Empresas y DD HH

Este 13 de marzo próximo, a horas 8:30 a.m comenzará el juicio contra 19 defensores, por los sucesos ocurridos en el conflicto contra la minera Las Bambas en septiembre de 2015.

ANTECEDENTES

Como se recordará, el 25 de septiembre de 2015, diversas comunidades de las provincias  de Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, luego de agotar diversos pedidos de dialogo sin ningún resultado, iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera (MMG Limited), denunciando que los mismos habrían modificado arbitrariamente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero las Bambas, sin respetar la consulta previa que correspondía, y perjudicándolos con estas modificaciones, al haber suprimido la construcción del mineroducto, con lo cual la empresa usaría sus carreteras públicas para llevar y traer su material.

Siendo así, tanto la empresa como el Estado, lejos de atender sus reclamos, ordenaron una violenta represión contra los comuneros, la cual terminó el 28 de septiembre de 2015, con la muerte de 03 pobladores de la provincia de Cotabambas, a quienes la policía abatió a tiros. Además hubieron decenas de heridos, y por supuesto varios detenidos, incluso torturados al interior del campamento minero, donde la policía y la fiscalía improvisaron un lugar de detención.

DE LOS DETENIDOS Y LAS IMPUTACIONES

19 comuneros fueron detenidos al interior del campamento minero Las Bambas, en el parte policial la policía consigna que la mayoría de ellos fueron detenidos por ser encontrados “en actitud sospechosa”.  Sin embargo en el caso de dos de ellos Edward Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamami Coaquira, son acusados de haber sido encontrado con armas y explosivos.  La única prueba que la policía exhibe para ello, son supuestas actas de intervención e incautación, las mismas que han sido levantadas bajo un procedimiento absolutamente irregular (no coinciden en las horas, fueron levantadas no en el acto sino al interior del campamento minero, aunque la fiscalía firma el acta, no estuvo presente al momento de la supuesta incautación).  En el caso de Brandon Quispe, el mismo declaró desde un primer momento que la policía lo torturó (constan certificados médicos de ello), le sembró el arma e incluso lo obligó a percutar la misma para sacar la pericia de absorción; el Fiscal y el Juez nunca creyeron en su denuncia, menos aún investigaron a la policía que los intervino, pese a que se probó que el arma supuestamente encontrada a Brandon, le pertenecía a un efectivo de la PNP y cuya aparición en poder de éste último, la policía no ha podido explicar.

Cabe resaltar que ninguno de estos comuneros presenta antecedentes de ninguna naturaleza.

EL PROCESO Y LA ACUSACIÓN

En este proceso, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, sin mayores pruebas, y solo con los atestados policiales y supuestas actas levantados por la policía que además custodiaba las instalaciones de la empresa minera, acusa a estos comuneros de Tenencia ilegal de armas y producción de peligro común con medios catastróficos, solicitando de 11 a 17 años de pena privativa de la libertad para los mismos, Por su parte, Minera Las Bambas, está solicitando como pago de reparación civil el monto ascendente a $. 86.000.00 dolares.

Este 13 de marzo inicia el juicio oral del caso, y tanto las comunidades, como los organismos de defensa de derechos humanos, exigimos que se desarrolle el mismo con las garantías del debido proceso, esperando que cese este proceso que a todas luces lo único que persigue, es la criminalización de defensores del territorio, que ejercían su derecho constitucional a la protesta, exigiendo algo absolutamente legítimo, que la empresa minera deje de afectarlos y cumpla con lo que se comprometieron.

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