La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Peruano la adopción de medidas cautelares en favor del padre Marco Arana, la directora de GRUFIDES Mirtha Vásquez y miembros de dicho organismo, a fin de garantizar su vida e integridad, luego de ser víctimas de reglaje por su oposición a la explotación minera de la empresa Yanacocha, en Cajamarca.

Como se recuerda, en noviembre de 2006, fue descubierto el plan de espionaje contra la ONG ambientalista GRUFIDES, a cargo de la empresa de seguridad C&G que habría sido contratada por Yanacocha, así como la realización de una serie de amenazas. Por estas razones, los integrantes de GRUFIDES solicitaron garantías para sus vidas.

El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, señaló que con esta solicitud, la CIDH reconoce la difícil situación que atraviesan los defensores de derechos humanos, especialmente las organizaciones que luchan por la defensa del medio ambiente en el Perú.

“Para la CIDH está claro que las personas que luchan por la explotación minera, en el marco del respeto por los derechos humanos, están en peligro ya que el Estado no les brinda protección”, sostuvo.

Jugo precisó que la CIDH ha pedido al gobierno peruano que cumpla con una serie de medidas. Asimismo, ha señalado que cada 15 días realizará un monitoreo de estas acciones. “Esperamos que el gobierno, ante esta solicitud, se sensibilice y responda a la obligación que tiene de garantizar las actividades de los defensores de los derechos humanos, tal como en este caso lo constituyen los defensores del medio ambiente que integran GRUFIDES”, agregó.

A su vez, Mirtha Vásquez recordó que el Estado brindó un efectivo policial al Padre Marco Arana, pero, la protección no alcanzó al resto del personal que también se había visto afectado, tal como en su caso ya que, en su condición de directora de GRUFIDES, recibió la mayor cantidad de amenazas.

Wilfredo Ardito, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH, señaló que esta medida cautelar es sumamente oportuna en momentos en que precisamente se denuncia cómo algunas empresas transnacionales mineras compran información de organismos de inteligencia del Estado para uso propio.

“Últimamente se ha anunciado que algunas transnacionales como Repsol-YPF y Doe Run estarían comprando información proveniente efectivos de la Marina en relación a organizaciones ecologistas o ambientalistas. A nosotros nos parece sumamente preocupante este tipo de relaciones, como también que las instituciones que llevan a cabo acciones de defensa del medio ambiente sean sujetas a vigilancia por parte de organismos de inteligencia. Es importante que las medidas cautelares hayan sido dispuestas cuando existe una ofensiva de algunos medios de comunicación que buscan estigmatizar al padre Marco Arana, a Mirtha Vásquez y al personal de GRUFIDES como antimineros y violentistas; lo cual puede generar nuevamente algún tipo de peligro”, acotó.

Ardito recordó el caso de un dirigente rondero, que se oponía a Yanacocha y que fue asesinado por sicarios, hace 6 meses en Yanacanchilla. Esta situación ha generado temor por posibles nuevas agresiones contra ambientalistas en Cajamarca.