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En conferencia de prensa, el director de la Policía
Nacional, general Fernando Dianderas Ottone, aseguró al país que los miles de efectivos
que participaron en el operativo para contrarrestar y controlar la «Marcha de los Cuatro
Suyos», lo hicieron desarmados, y que de eso se aprovecharon los manifestantes para
atacarlos con agresividad. Su afirmación fue ratificada ayer por la ministra Luisa María
Cuculiza.
Sin embargo, evidencias fílmicas y fotográficas demuestran que hubo personas no
identificadas, y sin uniforme policial, que se paseaban armadas por el Centro de Lima.
¿Quiénes son, si el general Dianderas dijo que ningún policía salió con armamento?
¿A quiénes respondían? ¿Qué actividad cumplían? ¿Por qué se desplazaban en
tanquetas de la policía y cargaban bultos con armas?
............En las fotografías captadas de las imágenes
del programa de televisión «Panorama», se puede observar sin duda alguna a personal con
armamento de largo alcance. No es es verídica, entonces, la versión del general
Dianderas, quien aseguró que «el personal policial actuó con suma prudencia y sin usar
armas de fuego».
Aunque no se ha establecido a qué unidades policiales pertenecen, el general Dianderas
debería informar qué hacen esos hombres armados desplazándose en unidades de la
Policía Nacional del Perú, en medio de los enfrentamientos con los manifestantes.
Pero las fotografías no son las únicas evidencias de las contradicciones de la versión
oficial sobre la participación de la policía, el día de la protesta contra la tercera
sucesión presidencial de Alberto Fujimori.
A pesar de las evidencias fílmicas y fotográficas que indican que la ausencia de la
policía permitió la acción concertada de grupos de incendiarios que atacaron
simultáneamente los locales del Banco de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones, el
Palacio de Justicia y la Corte Superior de Lima, los informes de la Dirección Nacional de
Seguridad del Estado (DINSE) no explican por qué la Policía Nacional virtualmente
abandonó los mencionados establecimientos.
Sin embargo, esos informes le han servido al fiscal Richard Saavedra Luján para denunciar
a más de 150 manifestantes, entre los cuales seguramente no se encuentran los
incendiarios de los cuatro locales públicos.
 Tampoco la DINSE registró
en sus atestados por qué numerosos contingentes atacaron los «tambos» del Parque de la
Reserva y la Plaza Manco Cápac, donde hombres, mujeres y niños descansaban, curaban sus
heridas, recibían sus alimentos y se recuperaban de la inhalación de las toneladas de
gases lacrimógenos que se lanzaron contra los manifestantes. Por qué perpetraron dichos
actos, en lugar de concentrar sus esfuerzos contra los atacantes del JNE, la Corte
Superior de Lima, Palacio de Justicia y el Banco de la Nación.
En otras ocasiones, las autoridades competentes procesaron a los efectivos responsables de
la seguridad ciudadana.
Así, a los pocos días que se produjo el asalto de la residencia del embajador del
Japón, Morihisa Aoki, por parte de un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA), el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) abrió instrucción por negligencia
inexcusable contra los oficiales responsables de la seguridad de la vivienda diplomática.
En efecto, el tribunal militar enjuició al ex jefe de la VII Región Policial de Lima,
teniente coronel PNP Luis Malásquez Durand, así como al ex jefe de la Dincote, general
PNP Máximo Rivera Díaz, y al general Carlos Domínguez Solís, quien estaba asignado al
Ministerio del Interior y era además uno de los rehenes.
Según fuentes oficiales, se desplazaron 35 mil efectivos militares para enfrentar la
«Marcha de los Cuatro Suyos», y cinco mil para el Damero de Pizarro. Pero como lo
prueban las imágenes captadas por los diversos canales de televisión, particularmente
Canal «N» Noticias, los sujetos que quemaron las cuatro dependencias públicas
cumplieron su faena porque las tropas de la Policía Nacional habían relajado la
seguridad de los importantes establecimientos estatales.
El Consejo Supremo de Justicia Militar debería proceder de la misma manera con los
oficiales, quienes tuvieron la responsabilidad de la seguridad de los locales públicos. |