CASO GLOBAL PUNO

Ayuda Memoria: Caso Global Puno

En la madrugada del 17 de octubre de 1996, tres miembros del Ejercito Peruano colocaron cargas explosivas frente al local de Global Televisión y Radio Samoa de Puno, poniendo en peligro la vida del personal que laboraba en dichas empresas.

Antecedentes:
El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) elaboró y aprobó la ejecución del denominado “Plan Narval” que tuvo por objetivos infiltrar a sus agentes en diferentes organismos del Estado con el fin de tomar su control, vigilar la conducta de sus funcionarios y actuar sobre la población, así como amedrentar a los medios de comunicación opositores al gobierno de Alberto Fujimori.

El atentado contra la filial de Global Televisión en Puno se produjo porque esta estación retransmitía el programa de César Hildebrandt, frontalmente opuesto al gobierno de Alberto Fujimori. Además, se quiso amedrentar en esa misma ciudad a Radio Cultura, al ahora congresista Jonnhy Lescano, al ex diputado Alberto Quintanilla y al vocal de la Corte Superior de Puno, Guido Gallegos.

En abril de 1996 fueron destacados a la Dirección de Inteligencia de la Cuarta División de Infantería del Ejército de Puno, el Técnico de Tercera EP Ángel Felipe Sauñi Pomaya, agente de inteligencia operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que habría integrado el grupo paramilitar “Colina” y que utilizaría el seudónimo de “Inca”, el Sub Oficial de Segunda Luis Felipe Barrantes Yáñez y el Sub Oficial de Segunda EP Favio Urquizo Ayna.

El 11 de setiembre de ese año, Ángel Felipe Sauñi Pomaya y Luis Felipe Barrantes Yáñez, por disposición del Ejército, ingresaron a trabajar de manera encubierta en el Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Moquegua-Tacna-Puno. El primero como asistente de cómputo de la Presidencia de la Región y el segundo como fotógrafo de la Oficina de Relaciones Públicas.

Desde el 17 de setiembre, Sauñi y Barrantes realizaron varias reuniones con el asesor legal de la Región, Ethel Guido Mendoza Bernardo, en su oficina, quien les manifestó que existían diversos medios de comunicación que criticaban la labor del Gobierno Regional, en especial se refirió al periodista Machaca y a Mariano Portugal Catacora, Gerente de Radio Samoa y Global Televisión. Precisamente, este último medio retransmitía el programa conducido por César Hildebrandt, frontalmente opuesto al gobierno de Alberto Fujimori.

Mendoza Bernardo les propuso que cometan un atentado contra Global Televisión y Radio Samoa, cosa que aceptaron los militares, acordando un pago de 200 dólares que se requería para obtener el material explosivo, dinero que Mendoza les entregó al día siguiente y que se encargó de obtener de los propios fondos del Gobierno Regional. También les propuso atacar físicamente a Mariano Portugal y al periodista Machaca.

El Sub Oficial Barrantes Yánez obtuvo los explosivos en el Cuartel de Puno y la mecha y los fulminantes en el Cuartel Militar de Huancané. Todo el material fue guardado en la oficina de Barrantes, en el segundo piso de la Cuarta División de Infantería del Ejército. En la noche del 16 de octubre se prepararon las tres cargas explosivas a utilizar para el atentado, dejando en la oficina más de 190 cartuchos de dinamita que sobraron y que halló la Policía al momento de realizar el registro.

El 17 de octubre de 1996, a la 1:30 am. aproximadamente, Sauñi, Barrantes y Urquizo dejaron las cargas explosivas en tres frentes del local de Global Televisión, preparadas para explotar seis minutos después, dirigiéndose luego al Ovalo Laykakota, para luego dispersarse. Producto del atentado se puso en peligro la vida e integridad personal del personal de ambas empresas que residen allí, así como de los vecinos del local de Global Service y Audio Samoa, cuyas propiedades sufrieron daños en diverso grado por efecto de la onda expansiva.

Luego del atentado, Mendoza Bernardo se acercó a las oficinas de Global Televisión. El propósito era evitar que las sospechas recayeran en él. Sin embargo, el 6 de noviembre los autores del atentado fueron detenidos. También fue capturado Mendoza Bernardo cuando estaba a punto de abandonar la ciudad de Puno.

La investigación:
Al día siguiente, el 7 de noviembre, el fiscal provincial, Octavio Cortez Marino, formuló denuncia por delito contra la Seguridad Pública y contra el Patrimonio. Sin embargo, el Dr. Boris Espezúa Salomón, juez suplente que también se desempeñaba como asesor legal del Programa de Riego y Drenaje del Gobierno Regional, y que debió excusarse de ver la causa, debido a que tenía relación con una de las partes, dictó orden de detención contra los autores materiales, pero contra Guido Mendoza Bernardo sólo dictó orden de comparecencia (luego éste fugaría).

Al retomar su cargo, la juez titular detectó las irregularidades y dictó un nuevo auto apertorio de instrucción disponiendo la detención de todos los inculpados, incluido el abogado Ethel Guido Mendoza Bernardo, quien les había ofrecido a los coinculpados cinco mil dólares para que se autoinculpen así como trabajo para sus familiares.

Durante su instructiva, el Sub Oficial Favio Javier Urquizo Ayma señaló que se tenía un plan para atentar contra otros medios de comunicación, entre ellos Radio Cultura. Por su parte, Luis Felipe Barrantes Yáñez señaló que el objetivo del atentado fue amedrentar a los medios de comunicación que hablaran mal del Gobierno Regional. Sin embargo, el 23 de enero de 1998, la Corte Superior de Puno absolvió a todos los inculpados del delito de terrorismo.

El 2 de setiembre de 1998, la Corte Suprema declaró nula la sentencia y ordenó un nuevo juicio contra los inculpados, proceso al que no se presentaron Sauñi, Barrantes y Mendoza. Sin embargo, Urquizo Ayma y Mendoza Bernardo fueron capturados posteriormente.

El 11 de febrero del 2002, la Sala Corporativa Nacional de Terrorismo, Organizaciones Delictivas y Bandas, presidida por el vocal Marcos Ibazeta, absolvió y dispuso la libertad de los acusados Ethel Guido Mendoza Barnardo, los ex agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que proveyeron a Urquizo Ayma de la dinamita, Miguel Guzmán Castillo y Enrique Guzmán Tanta, y el suboficial del Ejército, Víctor Sullunchuco.

Asimismo, sólo condenó a 6 años de prisión al ex-agente del SIE, Favio Urquizo Ayma, a pesar que la ley contra el terrorismo establece cadena perpetua para quienes participan directamente en atentados dinamiteros o una pena mínima de 20 años para quienes colaboran con organizaciones terroristas. Quedaron en suspenso las condenas contra Luis Felipe Barrantes Yáñez y Ángel Sauñi Pomaya, quien sería capturado después.

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