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Los integrantes de la Comisión
de Desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el presidente del Consejo
de Ministros Federico Salas y los titulares de Defensa y del Interior, Carlos Bergamino y
Walter Chacón, respectivamente, se han convertido en juez y parte del proceso de
desmantelamiento de este sistema controlado por Vladimiro Montesinos, a quien se les
vincula estrechamente.
Preocupa además que, después de 35 días en que se anunciara la desactivación del SIN,
la comisión avance sin contar con la participación del representante de la sociedad
civil porque las diez propuestas que se presentaron en la mesa de diálogo de la OEA para
este cargo, fueron vetadas por los representantes del gobierno.
Según la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, el presidente del Consejo de Ministros
es el que refrenda la resolución de nombramiento del jefe del SIN, inclusive da curso a
la correspondiente partida presupuestaria. Es más, el jefe del SIN depende formalmente de
Salas por tener categoría de ministro de Estado.
En cuanto a los ministros Carlos Bergamino y Walter Chacón, miembros natos del Consejo de
Defensa Nacional, sus vinculaciones con el ex asesor del SIN han sido también muy
estrechas, lo que hace cuestionable y dudosa su actuación al frente de la comisión
desactivadora.
Estuvieron con Montesinos
Precisamente, la última comparecencia pública de Vladimiro Montesinos fue al lado de
estos ministros y del presidente Fujimori, el 21 de agosto, durante la conferencia de
prensa sobre el tráfico de armas.
Estos dos últimos días, al entrar en acción la comisión desactivadora, lo primero que
hizo el primer ministro Salas fue tratar de vender la idea de que las instalaciones del
SIN han permanecido intocables, casi lacradas, desde que el sábado 16 de setiembre el
presidente Alberto Fujimori anunció la desactivación del SIN.
Pretende hacer creer a la opinión pública que el asesor Vladimiro Montesinos Torres
huyó del país sin quemar un solo papel revelador ni mover una sola pieza de la
maquinaria de poder que montó en la sede de Las Palmas a lo largo de diez años.
El premier Federico Salas ha adelantado algo peor, su pretensión de reducir la labor
desactivadora del SIN a la simple demostración de que en esos predios no hay sótanos ni
cámaras de tortura, lo que sería pura imaginación de una oposición que ve fantasmas
donde sólo había inocuas y frías oficinas burocráticas.
Es cierto, el Perú requiere de un sistema de inteligencia nacional que produzca
inteligencia estratégica para el frente externo y el frente interno. En este segundo caso
para concluir la lucha contra la subversión y el narcotráfico. Así lo establece la
Constitución Política del Perú y este era el rol que debía cumplir el SIN, como ente
rector del sistema.
SIN: La sombra del poder
Pero lo que quedó confirmado el 14 de setiembre último con la difusión del video
Montesinos-Kouri fue que el asesor del SIN, Vladimiro Montesinos Torres, había convertido
a este organismo en algo totalmente distinto.
Había transformado al SIN en una especie de estado mayor político que desde la sombra
actuaba por encima de todos los poderes legales del Estado, con el aval del Presidente de
la República.
Con sus prácticas operativas policíaco-militares, el SIN se convirtió en los hechos en
una especie de policía política secreta del régimen con licencia para disponer sin
ningún control de los recursos del Estado a favor de un proyecto autoritario de largo
plazo.
De ahí que la desactivación del SIN no puede ser vista como una simple inspección
ocular.
La maquinaria de poder político y policial que se montó a su sombra debe desaparecer
totalmente. Y para eso no es suficiente que se muestren las oficinas vacías de Vladimiro
Montesinos en Las Palmas.
Cortar sus tentáculos
Es indispensable, ante todo, que se identifiquen y se corten todos los nexos de orden
político y policiaco que el SIN, bajo la gestión de Vladimiro Montesinos, montó en los
diferentes poderes del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público, poder electoral, entes
tributarios y aduaneros, policía, institutos armados y ministerios.
El órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional con las funciones que le señalaba
la Constitución debe reorganizarse con nuevo personal y con el nombre que se desee.
Pero, sobre todo, debe reconstituirse garantizando la vigencia de un sistema de control y
supervisión social que descanse fundamentalmente en el Poder Legislativo, en un Congreso
electo democráticamente.
Las partidas presupuestarias del SIN se cuadruplicaron tras el autogolpe del 5 de abril de
1992, sin contar las que se encubren en otras reparticiones públicas.
Aunque el control no sólo es necesario por motivos pecuniarios. Lo es, más que todo, por
cuestión de cultura. Aquellas prácticas perversas y corruptas contrarias a la
democracia, los derechos humanos y el interés nacional que se institucionalizaron bajo la
férula de Vladimiro Montesinos deben erradicarse.
Los funcionarios de carrera que sean asimilados al nuevo sistema de inteligencia deben ser
reeducados.
Hoy día es un secreto a voces en los predios de inteligencia que elementos como el mayor
Santiago Martin Rivas, el jefe del «grupo Colina», ha seguido prestando servicios en la
Dirección Nacional de Operaciones Sicosociales (Dinos), la misma que monitoreaba la
prensa chicha y financiaba la guerra sucia de desprestigio de los candidatos de oposición
y periodistas independientes. |