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FRANCESC RELEA
ENVIADO ESPECIAL, Lima
Junto a San Juan de Lurigancho, un superpoblado barrio de Lima pobre de solemnidad, de calles
polvorientas y modestas casas, se levanta el penal de máxima seguridad de Castro-Castro. Ochocientos
presos condenados por terrorismo y traición a la patria se hacinan en los
pabellones de esta cárcel, que exhibe las huellas de abundantes motines y acciones de protesta. Sus condiciones de reclusión son
similares a las de los otros 2.000 presos de las organizaciones Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) diseminados en centros penitenciarios peruanos. El problema
carcelario es un legado del anterior régimen que provoca grandes quebraderos de
cabeza al Gobierno provisional.
"Hemos encontrado el sistema penitenciario totalmente colapsado", dice Diego García Sayán, ministro
de Justicia. "Con Fujimori, la población penal aumentó un 50% y no aumentaron los recursos ni las
instalaciones penitenciarias. Se produjo una sobrecriminalización y hoy más de la
mitad de los reclusos cumplen penas de 15 años o más. Esta olla a presión que hemos heredado es algo que difícilmente tiene
respuestas en lo inmediato".
Uno de los primeros pasos que dio el nuevo Gobierno en noviembre pasado fue flexibilizar el régimen
penitenciario, que según el ministro "era medieval". Antes, los presos sólo podían recibir visitas
de familiares directos. Ahora, un simple amigo puede entrar en la cárcel, las celdas permanecen abiertas la
mayor parte del día y los internos tienen libertad de movimiento por los pabellones. Son mejoras
mínimas que saben a gloria, después de vivir en condiciones infrahumanas durante largos años.
Para entrar en Castro-Castro hay que cruzar puertas blindadas y rejas, dejar las huellas dactilares y
someterse a una minuciosa revisión de los policías que se ocupan de la seguridad de la cárcel. Cuando
el visitante pasa el último control, sus brazos están repletos de marcas
e inscripciones que certifican su ingreso en el centro penitenciario. En el pabellón de los presos de Sendero Luminoso, Camilo Varas, uno
de los dirigentes en el penal, da la bienvenida al visitante. Educado, de
aspecto intelectual, este psicólogo desgrana pausadamente los problemas de los presos. A diferencia de las dependencias de los
presos comunes, el pabellón senderista está impecable. Es el fruto de una organización que conserva
las normas de funcionamiento de antaño, con un respeto irrestricto a los dirigentes y, por encima de
todos, a Abimael Guzmán, venerado como el presidente Gonzalo.
Entre los miles de condenados por terrorismo y traición hay personas inocentes que fueron condenadas
injustamente. En los tres meses que lleva el Gobierno provisional, el ministro de Justicia ha firmado unos
50 indultos . "Creo que podemos indultar a unos 200 condenados hasta que entreguemos el poder ,
además de unos 300 que se consideran beneficiados por la ley de arrepentimiento, al haber
proporcionado información, y que no han recibido las compensaciones".
El origen del endurecimiento de la vida en las cárceles se remonta a mayo de 1992. Después del
autogolpe del presidente Fujimori, el Gobierno aprobó un paquete de leyes de emergencia, que concedió
poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, al margen de todo control judicial. Así describe
aquella experiencia el preso liberado en los últimos meses Yehude Simon: "Cada minuto que pasaba
parecía una inacabable hora. Prohibida la lectura, la escritura, el trabajo,
parecíamos seres del mundo vegetal. La visita familiar era una vez al
mes por un máximo de 30 minutos. La visita de los hijos menores, el mismo tiempo pero cada tres meses". Las leyes especiales acabaron con
el terrorismo, pero los derechos humanos de muchos fueron violados sin pudor. Las cárceles se llenaron de obreros,
campesinos, estudiantes, comerciantes y profesores que fueron condenados en juicios relámpago a
penas durísimas. La paz llegó a Perú, pero las heridas de la guerra siguen abiertas en muchos hogares.
La mayor pantomima de la justicia antiterrorista la protagonizaron los jueces sin rostro, que estuvieron en
acción hasta hace dos años. "No eran un procedimiento para juzgar, sino para condenar", recuerda el
padre Hubert Lanssiers, artífice de la lucha a favor de presos inocentes. Eran jueces especializados en
otras materias, que nunca habían visto delitos de terrorismo. El acusado y su defensor no veían
a nadie. "Las sentencias estaban escritas de antemano".
El 1 de octubre de 1996 salieron los primeros indultados: tres periodistas. En sus tres años y medio de
existencia, la Comisión Ad-hoc estudió 3.225 casos individuales y recomendó el beneficio
presidencial en 535 casos. Hasta la fecha, 502 presos han sido indultados. A estas cifras hay que añadir las 606
absoluciones dictadas por el poder judicial. En total, más de 1.100 liberados en
los últimos cinco años. "Seguiremos hasta el final", reitera el padre Lanssiers. "Quedan inocentes. Por ello sigo trabajando por
su libertad".
Para abordar, con voluntad de reparación, las heridas de dos décadas de violencia irracional, está en
marcha la discusión de una Comisión de la Verdad. "Queremos un debate nacional para avanzar hacia la
reconciliación, sobre la base de una política de reparaciones a favor de las víctimas de la violencia",
reclama el titular de Justicia.
Qué piden los presos
Los objetivos de los presos se resumen en dos.
Por una parte, la amnistía general, "para permitir la reconciliación nacional". Según el ministro de
Justicia, García Sayán, "a la larga, la amnistía será una pieza de la reconciliación. Pero primero requiere
un proceso de identificación de responsabilidades para que el perdón se dé en un país más preparado.
Los mismos dirigentes de Sendero Luminoso no plantean la amnistía como algo inmediato. Ése es un
asunto que este Gobierno no tiene en agenda, porque las condiciones no lo
permiten".
El segundo objetivo de los reclusos es el cierre de la base naval del Callao, donde cumple cadena
perpetua Abimael Guzmán. "Personalmente siempre he estado en desacuerdo con que tribunales
militares juzguen a civiles y con el mantenimiento de recintos militares para presos
civiles", asegura el ministro. "Sin embargo, la condición de transitoriedad de nuestro Gobierno y la crisis política de la que
surgió hacen que nuestra agenda sea muy restringida. Si ahora tomáramos una decisión de esta
naturaleza, introduciríamos un tema de discordia y de grandes críticas en un sentido u otro".
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