Los hechos
El 25 de julio de 1986, aproximadamente treinta miembros del Ejército, encabezados por el teniente "Rubén", regresaban de la comunidad ayacuchana de Putica donde habían realizado una batida para capturar a presuntos subversivos. A las 11 de la mañana llegaron a Matero y minutos más tarde ingresaron de manera violenta a casa de Agripina Pillaca González para detener a su hijo Seferino Quispe Pillaca quien fue trasladado a la Plaza de Armas y luego conducido a la Base Militar de Cangallo.
Minutos más tarde se detuvo también a la señora Francisca Janampa Pillaca quien estaba en compañía de sus dos pequeños hijos. Los tres fueron llevados a la plaza de Matero. Ahí esperaba Seferino Quino Pillaca quien había sido golpeado cruelmente. Ambos fueron llevados al puente de Macro y luego introducidos en una especie de garita de control, vigilada por los soldados en donde tuvieron que esperar varias horas. A las 7 de la noche los transportaron al Cuartel de Cangallo junto con otras personas a quienes no pudieron reconocer ya que sus rostros habían sido cubiertos.
Francisca Janampa fue llevada a una habitación aparte junto a sus dos hijos. Momentos más tarde el teniente “Rubén” ingresó para preguntarle sobre el paradero de su esposo Albino Quino. La mujer pidió que la dejasen salir porque sus hijos estaban enfermos. No le hicieron caso. Esa noche Francisca durmió escuchando el sonido de las balas y los gritos desgarradores de varias personas, entre ellas mujeres que eran violadas. A las dos de la tarde del día siguiente, el teniente "Rubén" la dejó en libertad poniéndole una condición: Albino Quino Sulca, Tineo Pérez de Melchor y Martin Escriba Pillaca tenían que presentarse al Cuartel. Ellos, al saber el requerimiento del teniente, acudieron a la fiscalía y la prefectura solicitando garantías para sus vidas. El prefecto les aconsejó que se presenten y el jefe de la unidad de la PIP los citó para el 30 de julio.
El 30 de julio de 1986, se presentaron los tres, acompañados por varios familiares y miembros de su comunidad, portando un memorial exigiendo la libertad de Severino Quispe Pillaca. El jefe de la PIP les ordenó que esperaran en la puerta, sin embargo, minutos después miembros del Ejército, con lista en mano, realizaron una batida que culminó con la detención de Albino Quino Sulca, Tineo Pérez Melchor y Martin Escriba Pillaca. Los tres fueron ingresados al local de Ejército que en esos tiempos funcionaba en el ex local de la Comisaría. Afuera esperaban los familiares y comuneros a quienes no se les daba ninguna explicación sobre la situación de los detenidos.
Al día siguiente cuando los familiares regresaron para averiguar sobre el estado de los detenidos se les comunicó que habían sido trasladados al Cuartel de Cangallo. En éste no les dieron información alguna.
El único dato que obtuvieron les fue proporcionado por Basilio Ayala Mitma, quien también fue detenido. Él les comunicó que, en el Cuartel, eran víctimas constantes de golpes, además de negárseles el alimento. Por esta razón, los detenidos se encontraban mal de salud.
La investigación
El Teniente Coronel E.P. Carlos Armando Bardales Angulo ejercían funciones, en esa época, en las instituciones militares instaladas en las zonas declaradas en Emergencia en Ayacucho, desde donde se habrían dado las órdenes para efectuar los operativos en las localidades aledañas, como fue el caso de Cangallo.
Tanto Carlos Bardales Angulo como Carlos Arguedas Salinas, quienes se desempeñaban como Mayor de la PNP y Jefe del Puesto de Batallón Contrasubversivo, respectivamente, brindaron sus declaraciones en las refirieron que: “Los operativos se realizaban en base a directivas emanadas por el Comando Conjunto de Lima, quien planificaba a nivel nacional”. Por otro lado Javier Culquicondor, Mayor PIP en esos momentos declaró que: “Algunas personas eran investigadas por el Ejercito por intermedio de un grupo especial operativo PIP que trabajaba en el interior de las dependencias castrenses y que no se encontraban bajo el mando de la Jefatura Provincial sino al mando del Jefe político Militar de Ayacucho”. Estas declaraciones junto con la versión de testigos como Francisca Janampa Pillaca, Baltasar de la Cruz Sulca, Susana Sulca Tinco, Celestina Mitma Pullo y Carlota Rayme Sulca hacen suponer que los detenidos, en pocas oportunidades, eran puestos a disposición de la autoridad competente produciéndose así su desaparición.
El Proceso
El 20 de mayo de 2005, se abrió instrucción contra el Mayor PIP Javier Culquicondor Díaz, Capitán PIP Hugo Sartor Espinoza, Teniente Coronel E.P. Carlos Armando Bardales Angulo y al Mayor PNP Teodoro Maraví Gómez por ser presuntos autores del delito contra la libertad individual (en la modalidad de secuestro) y contra la humanidad (en la modalidad de desaparición forzada).
El 25 de abril del 2007, se inició el juicio oral contra el Teniente Coronel EP Carlos Armando Bardales Angulo “Tigre”, el oficial EP Marino Nemesio Ambía Vivanco “Rubén” o “Robin”, Javier Augusto Culquicondor Díaz “Jerónimo”, Capitán PIP Silvio Hugo Sartor Espinoza y Mayor PNP Teodoro Maravi Gómez por el delito Contra la Humanidad- Desaparición Forzada en agravio de Severino Quispe Pillaca, Albino Quino Sulca, Martín Escriba Pillaca y Melchor Tineo Pérez.
El pasado miércoles 9 de julio de 2008, el Fiscal Superior doctor Luis Antonio Landa Burgos, formuló su requisitoria oral, tomando en consideración las diversas diligencias, reconocimiento, y confrontación efectuadas en el desarrollo del juicio, por lo que solicitó se imponga 20 años de pena privativa de libertad a los procesados: Marino Nemesio Ambia Vivanco, Carlos Armando Bardales Angulo.
En el caso de Silvio Hugo Sartor Espinoza, y, Teodoro Maraví Gómez, dejó en consideración de la Sala para que evalúe su situación. En el caso de Javier Culquicondor Díaz solicitó a la Sala que se reserve el pronunciamiento hasta que sea habido.
Asimismo, solicitó como monto de Reparación Civil la suma de seiscientos mil nuevos soles a favor de los familiares de las víctimas. La próxima audiencia será el miércoles 16 de julio donde Aprodeh, en representación de las víctimas, sustentará los alegatos. Se piensa, como fecha probable de sentencia, el próximo jueves 7 de agosto del presente.
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