La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su respaldo al Proyecto de Ley Nº 1032 que modifica la Ley 28736 sobre pueblos indígenas en aislamiento.

El artículo 5º de esta ley permitía la realización de actividades extractivas dentro de las zonas reservadas para los pueblos indígenas en aislamiento, lo cual generaba serios riesgos para su seguridad y sobrevivencia dado que el simple contacto con personas foráneas puede ocasionarles la muerte. El proyecto –presentado a iniciativa de la Congresista Gloria Romas Prudencio– establece que, dentro de las zonas reservadas, solo los pueblos en aislamiento podrán llevar a cabo actividades económicas sin injerencia externa y de acuerdo a sus patrones socio-culturales.

Según señala Wilfredo Ardito, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH, en el Perú existen todavía varios pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. “Para algunos de estos pueblos, el Estado peruano ha constituido zonas reservadas. Sin embargo, al mismo tiempo se ofrecen lotes para la explotación petrolera y de gas en las zonas protegidas. Esta situación puede desencadenar efectos mortales en dicha población ya que ellos no cuentan con los anticuerpos para hacer frente a enfermedades comunes entre nosotros”, señaló.

Los pueblos indígenas, y en especial, los que se encuentran en situación de aislamiento o contacto inicial son un grupo humano de alta vulnerabilidad histórica y social, por lo que se les reconoce internacionalmente derechos colectivos. En otros países latinoamericanos, como Ecuador, Bolivia, Brasil y Paraguay, se ha reconocido públicamente la intangibilidad de los territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento. “En el Perú, actividades extractivas como el petróleo, el gas o la madera no deberían llevarse a cabo en zonas donde existen estas poblaciones”, agregó Ardito.

En tal sentido, APRODEH considera necesario que se apruebe esta modificación a la Ley 28736, para que nuestro ordenamiento jurídico se adecúe y proteja los derechos de los peruanos más vulnerables.