales de la Guardia Republicana actuaron como fuerzas auxiliares del elemento militar en operación. Sí, daban cuenta mediante partes e informes de combate sobre los resultados de
las operaciones, los mismos que se encuentran en archivos.117

Incluso en la hipótesis de que no hubiese existido un planeamiento centralizado de la política contrasubversiva al margen de la ley, y de que las violaciones sistemáticas se hubiesen gestado de facto en la lógica de la guerra interna, se puede afirmar que los mandos militares conocían de la violación generalizada de derechos humanos, que ellos tenían el poder para modificar dichos procedimientos violatorios e imponer prácticas respetuosas de los derechos humanos, que tenían el deber de hacerlo y el deber de garantizar la vida de la población civil no combatiente, y que no lo hicieron.

Aun cuando es probable que algunos altos oficiales no hayan participado directamente en la ejecución de las detenciones, desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, a partir de la constatación de la práctica sistemática y generalizada de violaciones de los derechos humanos es razonable suponer que la habrían ordenado o por lo menos tolerado. Esto último, en un marco de una rígida estructura militar y en un contexto en el que los militares tenían el mando político militar, equivale a la orden directa.

Cabe recordar que el cuartel BIM Los Cabitos 51 tenía una estructura jerarquizada rígida por su condición militar; que el comando político militar tenía a su cargo el planeamiento y ejecución de las operaciones militares que se realizaban en la zona; que las instrucciones emitidas por el comando eran acatadas por todo el personal bajo el riesgo de ser sancionados por desobediencia; que el jefe del comando político militar de Ayacucho del año 1983 ha señalado que su despacho se encontraba instalado en el interior del cuartel Los Cabitos, y que esta instalación militar era su casa. Desde esa perspectiva, resulta evidente que los altos mandos de la citada instalación militar han tenido el dominio y control de los actos violatorios de los derechos humanos.

84 Corresponden a este período los casos de las ejecuciones extrajudiciales de pobladores de la comunidad campesina de Quispillaccta ocurridas en el distrito de Chuschi (Sillaccasa, mayo de 1983) y Totos (Sancaypata, junio de 1983), también materia de investigación por la Defensoría del Pueblo, la CVR y la Fiscalía Provincial Mixta de Cangallo, cuya autoría se atribuye a los miembros del Ejército Peruano de la base militar de Totos y, específicamente, a los oficiales antes mencionados.
85 Fuente: Base de datos de denuncias sobre desaparición forzada de la Defensoría del Pueblo.
86 Informe Defensorial 003-2002-DP/ADDHH del 3 de abril de 2002, p. 4.
87 Informe Zona II Provincias de Huanta, Huamanga y La Mar. Elaborado por el Área de Estudios en Profundidad de la CVR.
88 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 27 de noviembre de 2002. Declaración testimonial de Édgar Noriega Ascue.
89 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 22 de mayo de 2003. Declaración testimonial de Olga Gutiérrez Quispe.
90 Ibídem.
91 Ibídem.
92 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 24 de febrero de 2003. Declaración testimonial de Angélica Mendoza Almeida.
93 Ibídem.
94 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 2 de junio de 2003. Declaración testimonial de Ana María Ascarza Mendoza.
95 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 24 de febrero de 2003. Declaración testimonial de Angélica Mendoza Almeida.
96 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 2 de junio de 2003. Declaración testimonial de Ana María Ascarza Mendoza.
97 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 26 de mayo de 2003. Declaración testimonial de Félix Palomino Yupanqui.
98 Ibídem.
99 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 22 de mayo de 2003. Declaración testimonial de Isabel Huamancusi Zavaleta.
100 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 26 de mayo de 2003. Declaración testimonial de Félix Palomino Yupanqui.
101 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Lima, 26 de junio de 2003. Declaración testimonial grabada del general de brigada EP (r)
Wilfredo Mori Orzo.
102 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Lima, 25 de febrero de 2003. Declaración testimonial de Adelina García Mendoza.
103 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Lima, 8 de julio de 2003. Declaración testimonial grabada del teniente coronel EP (r) Pedro Paz Avendaño.
104 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Lima, 26 de junio del 2003. Declaración testimonial grabada del General de Brigada EP (r) Wilfredo Mori Orzo.
105 Ibídem.
106 Ibídem.
107 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Lima, 22 de febrero del 2003. Declaración testimonial de Esteban Canchari Cacñahuaray.
108 CVR. Testimonio reservado 100088.
109 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 27 de noviembre de 2002. Declaración testimonial de Édgar Timoteo Noriega
Ascue.
110 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 25 de febrero de 2003. Declaración testimonial reservada 045-2003-CVR.
111 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Lima, 8 de julio de 2003. Declaración testimonial grabada del teniente coronel EP (r) Pedro Paz Avendaño.
112 CVR. Testimonio reservado 300087.
113 CVR. Testimonio reservado 102099.
114 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 22 de febrero de 2003. Declaración testimonial de Esperanza Prado Cangama.
115 CVR. Testimonio reservado 100088.
116 Declaración instructiva de fojas 60 y ss., en el proceso signado con el n.° 2674-86, seguido ante el fuero militar por el delito de abuso de autoridad, homicidio y violación.
117 Declaración instructiva de fojas 285 y ss., en el proceso signado con el n.° 1475-86, seguido ante el fuero militar.