La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) es una organización comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos, que desde el inicio del conflicto armado interno y conforme a sus principios de defensa de la vida, la verdad y la justicia, ha asumido la demanda de aquellas personas y colectivos que vieron atropellados sus derechos como consecuencia del proceso de violencia política que sufrió nuestro país.

Por ello, frente al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que propone la aplicación de la pena de muerte para los terroristas, y que será discutido mañana por el pleno del Congreso de la República, APRODEH considera que el actual escenario político, social y económico es distinto de aquel en el que se desarrolló el conflicto armado interno. En ese sentido, las dimensiones del problema del terrorismo se enmarcan en un contexto diferente que exige a su vez, una respuesta efectiva del Estado sin que ella contradiga las lecciones de paz, democracia y pleno respeto a los derechos fundamentales.

En este marco, APRODEH se reafirma en lo siguiente:

1. La pena de muerte atenta contra el derecho a la vida
Aplicar la pena de muerte en el Perú para el delito de terrorismo, sería un grave retroceso en materia de derechos humanos. Su ejecución contradice todo principio y derecho humano: es una violación al derecho a la vida y la mayor expresión de crueldad de una sanción que puede imponer un Estado.
El artículo primero de la Constitución Política de 1993 establece que “la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”, por lo que ninguna norma puede ir en contra de dicho fin. Desde el punto de vista constitucional este derecho prevalece sobre el artículo 140º, que permite la pena de muerte para los terroristas.

2. No disuade, no evita y no disminuye la violencia
La pena de muerte no soluciona el problema de la violencia -en cualquiera de sus formas- pues no constituye una medida disuasiva.
Existen numerosas evidencias que señalan que la pena de muerte no disminuye la comisión de los delitos que pretende erradicar y más bien, tras su aplicación, se produce un incremento de los mismos. En el caso de violencia sexual, en aquellos países donde la pena de muerte ha sido aplicada, las estadísticas sobre violaciones (situación que responde a causas psicológicas) no han disminuido.
En ese sentido, la pena de muerte contradice la finalidad de toda pena –la resocialización de quien comete un delito– y favorece, en cambio, el ánimo de venganza.

3. Atenta contra la protección internacional en materia de derechos humanos
La aplicación de la pena de muerte en el Perú a los terroristas, inevitablemente constituiría una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Asimismo, que nuestro país se retire del Sistema Interamericano implicaría una permanente vulneración de los derechos humanos de millones de peruanos y peruanas, al impedir que éstos puedan recurrir a instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se vean impedidos de acceder a la justicia en su propio país.
La denuncia del Pacto de San José afecta la posición e imagen del Perú y limita el acceso de los ciudadanos a la justicia internacional. En ese sentido, muchos de los casos que están próximos a ser resueltos por dicha instancia se verían afectados.

4. Puede incurrirse en un error irremediable
La pena de muerte es una medida irreversible e irremediable. Considerando la situación de la justicia en el Perú, marcada por la ineficiencia y la corrupción, la posibilidad de errar en un juicio es muy elevada. Por ello, las posibilidades de condenar a un inocente son bastante reales, especialmente en los casos de terrorismo.

5. Recordar para no repetir
Resulta lamentable que en un país donde por décadas los grupos terroristas consideraban lícito matar personas en función del bien de la sociedad, existan líderes políticos que recojan este mismo mensaje.
Por ello, conviene recordar el mensaje del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el mismo que recoge la historia de dos décadas de violencia en nuestro país y que recomienda una correcta administración de justicia a la que debe agregarse la obligación de abolir la pena de muerte.