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En el año 2001, el Poder Judicial
peruano abrió proceso judicial y ordenó
la captura nacional e internacional del ex-presidente
Alberto Fujimori, así como el embargo inmediato
de sus bienes.
Tras ser acusado constitucionalmente ante el Congreso,
en su calidad de ex presidente, Fujimori fue denunciado
por el Ministerio Público y el Poder Judicial
decidió iniciar la investigación judicial
en dos casos en donde existen cargos concretos contra
él. El primero por delito de homicidio calificado,
lesiones graves y desaparición forzada por las
matanzas de Barrios Altos y La Cantuta; mientras que
el segundo, por delito de Peculado, Falsedad Ideológica
y Asociación Ilícita para Delinquir.
En los casos La Cantuta y Barrios
Altos, los hechos revelan la desaparición forzada
y posterior homicidio de nueve estudiantes y un profesor
de la Universidad La Cantuta, así como el homicidio
calificado de quince personas en la zona Barrios Altos.
Se trata de delitos internacionales susceptibles de
penalización universal.
Asimismo, en ambos se demuestra que,
como parte de una estrategia en la lucha contra la subversión,
Alberto Fujimori estableció una política
encubierta de violación sistemática de
derechos humanos. Con tal fin, se constituyó
un comando de aniquilamiento integrado por efectivos
militares, quienes se autodenominaron "Grupo Colina",
bajo el mando directo del ex asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, órgano
que dependía directamente de la Presidencia de
la República. De ahí que Fujimori tiene
responsabilidad penal por contar con dominio de la voluntad
sobre los ejecutores directos de los crímenes,
el "Grupo Colina".
En esta sección brindamos mayor
detalle sobre los casos anteriormente señalados,
así como sobre otros ocurridos durante su período.
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