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Chimbote (Por Elías Salinas,
corresponsal).- Una campaña de amedrentamiento inició el gobierno en esta ciudad
portuaria al abrir un proceso penal sumario por delitos contra la tranquilidad pública a
17 activistas de la oposición democrática que impulsan la Marcha de los Cuatro Suyos.
La sorpresiva medida fue dispuesta por la titular del Quinto Juzgado Penal, doctora
Graciela Fernández López, quien dictó la apertura de investigación y la rendición de
instructiva por los sucesos registrados el pasado 19 de mayo, cuando el
presidente-candidato Fujimori fue rechazado por el pueblo chimbotano.
Las notificaciones judiciales sindican como presuntos autores de estos hechos a los
dirigentes Eugenio Arellano Araque, Remigio Pérez García, Jhonny Aguilar Amuruz,
Alexander Sánchez Collantes y Carlos de la Cruz Moreno.
También a Hamilton Ríos Santander, Leonel Salas Cotos, Ernesto Damaso Trebejo, Eber Jara
Acosta, Williams García Santander, Jaime López Lavado y Rodolfo Chuqui Vásquez.
Además a Oswaldo Loyola Vásquez, Carlos Ludeña Acosta, Melqui López Jara, Henry
Remigio Quiñones y Benigno Velásquez Castillo.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia del Santa, Fernando
Andrade Moreno, afirmó que estas notificaciones evidencian el uso del Poder Judicial
para ejercer una represión política y de persecución contra la población inconforme
con el fraude y la reelección.
Señaló que este tipo de acciones judiciales dictadas contra estos ciudadanos pretenden
debilitar la Marcha de los Cuatro Suyos y las acciones de protesta que han propuesto los
Frentes Regionales de ahora en adelante en todo los rincones del país.
"Es poco convincente el argumento de esta denuncia penal, ya que las movilizaciones y
actos de protesta se han dado en todas las ciudades y departamentos del país. Lo que se
cierne es una represión generalizada contra quienes ejercen su derecho a la protesta y al
derecho de insurgencia popular, que desconoce este gobierno ilegal", sostuvo.
Andrade también denunció que fuentes del Poder Judicial advirtieron la existencia de una
orden superior para que se «rebusque» los antecedentes judiciales de los dirigentes del
Frente de manera selectiva.
Se citó como posibles víctimas al coordinador departamental de Foro Democrático, Jorge
Baca Luna; el presidente de la Federación de Trabajadores de la Región Chavín,
Wenceslao Risco Zúñiga; el secretario general de Construcción Civil, Ezequiel Nolasco;
el presidente de la Federación de Asentamientos Humanos, Juan Quiñones; y Luis Ruiz
García, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional del Santa. |