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Primero fue Tito Chocano, de
Tacna. Ahora la denuncia viene de Iquitos: el parlamentario electo por Somos Perú Jorge
Chávez Sibina afirmó ayer que fue presionado por personajes públicos de las filas de
Perú 2000 para pasarse a la bancada fujimorista, bajo amenaza de abrir los juicios que
ganó, e incluso involucrarlo en otros.
Además de estas amenazas, dijo
que se le ofreció la entrega de un «cheque», al margen de su futuro sueldo de
congresista, para que no continúe con su posición de enfrentamiento con el gobierno y
para que apoye la proclamación de Alberto Fujimori el próximo 28 de julio.
Señaló que otra promesa fue que la bancada oficialista apoyaría todas sus propuestas
legislativas. «Claro que aquí yo les dije que eso sería imposible, considerando que el
gobierno no tiene la intención de alcanzar la descentralización del país», indicó.
Relató que estas personas, de las cuales prefirió no decir sus nombres, le dijeron que
todo era posible si él apoyaba al gobierno.
Pese a todas estas presiones y amenazas, el electo congresista sostuvo que sus principios
y convicciones, además de su compromiso con sus electores, le impidieron caer en el
chantaje. «Yo continuaré con mi lucha de siempre, no traicionaré a la gente que confía
en mí y que me ha elegido como un congresista de oposición», recalcó.
Señaló que trabajará en favor de la reestructuración del Estado, sobre todo en el
rubro de lo político y administrativo, para lograr que todos los peruanos participen y
gocen también de un desarrollo sostenido en el país. «Estas son percepciones que no
comparte el gobierno de turno y que me separan de antemano», sostuvo.
Mencionó que fueron varias las veces que estas personas del fujimorismo le pidieron un
encuentro. Ante la negativa de pasarse a sus filas, lo amenazaron con reabrirle viejos
procesos judiciales.
Refirió que son cinco los juicios que tuvo durante su mandato como alcalde y que uno de
éstos llegó hasta el Tribunal de la Corte Suprema, instancia en la que pudo comprobar el
grado de manipulación del Poder Judicial por el Ejecutivo.
«Los alcaldes de oposición debemos sufrir muchos juicios, y encima tenemos que soportar
el chantaje permanente en la Fiscalía y la manipulación política dentro del Poder
Judicial», indicó Chávez Sibina.
Consideró necesaria y urgente la promulgación de una ley que impida a los congresistas
cambiarse de partido o agrupación política una vez que se encuentren dentro del
Parlamento.
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Perú 2000
estaría a la caza de cinco votos
Hasta el momento se puede
afirmar que el nuevo oficialismo ya cuenta con cuatro «votos amigos»: los de Luis
Cáceres Velásquez y Róger Cáceres Pérez (padre e hijo electos por el Frepap), el de
José Luis Elías Avalos (electo por Avancemos) y el de Eduardo Farah (que ha expresado
abiertamente opiniones contrarias a las de su agrupación Solidaridad Nacional).
Así, Perú 2000 pasaría de tener 52 a 56 escaños, y estaría en busca de los cinco
necesarios para completar la mayoría calificada el próximo 28 de julio. Mientras tanto,
ya son dos las agrupaciones (Somos Perú y Perú Posible) que han denunciado intentos de
soborno a sus congresistas electos.
Acerca de Perú Posible, la segunda fuerza en el Legislativo del 2000 al 2005, el
congresista Carlos Ferrero prefiere no hablar de «unanimidad», pero afirmó que los 29
parlamentarios electos están de acuerdo con actuar de en concordancia con las decisiones
de la agrupación.
Milagros Huamán, de Perú Posible rechazo las maniobras con las que Fujimori «logró»
su re-reelección, y dijo estar dispuesta a actuar con su bancada.
Alberto Kouri, también de PP, reiteró que él responde ahora a la voluntad de sus 36 mil
electores y que el no juramentar o no tomar el juramento al presidente «son sólo
actitudes y poses simbólicas». Asimismo sostuvo que seguirá trabajando por las
organizaciones de base desde el Legislativo.
Al pedírsele su opinión sobre la forma en que Fujimori pudo nuevemente postular y
reelegirse, atropellando las instituciones desde 1996, Kouri dijo que definitivamente no
estaba de acuerdo, pero aseveró que tendría que esperar a ver qué sucede en la OEA y en
Washington hasta el 28 de julio, para tomar una decisión. |
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