Por María Elena Castillo
2 de agosto del 2000

Banco de la Nación, JNE y Palacio de Justicia estuvieron casi una hora sin resguardo

La policía se retiró en forma sospechosa

En forma sospechosa e inexplicable, los efectivos policiales que el último 28 de julio custodiaban instituciones públicas en el centro de Lima las abandonaron minutos antes de que fueran atacadas e incendiadas por grupos de vándalos. Algunas características hacen presumir que la orden de repliegue provino de las más altas esferas, ¿con qué propósito? Es algo que debe ser investigado de inmediato.

Cada vez que se planifica un operativo policial los efectivos de la guardia de asalto barajan una serie de acciones que contrarresten los actos violentos que se puedan producir.
Pero esta lista nunca incluye el retiro de las fuerzas del orden mientras los sucesos no estén plenamente controlados, por lo que resulta más que extraño que en el momento más crítico los custodios se hayan replegado.
El coronel (r) Dino Baca Herrera, ex jefe de la 22 Comandancia, conocida también como Guardia de Asalto, aseguró que los planes operativos que elabora la policía para controlar disturbios jamás contemplan dejar a la ciudadanía sin el resguardo respectivo.
«Se estudian una serie de alternativas para enfrentar la situación, pero ninguna de ellas prevé una retirada cuando la población está corriendo peligro», señaló.
Sin embargo, de manera inexplicable y como si se tratara de una orden impartida, cada uno de los contingentes de los cuatro locales públicos atacados se hizo humo ni bien empezó la agresión, dejando las entidades desprotegidas durante casi una hora.
El oficial en retiro precisó que la instrucción policial que reciben los cuerpos de élite que ese día estuvieron destacados en la zona los obliga a mantenerse en sus puestos precisamente para evitar que se intensifiquen los desmanes, pues existe un dispositivo que reglamenta el cuidado de los locales públicos y las instituciones consideradas esenciales.
«Los que laboramos profesionalmente sabemos que el retiro de los efectivos es una orden impensable e improcedente. El comando no hubiera podido darla, a menos que haya sido obligado por el Servicio de Inteligencia Nacional», afirmó.

Con pleno conocimiento
Esta extraña actuación no puede ser sustentada con el pretexto de la falta de efectivos y menos aún con un supuesto desconocimiento de lo que ocurría. Pues en Lima existen alrededor de 25 mil efectivos disponibles, cantidad más que suficiente para controlar las acciones violentas ocasionadas por un reducido grupo de agitadores.
En el caso del Banco de la Nación y del Jurado Nacional de Elecciones, la información llegó a la superioridad en el acto, pues sobre el techo de la máxima institución electoral habían dispositivos electrónicos de vigilancia permanente, que permitió al comando conocer los sucesos desde el primer instante.
«La policía se percató de lo que ocurría de inmediato, pero no acudió a controlar el problema porque había una orden superior inclusive al propio comando», aseveró el coronel (r) Baca.

Palacio de Justicia
Mientras que en el Palacio de Justicia también es muy sospechoso que el contingente permanente –que oscila entre 40 y 50 efectivos– no haya reaccionado para contrarrestar al reducido grupo de vándalos que durante 20 minutos trató de incendiar el local.
Además, a una cuadra de allí existen tres dependencias policiales que muy bien hubieran podido haber acudido: la Comisaría de Mujeres, la Comisaría de Cotabambas y la Unidad de Patrullaje Selectivo, donde debían haber por lo menos unos 400 efectivos.
Entonces ¿por qué se tardó tanto en actuar? ¿Por qué se esperó a que los incendios llegaran a puntos incontrolables para regresar a las zonas en conflicto?

Negligencia planificada
El experto en temas de violencia Carlos Tapia también piensa que la única respuesta es que había una orden precisa para permitir los desmanes y luego entrar a reprimir.
«Como mínimo se puede pensar en una negligencia policial al no haber resguardado las oficinas del Estado que estaban en el recorrido anunciado con bastante anticipación por los manifestantes», dijo.
Pero al aplicar la «regla de oro» que usa la misma policía en el trabajo de inteligencia, el analista concluye que había una maquinaria muy bien montada y con bastante anticipación para utilizar la marcha en contra de sus organizadores y a favor del cuestionado gobierno.
Recordó que el coronel Benedicto Jiménez explicó en sus libros que lo primero que se hace al evaluar una acción es preguntarse a quién beneficia y a quién perjudica. En este caso la respuesta es obvia.
«¿De lo contrario por qué dejaron por más de media hora que se intente meter telas encendidas en las instalaciones del Palacio de Justicia y cuando llegó la policía los desalojaron en menos de 5 minutos?», inquirió.
Además, advirtió que en medio de los manifestantes había personal de inteligencia vestido de civil informando a sus superiores sobre todo lo que ocurría a través de sofisticados aparatos de comunicación.
Para Eduardo Toche, analista político y de temas sobre seguridad, también resulta bastante extraño que la policía se replegara cuando se iniciaron los actos vandálicos.
«Es muy sospechoso que no se interviniera a tiempo, cuando se pudo controlar los sucesos, evitando que llegue a consecuencias mayores», expuso.
Lo que sí es claro es que la inacción policial fue determinante para que la violencia llegara a los extremos que hemos visto.
Existen sólo dos posibilidades para explicar esta actitud: una absoluta e increíble negligencia, o la existencia de un dispositivo para permitir que se produjeran las acciones que consiguieran el objetivo de desacreditar la Marcha de los Cuatro Suyos, desvirtuando así el derecho de la población a expresar su rechazo al cuestionado tercer mandato de Alberto Fujimori.