Angel Páez
Unidad de Investigación
1 de junio del 2000

Quedaría en suspenso proclamación de Víctor Becerril (P2000), Edilberto Canales (PP) y Rudy Rodríguez (PAP)

Guiomar Seijas: otro congresista electo en caso de digitadores ONPE

La oficialista Guiomar Seijas Dávila, -ex directora de Agricultura de Ucayali- es el cuarto congresista electo cuya proclamación quedará en suspenso debido a su presunta vinculación con un grupo de digitadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que adulteraron los votos preferenciales para beneficiar a algunos candidatos.
Víctor Becerril Rodríguez, también de Perú 2000, Edilberto Canales Pillaca de Perú Posible, y Ruby Rodríguez Aguilar, del Partido Aprista Peruano son los otros tres parlamentarios electos que junto con Guiomar Seijas tendrían que esperar hasta que la justicia resuelva el grado de responsabilidad que tendrían respecto a los hechos denunciados por la ONPE.
Hasta hace sólo unos días, la lista de congresistas electos sospechosos era más extensa. Incluía al oficialista Carlos Blanco Oropeza, y a Marciano Rengifo Ruiz, de Perú Posible.
Sin embargo, fuentes vinculadas a la indagación del caso, dijeron que los tres parlamentarios electos no fueron comprendidos en la denuncia porque tenían menos de 200 votos supuestamente mal habidos. Los auditores atribuyeron la diferencia a presuntos errores humanos.
Se sospecha que Guiomar Seijas de Perú 2000 habría recibido alrededor de 500 votos ilegales, y Edilberto Canales de Perú Posible algo más de 1,200 votos.
La situación del candidato oficialista Anastasio Vega Ascencio es cada vez más difícil, señalaron las fuentes, porque conforme avanzan las investigaciones se siguen encontrando más votos irregulares.
Aunque no logró ser reelecto, Anastasio Vega es uno de los investigados que mayor cantidad de votos filtrados por presuntos digitadores corruptos habría recibido. Habría conseguido más de 4,600 votos de diversos centros de cómputo.
A diferencia de los casos de Víctor Becerril y Ruby Rodríguez, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), César Dávila Luján-Ripoll, hasta el momento no recibe las respectivas autorizaciones de la ONPE para proceder a formular denuncia ante el Ministerio Público contra Guiomar Seijas y Edilberto Canales, por los delitos contra el derecho al sufragio y contra la fe pública.
La nueva denuncia también comprenderá a otros seis digitadores, cuyas identidades las fuentes pidieron mantener en reserva.
Pero no sólo es llamativa la lentitud de la ONPE para que los tribunales procedan a determinar la responsabilidad de los sospechosos. El Jurado Nacional de Elecciones también tendría poco interés en resolver qué decisión adoptará en relación a los cuatro parlamentario electos: o suspende la proclamación de éstos, o procede a hacerlo para que sean sometidos a una acusación constitucional.
La indecisión del JNE tendría relación con la expectativa de sus miembros sobre el acuerdo que tomará la Organización de Estados Americanos, después de haber escuchado el informe de la Misión de Observadores que encabezó Eduardo Stein.
Por idénticas razones políticas, el JNE mantendría en reserva el informe de la comisión especial que forman parte los magistrados José Bringas Villar y Walter Hernández Canelo, y cuya tarea consistía en determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios de ONPE que no tomaron las medidas necesarias para detectar la falsificación de firmas en los planillones que presentó Perú 2000.
Fuentes de JNE dieron a entender que el informe de Bringas y Hernández estaría listo, y señalaría al jefe de ONPE, José Portillo Campbell, y al gerente de Gestión Electoral, José Cavassa Roncalla, como las autoridades que debieron asegurar la aplicación de un programa de detección de rúbricas adulteradas.
En un informe preliminar remitido precisamente por Portillo y Cavassa al JNE, ambos funcionarios aceptan que ONPE carece de un sistema operativo destinado a identificar las firmas falsas en los planillones presentados por los partidos políticos que solicitan inscripción.