Resumen: Resume los casos de presos inocentes acusados de terrorismo que fueron procesados y sentenciados injustamente y sin las debidas garantias del debido proceso. La labor de APRODEH y la gestión de la Comisión Ad Hoc de Indultos permitió que algunos de ellos sean indultados por el anterior gobierno, sin embargo resalta que todavía hay presos inocentes en las cárceles. Asimismo, incluye estadísticas acerca de las solicitudes de indulto presentadas a la Comisión y la  legislación respecto a este tema.

Antecedentes y procedimientos realizados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Cayara, comunidad ayacuchana en donde fueron asesinadas alrededor de 30 personas, además de los testigos del hecho, por miembros de las Fuerzas Armadas, como acto de venganza, debido a que un convoy militar fue atacado cerca del poblado por miembros de Sendero Luminoso, el 13 de junio de 1998. Las investigaciones realizadas por el fiscal Carlos Escobar demostraron la responsabilidad del ejército en el hecho, pero el Gobierno alegó que el mencionado fiscal se atribuyó funciones que no le correspondían por lo que mantuvo impune este hecho. El caso fue asumido por la CIDH, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo archivó debido a que se habían transgredido ciertos procedimientos requeridos para aceptar la denuncia.

Texto basado en el trabajo de investigación del antropólogo Andres Chrinos titulado

¿Acaso somos perros? que recoge testimonios quechuas traducidos al español referidos a una caravana militar dirigida por un teniente del Ejército apodado "El Negro" que emprendió una expedición punitiva desde la base de Antabamba, en Apurímac y que recorrió pueblos y comunidades de esa zona de la provincia cusqueña de Chumbivilcas , dejando a su paso una estela de dolor y muerte. La investigación concluye que el racismo ha sido un factor preponderante en la lucha antisubversiva y determinó la política de desaparaciones en la población andina.

Extracto del Informe Anual 1998 de la CIDH, referido a casos presentados contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos. La CIDH determinó que el caso del General ( r ) Rodolfo Robles (caso No. 11137) sea admitido para ser derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que los casos de Armando Amaro Condor, Luis Ortiz y Hugo Muñoz (11045), Tribunal Constitucional (11760), Leonor La Rosa (11756), Marco Ambrosio Concha (11182) y Pedro Huilca (11768) fueron declarados admisibles.

"...Informe No. 5699 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y referencia de los informes No. 51/99, 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 57 /99"
Refiere a los 7 casos, que agrupan a 65 personas desaparecidas, admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de abril de 1999. Señala que estos casos se produjeron entre 1989 y 1993 y en los departamentos de Lima, San Martín, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Huánuco y Ucayali, y en todos la CIDH concluye que existió "una política oficial de desaparaciones" desde el proceso de detención de las víctimas hasta la tortura y ejecución extrajudicial de los detenidos, pasando por la negativa oficial de las detenciones.