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I N F O R M E S
En mayoría y minoría, de la Comisión
Investigadora de las denuncias sobre las supuestas irregularidades en el proceso electoral
del año 2000, a las que se refieren las Mociones de Orden del Día núms. 265, 267, 270,
272, 273, 274, 276, 277 y 287.
Pasaron al Orden del Día.
A continuación, la señora PRESIDENTA sometió a consideración de la Representación
Nacional el informe en mayoría de la Comisión Investigadora de las denuncias sobre las
supuestas irregularidades cometidas durante el proceso electoral del año 2000. Asimismo,
indicó que el señor Salazar Larraín había presentado un informe en minoría.
La señora MELLADO CÉSPEDES, Presidenta de la Comisión Investigadora, presentó el
informe en mayoría indicando que lo había elaborado con el señor Urrelo Guerra y
señalando que el Pleno del Congreso, en su sesión del 26 de abril, aprobó la
conformación del referido órgano parlamentario y que éste había dado por concluida su
investigación el 20 de junio del presente año. Asimismo, después de precisar que la
base legal pertinente y la metodología empleada se encuentran en el documento alcanzado a
los señores Congresistas, enfatizó que el ámbito de la investigación se circunscribió
al contenido de las Mociones de Orden del Día aludidas y que no se admitió ningún otro
tema que no fuera el encargado por el Pleno del Congreso.
De otro lado, aludiendo al marco conceptual que sustenta el informe, manifestó que la
naturaleza de la Comisión ha permitido arribar a conclusiones sobre la base de indicios
razonables, por cuanto su labor no es de carácter judicial ni corresponde a instancias
policiales. Por último, manifestó que el señor Urrelo Guerra presentaría los
capítulos primero y segundo del informe y que ella expondría sobre el capítulo tercero,
referido a la supuesta falsificación de firmas.
El señor URRELO GUERRA, miembro de la Comisión Investigadora, inició su intervención
aludiendo a las denuncias sobre el presunto uso indebido de bienes públicos en la
campaña electoral de la Alianza Electoral Perú 2000. En tal contexto, aseveró que la
Ley Orgánica de Elecciones no contiene dispositivo alguno que prohíba específicamente
el empleo de los mencionados bienes en campañas electorales, razón por la cual aseveró
que sólo cabe que dicha situación se subsuma dentro de la figura genérica de peculado
prevista en el Código Penal.
De otro lado, detalló las diligencias realizadas sobre la denuncia de la entrega de
alimentos del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria con fines de proselitismo
político y afirmó que no existían indicios razonables de que integrantes de los
comedores populares del Cono Sur o funcionarios de la Presidencia de la República
hubieran incurrido en esta conducta respecto de los invasores de las zonas agrícolas del
distrito de Villa El Salvador. Asimismo, al puntualizar sobre las entrevistas llevadas a
cabo con el señor Edmundo Cruz Vílchez, periodista del Diario "La República"
que intervino en el reportaje que originara la denuncia sobre la presunta participación
del Servicio de Inteligencia Nacional en el financiamiento, confección, traslado,
almacenamiento o distribución de polos de la Alianza Electoral Perú 2000, informó que
la Comisión había concluido que no existía indicio razonable que avalara la versión
del mencionado medio sobre la participación del SIN en este hecho y recomendaba que se
tipifique como delito el empleo, bajo cualquier modalidad, de fondos, bienes o
instalaciones públicas en pro o en contra de una candidatura u opción política.
Prosiguiendo con su exposición, se refirió a las denuncias sobre el presunto uso
arbitrario y discriminatorio de espacios del Instituto de Radio y Televisión del Perú,
Canal 7, enfatizando que no hubo trato inequitativo o sesgado de este medio hacia otros
candidatos, en razón de que éstos no contrataron sus servicios de cobertura informativa
y que la transmisión del mitin de cierre de campaña del candidato presidente tuvo como
origen un contrato comercial legalmente válido. Del mismo modo, afirmó que no se había
probado que hubiera existido presión ni hostigamiento por parte del Gobierno o alguno de
sus organismos a los canales de televisión de señal abierta o a estaciones radioemisoras
integrantes de la Asociación de Radio y Televisión del Perú.
Por último, en relación con la denuncia sobre la presunta inclusión de miembros de la
Policía Nacional del Perú en el padrón electoral y su participación en los recientes
comicios como votantes, precisó las conclusiones a las que había arribado la Comisión
Investigadora puntualizando que se había recibido informes detallados de los jefes del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la Policía Nacional del Perú
por los cuales se ha determinado que el 99,7% de las denuncias han sido casos de homonimia
y que el 0,3% restante ya había sido depurado del padrón electoral. Sobre el particular,
señaló que la Comisión recomendaba que los medios de prensa se preocupen de constatar
en sus notas de cobertura los hechos que les son referidos y puedan elevar sus niveles de
credibilidad y profesionalismo.
La señora MELLADO CÉSPEDES inició su intervención realizando una síntesis de las
diligencias realizadas sobre la presunta falsificación de un millón de firmas en las
listas de adherentes del Frente Nacional Independiente Perú 2000, denuncia que tuvo
origen en el reportaje publicado en el Diario "El Comercio" en su edición del
29 de febrero del presente año. En tal contexto, después de detallar aspectos de la
investigación y las entrevistas y diligencias realizadas, señaló que la Comisión
Investigadora ha encontrado prueba indiciaria que demuestra la falsificación de las
mencionadas listas de adherentes e indicios razonables que permiten atribuir
responsabilidad como autores materiales del hecho al señor Carlos Rodríguez Iglesias, a
la señorita María Elena Rodríguez Iglesias, a las señoras María Elena Iglesias
Rengifo y Ericka Martínez Liñan, entre otros. Asimismo, manifestó que se había logrado
establecer la existencia de indicios razonables como autores intelectuales del delito al
señor José Daniel Chuán Cabrera -fundador y secretario general de la mencionada
agrupación política- y a los señores Luis Alejandro Navarrete Santillán y Migdonio
Bellota Viera, Regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Igualmente, enfatizó
que no existía indicio razonable que atribuyera responsabilidad ni participación alguna
del señor Congresista Oscar Medelius Rodríguez, de la señora Congresista María Jesús
Espinoza Matos, ni del señor Absalón Vásquez Villanueva en la aludida falsificación de
firmas.
De otro lado, al aludir a las diferentes personalidades e instituciones que declararon en
la Comisión Investigadora, indicó que no se había establecido prueba alguna de que la
Oficina Nacional de Procesos Electorales hubiera estado institucionalmente comprometida en
dicha situación y afirmó que era impensable que en la Ley Orgánica de Elecciones y en
las disposiciones que diera el Jefe de este organismo se hubiera podido prever la malicia
con que se ha llevado a cabo el mencionado proceso de falsificación. En tal contexto,
señaló que se había encontrado responsabilidad administrativa en el Gerente de Gestión
Electoral, señor José Cavassa Roncalla, y afirmó que la Fiscal ad hoc para Delitos
Electorales, doctora Mirtha Trabucco, no incurrió en inconducta funcional o negligencia
por la duración de su investigación de las denuncias sobre dicha falsificación, toda
vez que entregó sus resultados antes de la segunda vuelta electoral.
En seguida, relievó la cantidad de información acopiada en el informe en mayoría
indicando que las filmaciones y documentos anexos se harían llegar a la Presidencia al
término de su sustentación. Asimismo, después de dar lectura a sus conclusiones y
recomendaciones, reconoció el apoyo prestado por los trabajadores de la Comisión de
Educación en la investigación y anotó que dicha labor no había sido promovida por
interés alguno y que se buscó en todo momento salvaguardar el honor de las personas.
Finalmente, afirmó que se había tratado de aportar los mayores esfuerzos para el
esclarecimiento de los hechos y recalcó que las labores de la Comisión no tienen las
características de una investigación policial.
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Durante la anterior intervención, asumió la Presidencia
el señor Luis Delgado Aparicio
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El señor SALAZAR LARRAÍN, miembro de la
Comisión informante y ponente del informe en minoría, cuestionó que el informe en
mayoría precise la comisión del delito de falsificación de firmas sin determinar a los
responsables de este hecho. De otro lado, destacó que gracias a los informes
periodísticos de los Diarios "El Comercio" y "La República" y a las
declaraciones de los hermanos Carlos Rodríguez Iglesias y María Elena Rodríguez
Iglesias se pudo poner al descubierto esta irregularidad y, al conceptuar sobre la
gravedad y el carácter público que revisten los delitos electorales, cuestionó que la
Fiscal Mirtha Trabucco no permitiera el acceso a las listas de adherentes con firmas
falsificadas que obraban en su poder y aseveró que existía responsabilidad objetiva en
el Jefe de la ONPE, y no en sus subalternos, por no haberse cumplido con la verificación
de las firmas de las listas de adherentes tal como lo señala la Ley Orgánica de
Elecciones.
Seguidamente, luego de afirmar que en la Comisión Investigadora se había obstaculizado
algunas de sus propuestas, advirtió que el fraude cometido por el Frente Nacional
Independiente Perú 2000 en su inscripción para participar en los recientes comicios
ocasionó que se desplace de este proceso a otras agrupaciones políticas, circunstancia
que atentó contra el derecho de otros candidatos a ser elegidos. En tal sentido,
manifestó que se deben dejar sentadas las bases con el objeto de que el próximo Congreso
atienda este vacío en materia de legislación electoral.
De otro lado, demandó a la señora Presidenta de la Comisión Investigadora que se
incluya en el informe en mayoría al señor José Portillo Campbell, Jefe de la ONPE, como
responsable político de la falsificación de firmas, con inhabilitación de su cargo, y
de igual modo a la Fiscal Mirtha Trabucco, por prevaricato, al retener pruebas y dilatar
su investigación a sabiendas de que sus resultados hubieran tenido un efecto electoral.
En tal sentido, estimó que acoger esta solicitud contribuiría a mejorar la confianza de
la ciudadanía en sus autoridades políticas.
Asimismo, señaló que en el Reglamento del Congreso se alude a la búsqueda de
presunciones y no indicios en las labores de las Comisiones Investigadoras y aseveró que,
si bien que no había méritos para involucrar a los Congresistas Medelius Rodríguez y
Espinoza Matos en la investigación, lamentaba que la empresa Telefónica del Perú no
hubiera enviado la documentación que solicitó sobre el flujo de las llamadas que se
hicieran por los cuatro celulares de propiedad de la notaría del primero de los
nombrados. Finalmente, recalcó que las sanciones para el señor José Portillo Campbell y
la Fiscal Mirtha Trabucco servirían para que la ciudadanía recupere la confianza en los
procesos electorales que se lleven a cabo en el país.
El señor BARRÓN CEBREROS cuestionó que el informe en mayoría no hubiera determinado
responsables por la transmisión del mitin del cierre de campaña del candidato Presidente
Alberto Fujimori en el Coliseo Amauta por parte del Instituto Nacional de Radio y
Televisión del Perú, Canal 7. Asimismo manifestó su extrañeza por el hecho de que la
Comisión no hubiera recomendado la destitución del Jefe de la ONPE, toda vez que, en su
consideración, su ineficacia en el pasado proceso electoral puso al borde de la guerra
civil a la nación.
De otro lado, luego de lamentar que se hubiera descalificado la inscripción de algunos
movimientos políticos como el Partido Popular Cristiano y Renacimiento Andino por errores
menores en las listas de adherentes que presentaran, manifestó su esperanza de que en el
próximo Congreso el señor Absalón Vásquez no ocupe puestos de importancia en el Poder
Legislativo, toda vez que consideraba que él conocía la actuación del señor Daniel
Chuán y otros implicados en la falsificación de firmas. Asimismo, descartó que se
pretenda hacer creer, merced a la envergadura del hecho, que los responsables denunciados
por la Fiscal Mirtha Trabucco contaran con los medios suficientes para remunerar a los
falsificadores de firmas y, después de considerar incompleta la investigación realizada
por la Comisión, expresó su deseo de que el próximo Congreso sancione a los
responsables de este hecho, que en su concepto, ha dañado la imagen del Perú
internacionalmente.
El señor GAMARRA OLIVARES, después de señalar su decepción por el informe en mayoría,
ponderó el trabajo del señor Salazar Larraín y destacó la actuación de los medios de
comunicación en el esclarecimiento de los hechos, que, en su consideración, ha superado
la labor de la Comisión, a pesar de no contar con los recursos que posee el Congreso para
investigar las referidas denuncias. De otro lado, manifestó que no se había analizado de
manera exhaustiva diversos puntos, entre los cuales destacó el origen del financiamiento
de la falsificación de firmas, y cuestionó que la empresa Telefónica del Perú no
hubiera aportado la documentación que se le requirió, acto que consideró una muestra de
desprecio por la labor parlamentaria.
De otro lado, afirmó que en las conclusiones del informe en mayoría se debió haber
solicitado la aplicación del Decreto Ley núm. 25582, por el cual se conceden beneficios
a quienes, estando incursos en investigaciones, proporcionen información veraz, oportuna
y significativa que permita esclarecer delitos cometidos en agravio del Estado. Por
último, después de abundar sobre otras denuncias que en su consideración no habían
sido suficientemente investigadas, cuestionó que en las recomendaciones señaladas se
solicite la ampliación de la instrucción judicial en trámite, por cuanto en su concepto
el Congreso carece de esas atribuciones, y sugirió que se revisen dichas recomendaciones
con el objeto de no encubrir a los responsables de la falsificación de firmas.
El señor RAMOS SANTILLÁN manifestó que algunos sectores de la oposición carecen de
autoridad moral para acusar a personas dignas y honorables como el señor Absalón
Vásquez Villanueva. De otro lado, afirmó que debió ser materia de reclamo la
falsificación de la firma del señor Congresista Vidarte Correa en la lista de adherentes
para la inscripción del Partido Popular Cristiano, hecho que fuera difundido por los
medios de comunicación. En tal contexto, criticó la posición asumida por el señor
Barrón Cebreros.
Fue interrumpido por la señora FLORES NANO.
El señor ALVA ORLANDINI, tras manifestar que el volumen de la documentación presentada
por la Comisión Investigadora tiene por objeto suplir la falta de consistencia del
informe en mayoría, aseveró que el mencionado órgano parlamentario ha incurrido en el
error de recomendar la modificación de dos artículos del Código Penal referidos a la
administración de justicia y consideró una aberración jurídica que la Fiscal Mirtha
Trabucco afirmara que no estaba tipificada como delito la falsificación de lista de
adherentes, toda vez que no había necesidad de hacer un listado exhaustivo de los
documentos que pueden ser objeto de delitos contra la fe pública.
De otro lado, consideró que debía aplicarse el Artículo 46°-A del Código Penal al
Jefe de la ONPE, habida cuenta de que éste es un funcionario público que informó a
través de un documento público al Jurado Nacional de Elecciones sobre la veracidad de
las firmas del Frente Nacional Independiente Perú 2000. Indicó además que la Comisión
debería investigar si es que el señor Daniel Chuán Cabrera, a quien se ha sindicado
como coautor del delito, poseía los recursos suficientes para haber financiado el proceso
de falsificación de firmas. Finalmente, tras considerar inequitativo del uso de los
medios de comunicación social en el pasado proceso electoral en favor del candidato
oficial a la Presidencia de la República -punto sobre el cual afirmó que había
presentado el año pasado un proyecto- indicó que la Reniec no ha cumplido con
implementar el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y estimó que tanto el
proceso electoral de 1995 como el del 2000 habían sido viciados.
El señor SAMALVIDES DONGO consideró excesivo que se pretenda recortar el derecho del
Congresista Electo Absalón Vásquez Villanueva para ocupar puestos de importancia en el
próximo Congreso de la República y estimó un error de apreciación haber considerado al
señor Congresista Oscar Medelius Rodríguez como sindicado en el delito de la
falsificación de firmas, toda vez que nadie le había imputado la comisión de delito
alguno o acusado de infracción a ley penal alguna. En tal contexto, ponderó la idoneidad
y la calificación profesional del mencionado Congresista y aseveró que no existen
indicios ni pruebas testimoniales contra él ni contra el señor Absalón Vásquez
Villanueva, razón por la cual afirmó que sus declaraciones durante el proceso
investigatorio deben ser consideradas solamente como testimoniales.
Fue interrumpido por la señora TOWNSEND DIEZ-CANSECO.
La señora TOWNSEND DIEZ-CANSECO manifestó su convencimiento de que hechos como el
presente, que involucran al actual Gobierno, sólo podrán ser investigados por un
parlamento independiente y por personas que no hayan participado en la Alianza Electoral
Perú 2000. Asimismo, al considerar ilegal la postulación del actual Mandatario en los
recientes comicios, aseveró que la investigación de la Comisión devenía falsa al no
contarse con las garantías correspondientes y aludió a una serie de denuncias que no
habían sido investigadas adecuadamente, tales como las invasiones en el distrito de Villa
El Salvador, que sucedieron durante el proceso electoral. Asimismo, cuestionó que en las
recomendaciones del informe en mayoría se pretenda normar la conducta de los medios de
comunicación en su relación con las instituciones públicas.
Seguidamente, tras lamentar que no se hubiera tenido voluntad política de profundizar en
las investigaciones y aseverar que el Gobierno pretende controlar a los medios
informativos para distorsionar la verdad de los recientes sucesos, recalcó la necesidad
de fiscalizar los actos de quienes han pertenecido a la Alianza Electoral Perú 2000 y la
conveniencia de que se recupere, a través de una investigación seria y transparente, la
confianza ciudadana en las instituciones electorales.
La señora ESPINOZA MATOS, al relievar la defensa de la dignidad y la honorabilidad de las
personas, estimó que el informe en debate debería incluir en sus recomendaciones la
investigación de algunas organizaciones no gubernamentales, toda vez que el Instituto de
Defensa Legal la había calificado como mentora de la supuesta falsificación de firmas
sin tener ningún indicio o prueba sustentatoria sobre el particular y sin más argumento
que las declaraciones de algunas personas. En tal contexto, afirmó que había concurrido
a declarar a la Comisión con la voluntad de contribuir a esclarecer los hechos y
enfatizó que había quedado demostrado que no tiene ni ha tenido ninguna clase de
participación y responsabilidad material o intelectual del delito en referencia.
Asimismo sostuvo que las alusiones de terceros no pueden servir de base para acusarla y
calumniarla de manera irresponsable y afirmó que varios Congresistas presentes en la
sesión y algunos medios de comunicación han abusado de la libertad de expresión y han
dañado su honor y dignidad. Por último, después de enfatizar que el país debe seguir
avanzando por la senda del progreso y del desarrollo, afirmó que tenía su conciencia
tranquila, que no había mancillado la honra del Parlamento ni a la nación y que en su
oportunidad hará valer sus derechos legales para defender su honorabilidad.
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Durante la anterior intervención, reasumió la Presidencia
la señora Martha Hildebrandt Pérez Treviño
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El señor GRADOS BERTORINI inició su
intervención considerando que la anterior señora Congresista podrá defender al señor
Absalón Vásquez cuando sean colegas en el próximo Congreso.
En este estado, fue interrumpido por la señora ESPINOZA MATOS, quien rechazó la alusión
que le hiciera el orador.
El señor GRADOS BERTORINI continuó su alocución considerando que la referencia que
hiciera a una vinculación política no constituía agravio alguno. Asimismo, estimó que
la presentación del informe en mayoría era un agravio a la función fiscalizadora del
Parlamento y opinó que la investigación realizada por la mayoría parlamentaria era
arbitraria y pretendía defender al presente régimen. De otro lado, enfatizó que
correspondía a la labor periodística dejar al descubierto el grado de corrupción que,
en su consideración, existe en el sistema electoral peruano y manifestó su esperanza de
que el próximo Congreso realice una investigación de mayor amplitud. Finalmente,
evidenció que el Poder Judicial carece de toda confianza y felicitó al señor Salazar
Larraín por su informe en minoría.
El señor REVILLA JURADO, después de congratular tanto la presentación del informe en
mayoría de la señora Mellado Céspedes y del señor Urrelo Guerra, así como el gesto
democrático del señor Salazar Larraín por presentar un informe en minoría discrepante,
consideró que algunos Congresistas de la oposición han dado muestras de un espíritu
mezquino y señaló que gracias a los informes en referencia, la Representación Nacional
puede tener criterios objetivos para advertir que la situación descrita ha sido una farsa
montada con el único objetivo de mancillar la honra y la dignidad de altos personajes del
Gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República.
De otro lado, consideró serio y correcto el informe presentado por la mayoría
parlamentaria, toda vez que sus conclusiones establecen que hubo indicios y que no existe
prueba alguna de la falsificación de firmas y lamentó que se acusara sin fundamento a
diversas personalidades, entre las cuales destacó al señor Congresista Medelius
Rodríguez. Asimismo afirmó que la autoridad moral de su bancada estaba intacta y sostuvo
que en el próximo Congreso la oposición debe presentar las pruebas que respalden sus
acusaciones.
De otro lado, después de que él y el señor OLIVERA VEGA retiraran las expresiones que
habían considerado ofensivas recíprocamente, concluyó su intervención sosteniendo que
había aprendido de la discrepancia democrática evidenciada por algunos sectores de la
oposición parlamentaria.
Fue interrumpido por el señor GRADOS BERTORINI y la señora ESPINOZA MATOS.
El señor ESTRADA PÉREZ cuestionó que el informe en mayoría, no obstante concluir en la
comisión de un delito sin precedentes en la historia republicana, no hubiera determinado
a los responsables políticos de este atentado contra la dignidad de la nación. Asimismo,
enfatizó la obligación de que el Congreso precise a los responsables políticos a fin de
que respondan directa o indirectamente por estos delitos y consideró inadecuada la forma
de la investigación llevada a cabo, toda vez que en su consideración, había tenido las
características de un atestado policial.
En tal sentido, aseveró que no interesaba por el momento el conocimiento de los
ejecutores materiales sino la identificación de los autores intelectuales que
planificaron la falsificación de firmas. Sobre el particular, afirmó que el señor
Alberto Fujimori conocía estos acontecimientos y evidenció la necesidad de que el
Congreso señale este hecho, toda vez que formaba parte de la Alianza Electoral Perú
2000. Finalmente, solicitó que se profundice la investigación con el análisis político
de lo sucedido y recomendó que la Comisión Investigadora sea ampliada con la presencia
mayoritaria de Congresistas de la oposición.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ, después de aludir a ciertas irregularidades sobre el
último proceso electoral que han provocado la indignación popular, aseveró que no
estaba en la intención de los sectores de la oposición agraviar a alguna persona en
particular y lamentó el escaso tiempo para el debate de un tema de tanta importancia para
la vida nacional. De igual modo, consideró que el informe en mayoría contiene
contradicciones y vacíos y deploró que no se hubiera profundizado las investigaciones
con el objeto de determinar a los principales responsables de la inscripción fraudulenta
de la Alianza Electoral Perú 2000. En tal sentido, opinó que la Comisión debería
continuar las investigaciones y entregar su informe final en julio, con el objeto de que
el próximo Congreso lo debata con mayor amplitud. Finalmente, señaló que, de no
aceptarse este planteamiento, votaría en contra de la aprobación del informe en
mayoría.
La señora MELLADO CÉSPEDES, Presidenta de la Comisión Investigadora, lamentó que se
viertan acusaciones sin fundamento, en especial contra los miembros de la mayoría
parlamentaria, y rechazó las afirmaciones de quienes sostienen que no hubo voluntad para
investigar, enfatizando que no se pueden inventar cargos para acusar sin pruebas y hallar
culpables, con el objeto de agradar a los sectores de la oposición. Asimismo, señaló
que la Comisión, en razón de su naturaleza, tuvo la limitación de no poder exigir a las
personas citadas que brindaran un testimonio valedero, no obstante lo cual, señaló que
se había establecido la responsabilidad de más de 20 personas, en diferentes grados de
participación, en el proceso de falsificación de firmas.
De otro lado, recalcó que la Comisión se circunscribió estrictamente a los temas
contenidos en las Mociones de Orden del Día y que el informe tiene todos los elementos
necesarios para que los Congresistas formen su criterio en torno a las referidas
denuncias. Asimismo, consideró al señor José Daniel Chuán Cabrera como responsable
político de la falsificación de firmas, toda vez que pretendía organizar un movimiento
partidario para entrar en la contienda electoral, y reiteró que existen indicios de la
comisión de este delito.
En tal contexto, luego de cuestionar que se le hubiera pretendido presionar con el objeto
de acusar a personas sobre quienes no se tenían indicios de culpabilidad alguna, señaló
que el informe fue elaborado sin influencia de ningún tipo y que los Congresistas poseen
libertad de conciencia y no están sujetos a mandato imperativo. Finalmente, después de
deplorar que los ponentes de las Mociones que dieron origen a la investigación no
hubieran alcanzado a la Comisión las pruebas que sustentaran sus denuncias, agradeció la
confianza que le confiriera el Congreso para integrar dicho grupo de trabajo.
En este estado, el señor ESTRADA PÉREZ precisó que durante su intervención había
planteado como Cuestión Previa que el informe vuelva a Comisión para que se profundice
la investigación, con el objeto de determinar a los responsables políticos.
Acto seguido, se comprobó por medios electrónicos la presencia de 58 Parlamentarios.
Consultado el Pleno, fue rechazada la Cuestión Previa, por 38 votos en contra, 16 a favor
y una abstención.
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VOTACIÓN DE LA CUESTIÓN PREVIA DEL
SEÑOR ESTRADA PÉREZ
SEÑORES CONGRESISTAS QUE VOTARON EN
CONTRA:
Amorín Bueno, Amurúz Gallegos, Blanco Oropeza, Campos Baca, Delgado Aparicio, Díaz
Bringas, Espinoza Matos, Ezquerra Cáceres, Fernández Bustinza, Flores Flores, Gutiérrez
Mercedes, Hermoza Ríos, León Trelles, Lozada de Gamboa, Martorell Flores, Matsuda
Nishimura, Mellado Céspedes, Muñiz Ziches, Pando Pacheco, Patsías Mella, Quicaña
Avilés, Ramos Santillán, Revilla Jurado, Reynafarje Abensur, Rodas Díaz, Ruiz Dávila,
Samalvides Dongo, Sánchez Vega, Sato Abe, Siura Céspedes, Umezawa Yokoyama, Urrelo
Guerra, Vargas Marín, Vega Ascencio, Vicuña Vásquez, Vidarte Correa, Vílchez Malpica y
Villasante Chambi.
SEÑORES CONGRESISTAS QUE VOTARON A FAVOR:
Alva Orlandini, Barrón Cebreros, Breña Pantoja, Cáceres Velásquez, Coral Pérez,
Estrada Pérez, Fernández Baca de Valdez, Flores Nano, Gamarra Olivares, Ghilardi
Álvarez, Grados Bertorini, Guerra-García Cueva, Olivera Vega, Salazar Larraín, San
Román Cáceres y Townsend Diez-Canseco.
SEÑOR CONGRESISTA QUE SE ABSTUVO:
Chiroque Ramírez.
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En estas circunstancias, estando en
votación el informe en mayoría de la Comisión Investigadora presidida por la señora
Mellado Céspedes, la señora PRESIDENTA dijo que no se podía abandonar la Sala en el
momento de la votación y dispuso la lectura de la parte pertinente del Artículo 56° del
Reglamento del Congreso.
Previa lectura de dicho dispositivo, votaron en favor del informe en mayoría 39 señores
Congresistas, ocho en contra y sin abstenciones.
De inmediato la señora PRESIDENTA, luego de expresar que el informe quedaba al voto,
manifestó que se tomaría nota de los Congresistas que abandonaron la Sala contraviniendo
el Reglamento y que se presentaría el problema al Consejo Directivo.
Después de lo cual, se levantó la sesión.
Eran las 22 horas 36 minutos. |