La Nacion
Por Eduardo Amadeo
Argentina, 8 de noviembre del 2000

El FMI y la pobreza

EN un artículo publicado en La Nación el 26 de octubre, Vito Tanzi intenta revindicar el papel que le ha cabido al Fondo Monetario Internacional en la reducción de la pobreza. Es un esfuerzo importante porque se trata de cambiar tanto una imagen instalada en el imaginario popular cuanto las críticas que provienen del mundo académico. Y para ser consecuentes con una figura de la talla del doctor Tanzi, es necesario analizar el tema con el mayor rigor posible. Ni el FMI es una institución caritativa ni responde a la imagen cruenta y conspirativa que se le atribuye a veces desde el discurso político. El Fondo se ha ganado una imagen negativa por variadas razones, entre las que sobresalen las intervenciones tardías que aceleran las crisis -como lo repite habitualmente Paul Krugman- y el rechazo generado por los efectos inmediatos de las necesarias políticas de ajuste macroeconómico, que han sido condenadas, erróneamente, como la madre de todas las desgracias. El antipático papel de revisor periódico de las cuentas que cumplen los funcionarios del FMI ha contribuido a bajar su popularidad. Por eso, intentando ser ecuánime, creo que en los argumentos de Tanzi hay verdades y carencias.

El FMI ha sido tal vez el abogado por excelencia de una economía sana. Y es cierto que la estabilidad ayuda a los más pobres, y que obviamente una buena macroeconomía es condición de estabilidad. También es cierto que el ordenamiento económico ha ayudado a disminuir (aunque no lo suficiente) la volatilidad de nuestras economías, que afecta especialmente a los más pobres. Y tiene razón el doctor Tanzi cuando dice que el crecimiento es la condición necesaria para cualquier política social y que en general los países aumentan más que proporcionalmente su inversión social cuando crecen.

Pero, si el FMI realmente quiere tener una visión profunda del tema de la pobreza, es también necesario que amplíe su perspectiva y reflexione sobre algunos errores que ha cometido en el pasado.

Un tema de frecuente discusión con los funcionarios del Fondo ha sido el manejo del gasto social en las crisis. En esos momentos, sube más que proporcionalmente el número de pobres, y su recuperación posterior es más lenta. Algunos estudios demuestran que por cada uno por ciento de caída del PBI, se necesita después el 2,5 por ciento de aumento para volver a la misma situación que antes en los sectores de menores ingresos. Estas personas de menores ingresos sufren inmediatamente el desempleo, se ven obligadas a liquidar prematuramente sus escasos activos y hasta afectan el capital social de la familia con el abandono temprano de la escuela por los más jóvenes.

Posición dura

Por eso, y para evitar que se acumule el daño, el gasto social debería aumentar o, al menos, mantenerse constante aunque haya recortes en otras áreas del Estado. El FMI tuvo en este terreno una posición tradicionalmente dura y sólo en 1997 pudimos negociar que las "redes de seguridad social" tuvieran un tratamiento preferencial dentro del presupuesto. Pero su posición en este terreno no es definitiva, como en cambio sí lo es la del Banco Mundial, y sería bueno que el FMI tuviese una perspectiva más cercana a la del Banco e incentivara la creación de fondos sociales anticíclicos, como ya lo ha hecho para el sistema financiero.

Otro terreno en el que el Fondo ha tenido una posición demasiado superficial es el del mercado laboral. El paradigma de "ordenamiento macroeconómico más flexibilización igual a crecimiento y equidad" no ha funcionado así. El mercado de trabajo está fracturado en dos mercados, uno "exitoso" y el otro marginal, que explican en alto porcentaje la inequitativa distribución de los frutos del crecimiento durante la última década. El paradigma simple, entonces, no alcanza y requiere una mirada más compleja y aceptar la posibilidad de intervenciones del Estado para compensar las diferencias en productividad y capital humano que están causando tanta pobreza.

Finalmente, el Fondo debería repensar sus propuestas para la privatización y el ordenamiento de sistemas sociales, como la salud y la previsión social. No hay duda de que la eficiencia del sistema es vital y tiene de por sí un efecto social importante, pero las reformas no pueden ignorar otras variables que resultan relevantes para el equilibrio general, como la universalidad y la solidaridad. En un marco de alto desempleo y problemas sociales, estos sistemas deben asegurar acceso a todos y financiamiento diferencial en función de capacidades, lo que implica mecanismos de redistribución interna. Con estas características, contribuirán a moderar las tendencias inequitativas que se han presentado hasta ahora en nuestras economías.

Un modelo de apertura y globalización necesita instituciones financieras multilaterales adecuadamente capitalizadas, entre otras razones para disminuir la volatilidad de las economías, que ha demostrado tener efectos devastadores sobre los más pobres. Pero también es necesario que estas instituciones, como el FMI, tengan una visión más compleja y cuidadosa de los efectos de sus decisiones sobre la cuestión social.

El autor fue secretario de Desarrollo Social.