Los gobiernos podrán cambiar y, consecuentemente, también los responsables de conducir el Ministerio de Defensa. El nuevo ministro, Allan Wagner, podrá hablar de nuevos vientos y de una nueva visión en la política para liderar a las Fuerzas Armadas. Pero parece que, detrás de los discursos de renovación, hay cosas que no cambian. Para beneplácito de los militares que, durante la lucha antisubversiva, cometieron crímenes de derechos humanos y que ahora buscan impunidad.

Hace 17 meses que el mayor EP José Luis Israel Chávez Velásquez tiene una orden de captura dictada por el Juzgado Mixto de la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Pero el Ministerio
de Defensa no ha hecho nada para ayudar a ponerlo a disposición de la justicia. El 23 de abril de 1991, Chávez Velásquez, entonces un subteniente al que apodaban ‘Centauro’, detuvo, junto a un grupo de militares de la base de Huancapi, a siete pobladores de esa ciudad y los llevó a la fuerza a su cuartel, de donde nunca más volvieron a salir vivos. Los detenidos fueron Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe y Julio Arotoma Cacñahuaray.

 

PRESENTES. Raúl Arotoma, Andrea Gutiérrez y los deudos de Huancapi estuvieron en Lima para pedir que su caso no quede impune

Aquella noche, Huamaní y los demás habían estado celebrando su inscripción como candidatos a las elecciones municipales complementarias de Huancapi por la lista de la Izquierda Unida Socialista. Cuando retornaban a sus domicilios fueron interceptados por el grupo de ‘Centauro’ y conducidos a la base. Al pasar por la vivienda de Arotoma, quien se había adelantado en irse, le pidieron ayuda agritos. Arotoma salió a interceder por ellos pero fue detenido. Cuando su esposa, Honorata Oré, salió tras él, también fue incorporada al grupo.

Durante semanas, los familiares acudieron a la base militar para reclamar por su liberación pero siempre el oficial al mando negó que hubieran sido detenidos. Entonces, empezó un proceso judicial largo y de mucho sufrimiento. En mayo de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asumió el caso y comenzó a presionar al Estado peruano para que investigue los hechos. Durante los siguientes 10 años, el Estado negó que los militares hubieran sido los responsables de esa desaparición.

 

 

PRESENTES. Raúl Arotoma, Andrea Gutiérrez y los deudos de Huancapi estuvieron en Lima para pedir que su caso no quede impune

Caída la dictadura de Fujimori, y con los nuevos aires de democracia, renacieron las esperanzas cuando, en setiembre de 2004, la Fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, formalizó denuncia contra Chávez Velásquez y los otros acusados: Julio César Torres Ortiz, Juan Díaz Peña, Juan Carlos Gutiérrez Huamaní y Javier Quispe Díaz. Un mes después la justicia ordenó su captura. La Primera Fiscalía Superior Mixta de Ayacucho pidió una condena de 35 años de cárcel y una reparación civil de 100 mil soles.

 

Un ministerio que no colabora       El 23 de agosto de 2006, la Sala Penal Nacional consideró que había méritos para que el proceso pa-sara a juicio oral. Sin embargo, había un problema: ninguno de los cinco acusados había sido ubicado. Según testimonios recogidos por los deudos, por lo menos hasta el 2005 Chávez Velásquez continuaba en el servicio activo, con el rango de mayor. Pero esta información nunca fue confirmada por el Ministerio de Defensa. Hasta el día de hoy, el ministerio tampoco ha enviado a la Sala la información de tipo personal (datos de identidad, domicilio, hojas de servicios) que se requiere para su ubicación. Dieciséis años después del crimen, los deudos solo sienten que, aunque los gobiernos cambien, hay una actitud de complicidad en el Ministerio de Defensa que parece que no cambiará. El ministro Allan Wagner tiene la palabra.

 

Más Información:

Resumen del caso:
http://www.aprodeh.org.pe/casos2007/ayacucho/huancapi.html