Conmemorando el 25 de noviembre, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) se suma a las acciones mundiales que demandan la no violencia contra la mujer y exigen justicia para todas las mujeres peruanas que han visto vulnerados sus derechos.
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En la actualidad, las numerosas denuncias por violencia familiar, maltrato psicológico, abuso sexual, entre otras formas de violencia, dan cuenta de la persistente vulneración a los derechos que afectan a miles de mujeres peruanas. Según información proporcionada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, cada treinta días nueve mujeres son asesinadas en Perú por violencia familiar o sexual; cada hora doce mujeres son víctimas de violencia doméstica, tres de maltrato psicológico y una de abuso sexual. En el 84% de los casos de violencia familiar reportados, las víctimas son mujeres entre 18 y 50 años.
Si comparamos la situación actual con algunas de las conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre este tema, podemos encontrar dramáticas similitudes. En el Perú, la mujer sufrió una violencia diferenciada, denominada “violencia de género”, por el solo hecho de ser mujer. La CVR describió que miles de mujeres fueron víctimas de desnudos forzados, tocamientos indebidos, violación sexual, embarazos forzados, entre otras formas de violencia sexual, por parte de agentes estatales (Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) como por miembros de las organizaciones terroristas. A ello debe agregarse que las mujeres más excluidas y discriminadas, pertenecientes a las zonas rurales más pobres y alejadas del país, son las que sufrieron con mayor intensidad estas formas de violencia.
En ese sentido, se puede afirmar que la violencia sexual durante este periodo –especialmente en su modalidad de violación sexual– constituyó un crimen de lesa humanidad por su carácter sistemático y/o generalizado; una violación de derechos humanos y un crimen internacional.
Al respecto, APRODEH llama la atención sobre la ausencia de avances significativos en materia de justicia y reparación para las mujeres que sufrieron la violencia durante el conflicto armado interno. Hasta la fecha no solo no existen sentencias condenatorias por casos de abuso y violencia sexual, sino que diversos casos denunciados se encuentran aún en etapa de investigación fiscal porque el Ministerio de Defensa se niega a informar la identidad de los oficiales que estuvieron a cargo de patrullajes y bases militares en periodos determinados donde hubieron ese tipo de situaciones. Lo poco avanzado se ha dado, en gran medida, gracias a las denuncias de valientes mujeres quienes venciendo sus temores internos, familiares y sociales han decidido dar a conocer los hechos.
En la actualidad, las mujeres que sufrieron el horror de la guerra y aquellas que sufren la violencia en su vida cotidiana aguardan por justicia desde el silencio provocado por la vergüenza, el miedo y la desconfianza en las entidades estatales. Desde APRODEH instamos a las autoridades nacionales a unir esfuerzos para que esta situación cambie, a implementar políticas de prevención de la violencia y de educación en derechos humanos, a fin de garantizar el real y efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres en libertad, equidad y justicia.
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