Luego de haber sido postergado hasta en dos oportunidades, para este miércoles 22 de mayo se ha programado el inicio del juicio oral contra 19 pobladores de Cotabambas, por los sucesos ocurridos en setiembre de 2015 en el marco del conflicto contra la Empresa MMG, a cargo del proyecto minero Las Bambas. Andrés Flores Aguilar, es el Juez encargado de llevar adelante la referida audiencia que se realizará en el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas.
Como es de conocimiento público la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de defensores de derechos por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del estado peruano. En tanto la compañía minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que incluso puede incrementarse a petición de la referida compañía minera.
Desde Fedepaz y Aprodeh consideramos que las postergaciones presentadas vienen perjudicando emocionalmente y económicamente a este grupo de ciudadanos debido a que deben de realizar viajes de varias horas ya que proceden de diversas comunidades de Cotabambas. También exigimos a las instancias de administración de justicia de la región se otorgue todas las condiciones y garantías para que este proceso judicial que se iniciará este 22 de mayo se desarrolle en forma justa y transparente respetándose el debido proceso e incorporando interpretes dado que la mayoría de procesados son quechuahablantes.
Finalmente, esperamos se haga público el informe de la Mesa de Justicia y Derechos Humanos conformada en el marco de la Comisión Multisectorial “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas”, que entendemos está abordando esta problemática así como otros casos judicializados que viene afectando a ciudadanos y ciudadanas de la referida provincia.
El dato: Como se recuerda este conflicto dejó 03 personas fallecidas y numerosos heridos por impacto de bala producto del actuar de la policía. El conflicto “Las Bambas”, se originó luego de conocerse las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero en referencia. Asimismo exigían que la citada empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con estas comunidades, llegando a su punto más álgido el 28 de septiembre de 2015.
Oficina de Prensa – Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
COMUNICADO DE PRENSA – EL OBSERVATORIO
París, Ginebra, 20 de mayo de 2019 – A través de una nota que se publica el día de hoy, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto entre la FIDH y la OMCT, manifiesta su grave preocupación por las numerosas irregularidades e ilegalidades identificadas en el caso Las Bambas y hace un llamado a las autoridades peruanas a que respeten el derecho a un juicio justo y imparcial de los 19 defensores de la tierra y el territorio que serán juzgados a partir de este miércoles.
Después de casi cinco años de proceso penal y después de dos suspensiones, el 22 de mayo comenzará el juicio oral contra 19 defensores de la tierra que se manifestaban contra los impactos negativos del proyecto minero las Bambas en Perú, propiedad del Consorcio chino MMG Limited, quien se constituyó como parte civil en el proceso.
Los reclamos de las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas (Apurímac) iniciaron después de que la empresa modificase unilateralmente el Estudio de Impacto ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. La principal modificación fue la de transportar 450 mil toneladas de minerales por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades y no por un mineroducto, como estaba inicialmente previsto. Esta modificación y otras han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades.
El 25 de septiembre de 2015, estas comunidades iniciaron un paro indefinido por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al EIA. Tres días después se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de los cuales desde entonces se encuentran inmersos en un proceso judicial.
Este proceso no es un caso aislado. Se estima que habrían más de 500 personas criminalizadas en el contexto de las protestas contra el proyecto las Bambas. En una zona que históricamente ha sido campesina e indígena no es posible reducir a los manifestantes a simples criminales. El Observatorio reitera que defender derechos no es un crimen, es un derecho y que, en lugar de criminalizarles, el Estado peruano debería comprometerse con la adopción de una política pública integral de protección a las personas defensoras, tomando el protocolo recientemente aprobado como un primer paso.
La militarización y las repetidas declaraciones de Estados de emergencia en la zona, que además son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, solo han dejado como resultado agresiones, criminalización de manifestantes, desestructuración de las reivindicaciones de las comunidades y la vulneración de sus derechos. Esa respuesta represiva del Estado peruano a los reclamos de la población afectada por estos proyectos en el corredor minero no es efectiva, cómo se ha visto recientemente con las manifestaciones que se reiniciaron en agosto de 2018 por las comunidades de Fuerabamba, Apurímac. La solución pasa por abordar los problemas de fondo que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población.
El Observatorio dará seguimiento a este proceso y confía que los jueces garantizarán su independencia así como los derechos al debido proceso, reconocidos a nivel nacional e internacional de los 19 manifestantes defensores del territorio, cuya criminalización debe cesar.
El informe está disponible para su descarga: Peru_2019.05.20_Informe Las Bambas
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para obtener más información, por favor contacten con:
El día 3 y 4 de mayo autoridades, líderes y lideresas social de toda la región de Ayacucho se encontraron en Huamanga, Ayacucho para participar en el taller-Escuela holística “Diálogo por la tierra y el territorio: proceso de resistencia frente al extractivismo”, organizado por APRODEH -Asociación Pro Derechos Humanos.
La actividad permitió generar un proceso de diálogo y acercamiento entre los distintos actores y representantes de comunidades de la región Ayacucho donde hay presencia de iniciativas y proyectos minero- extractivos, que implican procesos de conflictividad social por afectación de distintos derechos y procedimientos legales.
Las y los participantes reafirmaron la necesitad de unirse para la defensa integral de los derechos de las comunidades, además de nuestras cabeceras de cuenca. En este espacio se realizó el re-lanzamiento de la campaña de defensa “Nuestr@s Apus no se tocan”
El taller se desarrollo en el marco del proyecto “Defender la tierra y la naturaleza es nuestro derecho”
https://www.facebook.com/aprodeh/videos/2052408484823716/UzpfSTIwNTc5Nzk2MjExMzY2NDE6MjIwNDAwMjEwMzIwMTA1OA/
#NuestrosApusNoSeTocan#DefenderLaNaturalezaYelTerritorioEsNuestroDerecho
Juan Lima Huamaní, es un poblador de la comunidad de Huanacopampa- Challhuahuacho, Apurimac, es un agricultor de 45 años, sin antecedentes, pero desde hace 4 años es procesado por delitos contra la seguridad pública, producción de peligro común con medios catastróficos y daños en agravio de la empresa minera Las Bambas y el Estado. El 28 de setiembre del 2015, cuando Juan regresaba de participar, como miles de comuneros, de una protesta legítima contra el proyecto Las Bambas, la policía lo detuvo en un camino público por donde transitaba; Juan, siendo quechua hablante ni siquiera comprendió por qué la policía lo enmarrocó, lo encerró en el campamento minero con violencia, ni por qué buscaban en sus cosas y documentaban todo; el motivo de su detención no se supo hasta que accedimos al Acta de Intervención policial, donde textualmente se señala “(…)posiblemente habría participado antes causando disturbios (…)”. Veintiún personas fueron detenidas ese mismo día mediante esa irregular e ilegal intervención, y ahora, cuatro años después, luego de muchas diligencias, el 22 de mayo enfrentará un juicio oral en el que se definirá si lo sentencian a 11 años de prisión.
Sí, esa es la cara de la criminalización de la protesta en el país, como Juan Lima, cientos de comuneros en todo el país están siendo procesados, no por haber sido encontrados cometiendo ilícitos, ni siquiera por tener pruebas de haber provocado un disturbio, sino solo por haber participado en alguna manifestación o protesta, por ser dirigentes de las comunidades en conflicto, por haber sido partícipes de alguna reunión, e incluso por firmar documentos donde se invita a alguna movilización; y es que el gran problema es que en nuestro país la protesta social, siendo un derecho, se ha equiparado indebidamente a un acto delincuencial, y el solo hecho de participar y ejercer el mismo, puede justificar el inicio de una investigación, un posterior proceso judicial e incluso podría costar la libertad.
Durante los últimos años la criminalización se ha ido profundizando, ahora incluso las comunidades que protestan son calificadas como asociaciones ilícitas para delinquir y, la movilización es calificada como delito de extorsión; ya se ha llegado a privar de su libertad a miembros de estas comunidades, solo por el hecho de tener un cargo como ocurrió con Gregorio Rojas en el reciente conflicto de las Bambas.
Grave situación, y lo es no solo en términos de cómo se está afectando y restringiendo libertades fundamentales de expresión, movilización y disidencia, propias de la vigencia de una democracia, sino porque esta política contribuye a la profundización de los conflictos sociales lejos de solucionarlos.
Muchos de los conflictos con extractivas en el país no han encontrado cauce de solución, porque no se puede pretender resolver una problema, o que la población acceda a diálogos, a discutir o negociar posiciones si en principio se ejerce contra ellos una persecución criminal. Por eso, resulta absolutamente legítimo que ante un intento del gobierno de acercamiento a la comunidad, la gente exija el cese de esta política represiva, como primera condición para el diálogo.
En el caso Las Bambas, una gran polémica se ha desatado ante la propuesta de presentar una Ley que amnistíe a los campesinos procesados en este conflicto, para que pueda cesar esta persecución y se pueda establecer condiciones de diálogo. Si bien es cierto es una propuesta que responde a un objetivo concreto de la comunidad, terminar con los juicios de dirigentes y pobladores, es polémica en tanto la amnistía implica “el olvido legal de los delitos cometidos, que extingue la responsabilidad de los autores”[1]; eso significa que se acepta la existencia de un delito y la responsabilidad del amnistiado. Para el caso concreto de criminalización, sería asumir implícitamente como delito el ejercicio de la protesta y, si bien en la práctica se cortarían los juicios, sería como aceptar que los comuneros tuvieron responsabilidad sobre supuestos actos ilícitos. En muchos países se ha utilizado esta figura, para proteger y lograr impunidad de violadores de derechos humanos y por ello la CIDH recomendó su no aplicación. Entonces, habría que reflexionar sobre la conveniencia de la aplicación de dicha amnistía, que además tiene límites claros: solo permitiría detener procesos a los dirigentes procesados por este conflicto puntual, únicamente en esta zona del país y en relación a este momento. Cómo se asegura un escenario de no repetición de persecución si surge o permanece el conflicto.
Un gran error, desde mi punto de vista, es haber levantado sobre expectativas en la población respecto a una solución inmediata de un tema tan complejo como éste, que además lleva años desarrollándose como política y que no será fácil revertirla. Seguro es importante reconocer que estamos frente a una buena oportunidad de empezar a frenar y eliminar la misma, pero hay que ser consecuentes sincerando que eso puede implicar un progresivo y lento proceso de reformas. Promover modificaciones normativas a leyes penales que permiten la criminalización, es seguro una apuesta indispensable, pero ¿estamos realmente en un escenario político que permita que las mismas se produzcan pronto?
De momento, nos parece que sería valioso proponer instrumentos más concretos. Promover un Acuerdo Plenario del Poder Judicial sobre el tema de protesta social, que solo implicaría una reunión de todos los Jueces Supremos para ponerse de acuerdo y definir criterios claros sobre temas medulares del ejercicio de este derecho, diferenciándolo de los delitos de extorsión, disturbios, o cualquier otro similar, establecer criterios de diferenciación de una comunidad y su estructura, con una organización criminal; dejar en claro criterios de responsabilidad, en relación a lo cual no puede asumirse per sé que un dirigente por su condición de tal, es el autor mediato (intelectual) de cualquier disturbio que se genere, etc. A estas alturas un instrumento como éste -vinculante para todos los jueces del país- podría ayudar a resolver rápida y correctamente varios de estos procesos, no solo en las Bambas, y prevenir que se vuelva a instaurar en nuevos casos.
Las comisiones del Poder Judicial, que se sugirieron en el marco de este conflicto, para evaluar la actuación de los jueces que intervienen en los casos pueden ayudar; es indispensable generar una comisión propia del Ministerio Público, tal vez el propio órgano de Control Interno, con ello se podría lograr que casos que aun están en investigación, no sean formalizados sin sustento probatorio y de manera arbitraria como ha estado sucediendo hasta hoy.
Pero la apuesta tiene que ser sobre mecanismos integrales, que solucionen los problemas de fondo, recordemos que el objetivo en estos momentos, es la reivindicación de la Justicia, la cual reviste una necesidad de reconocimiento de derechos y el traslado de la responsabilidad sobre los reales generadores de los conflictos.
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[1] CIDH
Esta mañana el Juzgado Mixto de Tambobamba (Cotabambas) suspendió por segunda vez la audiencia de juicio oral contra 19 defensores del territorio previsto para hoy 15 de abril. Sobre las razones, el Juez informó que le comunicaron que había habido cambios de fiscales en el Ministerio Público, y que por eso el nuevo fiscal no se había presentado a la audiencia.
Recordemos que en el proceso de control de acusación, el representante de Ministerio Público también faltó en dos ocasiones. La abogada de los procesados, Mirtha Vásquez de Aprodeh, manifestó: “se tiene conocimiento que el cambio de fiscales se ha dado hace dos semanas y como hemos dejado constancia, el Ministerio Público es un ente Corporativo, independientemente de que se cambie a un Fiscal o no, tendrían que prever que cualquier otro fiscal esté en la capacidad de defender estos casos y si se produjo hace dos semanas, con más razón todavía”
Refirió además, que se ha dejado constancia del pedido para que éste hecho pase a la Junta de fiscales, para que procedan a realizar la investigación y establecer sanciones y responsabilidades respectivas en el Ministerio Público: “ésta sería la tercera vez que por responsabilidad del Ministerio Público se suspenden audiencias” enfatizó
Por su parte los familiares de los defensores procesados, mayoritariamente quechuahablantes, se movilizan por las principales calles de Tambobamba, con carteles en mano refieren: “No somos delincuentes somos defensores del medio ambiente”, “la minería trajo denuncias, contaminación y muerte” asimismo exigen el archivamiento definitivo del proceso, en concordancia con los acuerdos firmados el 10 de abril para la instalación de la Mesa de Diálogo por el conflicto las bambas.
Juan Lima, uno de los procesados, quechuahablante, camina 6 horas para llegar a la audiencia al igual que la mayoría de los procesados; entre los que se encuentran Javier Mamani Coaquira, Edwin Chumbes Challanca, Abraham Vargas Ichuhuayta, Justino Chiclla Quispe, Vidal Ccoropuna Alejo, Nolberto Berrio Huillca, Octavio Ccoropuma Pinares, Jhoel Panique Flores, Clever Sullca Huarcaya, Placido Sullca Costa, Amílcar Quispe Letona, Juan Lima Huamaní, William Richard Huillca Ocon, Uriel Mendoza Espinoza, Leonardo Taype Huamanga, Wilmer Cárdenas Romero y Edward B. Quispe Ccuno, Asunto Huamaní Huamaní para quienes la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. Solicita una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado peruano. En tanto la compañía minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que incluso puede incrementarse a petición de la referida compañía minera.
Cabe recordar que el conflicto Las Bambas dejó 03 personas fallecidas y numerosos heridos por impacto de bala producto del actuar de la policía. El conflicto “Las Bambas”, se originó luego de conocerse las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero en referencia. Asimismo exigían que la citada empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con estas comunidades, llegando a su punto más álgido el 28 de septiembre de 2015.
Finalmente, la audiencia de inicio del juicio oral fue postergada para el 22 de mayo, hecho que perjudica a los defensores que siguen buscando justicia desde el 2015, éstos cambios revelan la arbitrariedad general del proceso y la urgencia de que los procesos se suspendan en el marco de los acuerdos asumidos la semana pasada como parte de la agenda de la Mesa de Diálogo.
Luego de haber sido postergado, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, a cargo del Juez Andrés Flores Aguilar, ha programado el inicio del juicio oral contra 19 pobladores de Cotabambas para este lunes 15 de abril, por los sucesos ocurridos en setiembre de 2015 en el conflicto contra la Empresa MMG, proyecto minero Las Bambas.
Según el parte policial los 19 comuneros fueron detenidos por haber sido encontrados “en actitud sospechosa” en el desarrollo del conflicto. Cabe resaltar que ninguno de estos comuneros presenta antecedentes de ninguna naturaleza. En el caso de Brandon Quispe y Javier Mamani, según sus testimonios señalan haber sido víctimas de tortura y sembrado de un arma de fuego e incluso en el caso de Brandon Quispe refiere que fue obligado a “disparar” para ser incriminado por la Policía Nacional del Perú. Ambos lamentablemente cumplieron 06 meses de prisión preventiva en el penal de Qenqoro del Cusco.
Sobre el caso que involucra a Javier Mamani Coaquira, Edwin Chumbes Challanca, Abraham Vargas Ichuhuayta, Justino Chiclla Quispe, Vidal Ccoropuna Alejo, Nolberto Berrio Huillca, Octavio Ccoropuma Pinares, Jhoel Panique Flores, Clever Sullca Huarcaya, Placido Sullca Costa, Amílcar Quispe Letona, Juan Lima Huamaní, William Richard Huillca Ocon, Uriel Mendoza Espinoza, Leonardo Taype Huamanga, Wilmer Cárdenas Romero y Edward B. Quispe Ccuno, Asunto Huamaní Huamaní, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos y como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del estado peruano. En tanto la compañía minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que incluso puede incrementarse a petición de la referida compañía minera.
En ese contexto, desde Aprodeh consideramos y exigimos a las instancias de administración de justicia de la región se otorgue todas las condiciones y garantías para que el proceso judicial que se iniciará este 15 de abril se desarrolle en forma justa y transparente respetándose el debido proceso de las personas involucradas. Entendemos además que en el marco de la reciente instalación de la Mesa de Cumplimiento de Cotabambas se ha considerado abordar la agenda de Derechos Humanos, hecho que saludamos y esperamos pueda incorporar este y como también los otros casos judicializados con la finalidad de revisar esta problemática que afecta a ciudadanos de la referida provincia.
El dato: Como se recuerda este conflicto dejó 03 personas fallecidas y numerosos heridos por impacto de bala producto del actuar de la policía. El conflicto “Las Bambas”, se originó luego de conocerse las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero en referencia. Asimismo exigían que la citada empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con estas comunidades, llegando a su punto más álgido el 28 de septiembre de 2015.
Oficina de Prensa – Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
El secretario general del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas (Apurimac), Víctor Limaypuma Ccoricasa, presentó ayer, 10 de abril, una demanda de amparo contra el convenio celebrado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y Minera Las Bambas S.A. A través de esta acción legal – que cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, EarthRights International, la Asociación Pro Derechos Humanos y CooperAcción– se exige la nulidad del convenio de servicios policiales extraordinarios suscrito entre la PNP y la empresa minera.
El convenio fue suscrito el 26 de octubre de 2017, con autorización del exministro del Interior Carlos Basombrío. En él, la PNP se obliga a prestar servicios de seguridad a la empresa minera –para la protección de sus instalaciones, bienes y personal–, a cambio de pagos mensuales para los efectivos en la zona y la institución policial. Consideramos que este convenio –como los más de 138 que existen en el país– viola los derechos humanos y quiebra los principios del Estado democrático de Derecho.
Los contratos de este tipo pervierten la función policial, pues la comercializan y privatizan a favor de las empresas extractivas y en perjuicio de la población, a la cual, en contextos de conflictividad social, se criminaliza.
En ese sentido, la demanda busca que se dejen de aplicar las normas que permiten la celebración de convenios: la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley de la PNP (Decreto Legislativo N° 1267) y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.
El dirigente, al igual que otros líderes sociales de la provincia de Cotabambas, viene siendo objeto de criminalización por su participación en la defensa del territorio y el medio ambiente. La presencia policial en zonas de conflictos socioambientales, en particular donde existen estos convenios, debe ser abordada y resuelta en el marco del diálogo propuesto por el Gobierno nacional.
El sábado 6 por la tarde se llevó a cabo la esperada reunión sobre el conflicto Las Bambas. Estuvieron sentados en la mesa, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, representantes de las comunidades de Challhuahuacho, el gerente de la minera Las Bambas-MMG, además el Primer Ministro Del Solar y, como mediadores la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo.
Al terminar la reunión parecía verse el “humo blanco” que por fin empezaba a poner fin a este grave conflicto, al menos así lo hicieron parecer los representantes del gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo pasadas las horas, se puede ver que la solución de este complejo tema, todavía está lejos de concretarse.
La falta de una política clara de atención de conflictos de parte del Estado, es una falencia grave que se pone en evidencia recurrentemente. El conflicto de Las Bambas es un claro ejemplo de ello. De ignorar por meses las demandas de Fuerabamba, el gobierno pasó a la persecución y criminalización de los líderes, para después invitarlos a sentarse en una mesa de diálogo donde el Primer Ministro termina por reconocer que, “el gobierno debe estar más presente en las zonas donde se desarrollan los conflictos”.
La metodología del diálogo, como mecanismo para encausar el conflicto, parece ser otro asunto que no tiene nada claro el Estado. Los diálogos con comunidades son diálogos con un actor colectivo, y la interacción tiene que valorarse en esta dimensión; los interlocutores -legitimados por la comunidad- deben ser vistos solo como intermediarios, y no como apoderados habilitados para tomar decisiones; guste o no los procesos de consulta al interno se tienen que respetar. Por ello, mal se hace anunciando que se ha llegado a un primer acuerdo con el dirigente, sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad. Sí, es posible que el gobierno haya procedido de esta forma para dar señales de que este conflicto va camino a la solución, pero resulta totalmente contraproducente para el rol del líder y para la solución misma del conflicto; ya que genera desconfianza en el interlocutor y entrampa el proceso. Hoy Gregorio Rojas, tendrá una difícil misión en su comunidad para convalidar esta primera reunión, pues ya hay desconfianzas surgidas a partir del error comunicacional del gobierno.
Desentrampar el conflicto requiere generar condiciones para retomar la relación interpartes; claro, en función a ello el gobierno exige el desbloqueo de las vías, porque considera una ilegalidad, aduciendo que no puede entrar a un proceso de diálogo bajo presión, o extorsión; pero ¿no es acaso ilegal la declaratoria de Estados de emergencia impuesta en estas zonas? ¿La respuesta del Estado a algo que considera fuera de ley no debiera ser buscar el cauce institucional? La comunidad recurre a estos mecanismos porque no tiene otras opciones pero el Estado sí las tiene, pero prefiere responder al estilo gánster con una medida que solo tiene por objeto la amenaza. Por ello, la negociación del desbloqueo de vías a cambio del levantamiento del Estado de Emergencia no es sino un intento de resolver el conflicto bajo el enfoque del cuatrero.
¿Y qué ofrece el Estado a Fuerabamba como solución del conflicto? Que las empresas revisen los acuerdos incumplidos, para proceder a ejecutarlos (en lugar de sancionar a la empresa por estos incumplimientos), además de “un acuerdo económico satisfactorio que ponga fin a la controversia”. Acaso el Estado no es consciente de lo peligroso que resulta resolver un conflicto de esta manera? Reducir todo a lo económico a pesar de tener múltiples aristas (lo social, lo ambiental, los impactos culturales) no hace sino enviar una pésima señal, incluso a las demás comunidades, de que esto se resuelve con plata, olvidándose de que en su rol, la solución debe pasar por el reconocimiento de derechos, por la modificación de las políticas para un mejor control a las empresas; por establecer mecanismos que garanticen procesos de interacción equitativos. Con estas medidas inmediatistas se perdió la discusión sobre los procesos de criminalización que vienen desde el 2015, ya nadie habla de las muertes producto del conflicto que no deben quedar en impunidad. Los derechos y la justicia quedan invisibilizados en este reducido abordaje.
Todos hacemos votos para que el conflicto de Las Bambas encuentre una salida, pero parece que con estas intervenciones limitadas del Estado, es muy difícil que se solucione, al menos de manera sostenida. Aplicar estos obtusos enfoques de resolución del conflicto no hacen sino condenarnos a repetir estas situaciones una y otra vez, siempre con peores consecuencias.
Foto: PCM
“…Ni la comunidad, ni la empresa consulta la opinión de las mujeres”
Julia Cuadros/ Cooperación
Cotabambas actualmente cuenta con 50, 656 habitantes, 53% son hombres y 47% son mujeres, mientras que la población rural asciende al 69%. Tradicionalmente ha desplegado una economía basada en la agricultura y ganadería para asegurar la alimentación y el trueque con comunidades y comerciantes de Arequipa y Cusco.
Esta economía es sostenida por hombres y mujeres con roles diferenciados. Las mujeres despliegan a los largo del día un promedio de 15 horas de trabajo que implica la crianza de hijos/as, la preparación de alimentos, la provisión de alimentos a quienes trabajan la chacra, la participación en tareas puntuales de agricultura (echar semilla, cosecha), la crianza de animales, el tejido de prendas, la elaboración de queso y el intercambio/ venta en la ferias dominicales de Challhuahuacho. Los hombres ejecutan labores de producción familiar destinando para ello un promedio de 12 horas de trabajo que dedican a la organización y desarrollo de la agricultura en la chacra, el arreglo de cercos, la elaboración de adobes, el pastoreo, el hilado y tejido de prendas.
El quehacer político en la comunidad también está determinado por roles de género; el hombre es el comunero calificado, jefe de hogar, propietario colectivo que representa a la familia y por ende toma decisiones -con otros hombres- sobre la vida comunal y la disposición de los bienes comunes. Este poder contribuyó en su momento, a la instalación de la gran minería, que se hizo sin consulta previa.
En el 2004 comenzó el proceso de instalación de la actividad minero extractiva a través de la empresa Xstrata para el desarrollo del proyecto las Bambas, con la creación y transferencia de un Fondo de Fideicomiso (cuestionado luego por no cubrir las expectativas de la población). En el 2012 las Bambas es transferida a la empresa Glencore y en el 2014 a MMG Limited. En el 2015 y 2016, explotan los conflictos por la modificación inconsulta del proyecto. En el 2017 Las Bambas superó la producción de 450 mil toneladas de cobre en concentrado, que se trasladan por más de 300 camiones de carga pesada.
Desde agosto del 2018 la comunidad de Fuerabamba exige el pago por el uso de su territorio para la carretera de traslado de minerales; y otras comunidades también reclaman por el polvo, el ruido, la contaminación del agua, los derrames de insumos químicos; y además surgen disputas por límites que se mantienen como conflictos latentes. La respuesta estatal ha sido enfriar las protestas y reclamos con más de 9 meses de declaratoria de estados de emergencia en el llamado “corredor minero del Sur”, en lugar de establecer un dialogo profundo con las múltiples demandas.
Tomamos en cuenta este contexto, sin perder de vista que se enmarcan en estructuras patriarcales y coloniales, para analizar los impactos de las Bambas en la vida de las mujeres campesinas e identificar el contenido de sus voces en este escenario complejo para las comunidades, y más aún para las mujeres.
Impactos políticos y tejido social
El desarrollo de la actividad minera en las comunidades de Cotabambas y Grau, ha sido favorecido por la correlación de poder masculino (económico y político) entre los representantes de las empresas mineras, el estado, el gobierno regional y gobiernos locales y los presidentes comunales; las mujeres estuvieron ausentes en las negociaciones y firma de acuerdos. Sin embargo, las transformaciones que se ocasionan en las dinámicas eco-territoriales son directamente vividas por ellas.
En el 2000, las federaciones de comunidades campesinas y de mujeres se posicionaron como la fuerzas principales de interlocución frente al estado y las empresas; más tarde estos últimos, desplegaron estrategias de negociación paralelas con cada una de las comunidades de influencia directa, abriendo fisuras de legitimidad social y dirigencial, al 2010 estas organizaciones quedaron debilitadas. Surgieron entonces los frentes de defensa, sin embargo la lógica de demandas específicas se ha mantenido vigente; hay que mencionar además, que la criminalización desatada contra los/as dirigentes que participaron de protestas sociales, profundizan esta fragmentación. Esta situación, se replica en las organizaciones de mujeres, los esfuerzos de articulación se ven disminuidos por sospechas de colusión de dirigentas con las empresas.
Impactos en la economía y los roles
La generación de puestos laborales para la mano de obra no calificada local, así como la estrategia de captación de dirigentes para proyectos productivos ha trastocado los roles tradicionales de hombres y mujeres en las comunidades, y ha afianzado el poder económico y político patriarcal. El acceso a puestos laborales remunerados en las operaciones mineras ha sido aprovechado principalmente por los hombres debido a la modalidad de contratación, rotación por 15 días consecutivos o trabajos permanentes con algunos días de descanso; a los cuales las mujeres, sin experiencia de trabajo fuera de sus comunidades, tiene menores posibilidades de acceso.
El desplazamiento de la fuerza productiva masculina hacia la minería, ha obligado a las mujeres a reemplazar esa fuerza y hacerse cargo de las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas viéndose sobrecargadas en su rol de sostener la economía familiar, sin remuneración. A esto se agrega que los ingresos económicos captados por los jefes de hogar, son utilizados para sus propios intereses. Por otro lado, se ha debilitado el intercambio de productos mediante el trueque, siendo remplazado por una actividad comercial monetaria intensa, con la elevación del costo de vida, impactando de manera directa en la escasa economía monetaria de las mujeres.
Impactos por la conflictividad social y criminalización de defensoras
En todos los episodios de conflictividad hombres y mujeres se han movilizado, las mujeres como frente de protección de dirigentes y manifestantes para evitar el choque frontal con las fuerzas armadas, como es el caso de las últimas protestas en Challhuahuacho. En 2015 y 2016 la conflictividad escaló a niveles de violencia y enfrentamiento en el que perdieron la vida cuatro dirigentes (Exaltación Huamaní, Beto Chahuayllo, Alberto Cárdenas y Quintino Cereceda) y hubo heridos. Tras los conflictos, fueron criminalizados/as más de 90 dirigentes de las cuales 3 son mujeres, que hoy afrontan largos viajes por los juicios que se les sigue.
La conflictividad afecta de manera diferente a las mujeres; la muerte de las cuatro personas mencionadas, ha dejado viudas, más pobres y solas a cargo de sus hijos, entre estas mencionamos a: Antonia Huillca, quechuhablante, madre de 3 hijos/as y viuda de Quintino Cereceda. Agustina Llusca, madre de cinco hijos y viuda de Beto Chahuayllo Huilca. El Estado no ha generado medidas de contingencia para estas familias, siendo para ellas más complicado aún enfrentar la vida misma. Una situación parecida ocurre con las madres, esposas e hijas de los heridos que deben hacerse cargo de sus cuidados y manutención.
La militarización de la zona, ha significado una vivencia con mayores temores para las mujeres y niñas frente al incremento de posibilidades de ser violentadas, engañadas o embarazadas por parte de integrantes del ejército, existen testimonios en quechua de mujeres, que señalan haber sido hostigadas en zonas de pastoreo o incluso coaccionadas violentamente para mantener el silencio frente a la actividad minera. Sin embargo hace falta aquí, involucrar mayores esfuerzos para indagar o investigar situaciones de violencia y silenciamiento hacia las mujeres.
“ … Los policías nos violentan, nos toman fotos, nos persiguen y asustan” Maria Rosa Ochoa
Impactos de violencia y prostitución mujeres
Cotabambas es la cuarta provincia con mayor número de casos por violencia contra la mujer según el MIMP 2018, la problemática se enmarca en el afianzamiento del poder económico y político de los hombres sobre las mujeres, de la relaciones de poder desiguales y violentas y la ausencia de planes estatales y privados para dirigir los ingentes recursos hacia el abordaje integral de la violencia de género.
Por otro lado, como ya es conocida las zonas de crecimiento económico, comercial y poblacional condicionan el surgimiento de negocios en torno a la prostitución de mujeres, las sociedades en pos de desarrollo fundan como muestra la cosificación y comercialización del cuerpo de las mujeres como se señala en SERVINDI, “Las fiestas costumbristas han sido transformadas en eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los solteros”
Impactos en la relación de las mujeres con el territorio y ambiente
Es un hecho que la actividad minera transforma el territorio, en la medida en que se transforma la orografía del mismo, al operar tajos a cielo abierto y realizar represamientos o secados de fuentes de agua superficiales, cambiando el curso de las aguas, destruyendo los sistemas de aguas subterráneas. A lo que hay que agregar la construcción de carreteras, el incremento del tránsito de camiones y maquinaria pesada, que levanta grandes polvaredas contaminando sus aguas, pastizales y laymes
Las mujeres históricamente han desarrollado una relación más estrecha con la naturaleza, su semejanza a ella en la creación de vida, desde la cosmovisión andina, es trascendental. Su rol de cuidadora de la vida -humana, animal y natural- la conecta directamente con esta y por ello percibe más los desequilibrios ocasionados por la actividad minera como: la enfermedad de ovejas, la disminución del caudal del agua y especies del río, la irrupción de vibraciones y sonidos de explosión, el polvo sobre los cultivos etc. Todo esto es motivo de un enorme malestar y preocupación en torno a la situación de la agricultura y el ambiente para el futuro, “cuando se vaya la mina; sin embargo sus preocupaciones y planteamientos no son escuchados ni tienen un lugar privilegiado en los acuerdos, mesas de diálogo y respuestas del Estado.
“ … Nos están contaminando el agua, los animales, ya no nos respetan, como vamos a vivir después. Que haya Justicia” Felicitas Ochoa
Desde esta perspectiva de análisis, es importante tomar en cuenta los impactos de la minería y la urgencia de dar medidas favorables para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, principalmente campesinas y niñas. Por ello, en el escenario actual de conflictividad y búsqueda de salidas, es imprescindible incorporar en el diálogo la voz y las demandas de las mujeres.
Foto: Marco Garro. Ojo Público
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Fuentes consultadas:
1.- Impacto de la Minería en la vida de Hombres y Mujeres en el Sur Andino, los caso Bambas y Tintaya. Julia Cuadros, mayo del 2010, Lima Perú.
3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643314369431364&id=100012584198994