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Acabar con la dictadura del
fuji-montesinismo plantea el desafío de afirmar una vocación democrática que haga gala
de superioridad moral y jurídica. Lograrlo implica dar plena vigencia a los valores
fundamentales de la verdad y de la justicia, que son pilares insoslayables de una
sana democracia y requisitos para una posterior reconciliación nacional. Mas, en
el contexto de transición política que ahora afronta el Perú, los valores de la verdad
y de la justicia tienden a entrar en conflicto. Eso plantea la necesidad de procurar
soluciones creativas que se inspiren en las experiencias de otros países que han
afrontado similares retos.
Ningún proyecto democrático puede afirmarse allí donde la verdad se retacea y la
justicia se oferta al mejor postor o al poder de turno. En la hora actual no basta con
someter a la justicia judicial a los protagonistas de esta década de oprobio. Debido a
los rigores protectores del derecho penal, aparentemente muchas de las graves
transgresiones del fuji-montesinismo no serían justiciables o se carecería de
suficientes elementos probatorios para garantizar la sanción de los autores. Y aun si
existiesen pruebas, poca confianza puede tenerse en una judicatura servil y corrupta.
¿Pero significa esto que los peruanos debemos quedarnos cruzados de brazos
atestiguando un nuevo episodio de enfermante impunidad? ¡De ningún modo! Debemos
exigir el respeto de nuestro derecho a saber la verdad. ¿Cómo es que se llegó a una
situación de tanta infamia y abuso? ¿Quiénes son los autores y cómplices de ello?
¿Quiénes se han beneficiado y malversado dineros públicos para montar ese andamiaje de
soplonaje, intimidación y prostitución periodística? ¿Quiénes frecuentaron o
visitaron las siniestras oficinas del SIN, o aceptaron sus contaminadas canastas
navideñas u otras prebendas? ¿Qué resortes se activaron para coartar la libertad de
expresión e intimidar a periodistas? ¿Cuáles son los miles de nombres registrados en
sus planillas?
Tenemos que informarnos sobre situaciones precedentes que de modo directo o mediato
coadyuvaron al desenvolvimiento perverso del fuji-montesinismo. Al fin y al cabo, el
espionaje político por parte de los servicios de inteligencia castrenses no es invención
suya, sino que se ha practicado en el Perú desde décadas atrás. Mucho más importante
aun es generar en la sociedad peruana un proceso de reflexión sobre el proceso de
violencia política de las dos últimas décadas y sobre la derrota de la
subversión, pues hasta ahora sólo hemos conocido la versión limitada y sesgada del
fuji-montesinismo. Esto último es importante para conjurar los demonios de nuestro pasado
e impedir que intenten renacer.
La acumulación de todos esos elementos plantea la necesidad de generar consenso entre
todas las fuerzas democráticas para establecer mecanismos de justicia transicional;
complementos institucionales de la forma tradicional de administrar justicia, que es la
judicial. Contemporáneamente, las sociedades que deciden cerrar el capítulo del
autoritarismo y se enrumban hacia la democracia requieren cumplir con sus obligaciones
morales y jurídicas de investigar los hechos anteriores de corrupción y violación de
derechos humanos, así como de sancionar cuando sea posible a los perpetradores. Como nos
lo recuerda el ex presidente sudafricano Nelson Mandela, rasgo común en tales escenarios
es "la búsqueda de un proceso político que logre la justicia, así como también la
estabilidad social y la reconciliación". La justicia transicional no intenta
sustituir a la justicia judicial -que debe ser empleada latitudinalmente para investigar,
esclarecer y sancionar cuando corresponda- pero se erige como un complemento ante sus
insuficiencias.
En las últimas décadas, diversos modelos procedimentales de comisiones de la verdad se
han experimentado en el ámbito internacional.
Al Perú se le plantea ahora la necesidad urgente de constituir una Comisión de la Verdad
integrada por personalidades con las más altas credenciales morales e intelectuales para
que, equilibradamente y sin revanchismos, investigue el legado oprobioso del
fuji-montesinismo, recoja testimonios de colaboradores arrepentidos y presente a la
ciudadanía un informe explicativo y recomendaciones. La Comisión de la Verdad debiera
convertirse en importante medio de pedagogía y terapia social. Nada explica mejor el
objetivo último de una Comisión de la Verdad como el título del llamado Informe
Sábato, producido para investigar las atrocidades de la última dictadura en Argentina:
"¡Nunca más!"
Dada la gran legitimidad que ha sabido adquirir la gestión de la Defensoría del Pueblo,
Jorge Santistevan debiera ser convocado para presidir la Comisión de la Verdad. Para el
cumplimiento de sus labores, esta instancia de justicia podría contar con la asistencia
técnica de la CIDH y de otras entidades internacionales.
Se trata que nos demos a nosotros mismos la oportunidad de maduración histórica para que
jamás volvamos a repetir esta aciaga experiencia de infraternidad, corrupción, abuso e
intimidación. Se trata también de no ceder ante la impunidad del silencio y de las
verdades a medias y de legar a las generaciones futuras un testimonio franco de nuestros
yerros. La verdad, la justicia y la reconciliación pueden encontrar fecunda convergencia
en esta propuesta.
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(*) Catedrático de Derecho, American University (Washington, D.C.)
OSCAR SCHIAPPA-PIETRA (*)
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