Por: Giancarlo Zamudio

Ideeleradio.- Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), calificó como una política de Estado global que busca consagrar la impunidad, la destitución de la fiscal especializada en derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, quien venia desarrollando una destacable labor al frente de las investigaciones de los casos Lucanamarca, Cabitos, Accomarca, Cayara, entre otros.

“Esto lo tenemos que interpretar dentro de una política de Estado global, de obstáculos a la acción de la justicia y de buscar consagrar impunidad. Esta es una manifestación desde el Ministerio Público pero existen otras desde el Congreso y del Ejecutivo. Toda esta ofensiva de algunos voceros del gobierno, de pretender decir que lo que está ocurriendo es una persecución judicial es indudablemente una intención de denigrar el informe de la Comisión de la Verdad y a los magistrados probos que dirigen juicios orales”, sostuvo Soberón en el programa "No Hay Derecho" por Radio San Borja.

“Estamos muy preocupados por esta decisión del Ministerio Público. La fiscal Olazábal es una funcionaria que con independencia venía conduciendo un conjunto de investigaciones que han concluido con la formalización de acusación en diversos casos, ella abrió el proceso del caso los Cabitos de los años 83 y 84, donde se han encontrado evidencias de la existencia de hornos crematorios, asimismo, por los casos Cayara, Huanta, la desaparición del periodista Jaime Ayala, entre otros”, agregó el director de APRODEH.

Asimismo, Francisco Soberón afirmó que acciones como estas, desnudan a voceros del partido de gobierno, quienes buscan escudar a responsables de crímenes de lesa humanidad como fueron los cometidos por el Grupo Colina, así como, a los perpetradores de Cantuta y Barrios Altos. “Estas personas tienen una defensa política y social. Esperemos que las investigaciones que haya formulado la fiscal Cristina Olazábal continúen y se someta a juicio oral a los responsables, desde los más altos niveles militares”, refirió.

Como se recuerda, mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación, se dio por concluida la designación de Cristina Olazábal como fiscal provincial de la Primera Fiscalía de Ayacucho y se designó a Andrés Avelino Cáceres Ortega como fiscal titular. Ahora Olazábal será fiscal adjunta de esa fiscalía, con las limitaciones que ello implica.

Señales negativas en extradición de Fujimori
Por otro lado, con respecto al proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, el director de APRODEH señaló que el actual gobierno, sólo ha mostrado hasta la fecha señales negativas, pues ha dado muestra que existe una alianza política entre el APRA y el fujimorismo que favorece a que Fujimori Fujimori continúe evadiendo la justicia.

No aceptaremos Ley de APCI
Finalmente, con respecto a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual vulnera derechos fundamentales de las personas, Francisco Soberón afirmó que demandarán la inconstitucionalidad de esta ley y movilizarán la opinión pública internacional para evidenciar el intento de socavar la acción de las ONGs y particularmente las de derechos humanos.

“Hay una estatización de las pretensiones del Estado sobre las ONGs, de querer orientar como debemos actuar frente los problemas de la sociedad peruana. Nosotros tenemos nuestros marcos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No vamos aceptar esta ley y apelaremos a los mecanismos internos para demandar la inconstitucionalidad de esta norma. Movilizaremos la opinión pública internacional para evidenciar la naturaleza del régimen del APRA y Fujimori en este intento de socavar la acción de las ONGs y particularmente las de derechos humanos”, concluyó el director de APRODEH.

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Huamanga / Ayacucho.- Al conocer la separación de la Fiscal Cristina Olazábal de la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Ayacucho que tramita denuncias de violaciones de derechos humanos, Richar Llacsahuanga Chávez, docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y especialista en derechos humanos, manifestó que con esta remoción se está desarticulando la judicialización de los delitos de violación de derechos humanos que señala el Informe de la Comisión de la Verdad.

Asimismo, señaló que esta pretensión estaría siendo impulsada por sectores políticos ligados al APRA, puesto que hace meses lograron que los casos en los que estaría involucrado el actual presidente de la República, Alan García Pérez, fueran trasladados al Poder Judicial de Lima, para su investigación.

Ante la denuncia de los electores ligados a la defensa de los derechos humanos opinan que la separa Fiscal es al única que se atrevió a denunciar a militares violadores de derechos humanos, y al actual presidente de la República por las casos de Accomarca y Cayara, entre otros ocurridos en su primer gobierno.

Acotó que la propuesta sobre la pena de muerte por casos de terrorismo y violación sexual, planteada por García no es una cortina de humo sino una estrategia de Estado para desacreditar los procesos de Judicialización que se realizan en Lima y Ayacucho.

Y con respecto al presunto nombramiento irregular del Fiscal Andrés Avelino Cáceres Ortega, indica que la única plaza que se puso a concurso fue de una Fiscalía Provincial Penal, y no de la Fiscalía Especializada en derechos humanos.

Evidentemente hubo presiones a través de una alianza entre los organismos militares y el gobierno, para que se remueva la autoridad del Ministerio Público.

Finalmente, los especialistas en el tema aclaran que si bien el gobierno dio a conocer que no la sacaron sino de una manera sutil, la ponen como Ajunto para que ya no tenga manejo de expedientes del conocimiento cabal de las denuncias que viene investigando esta Fiscalía.

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Amnistía Internacional admite que cambio de fiscal Cristina Olazábal genera suspicacias y sospechas

Por: Edinson Uriarte

Ideeleradio.- Ismael Vega, director de la Sección Peruana de Amnistía Internacional (AI), reconoció que el cambio de la magistrada Cristina Olazábal, de la Fiscalía de Derechos Humanos en Ayacucho, genera suspicacias y sospechas, que además no contribuirán al normal desarrollo de la investigación del caso "Los Cabitos" y Accomarca.

"Los cambios de fiscales que tienen a su cargo casos importantes, como ha sido el caso de la fiscal Cristina Olázabal, nos parece que deben ser muy bien estudiados y muy bien evaluados, porque no solo perturban el proceso, sino que pueden generar suspicacias alrededor de como se está llevando los casos", refirió.

Vega señaló que los cambios de magistrados en casos de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, tienden un manto de interpretaciones y hasta sospechas, respecto a la motivación de esa destitución.

"Es verdad que ella era una magistrada provisional, pero los casos no deben ser vistos, solo a la luz de lo que dice rígidamente una norma o una pauta, sino a la luz de lo que significa en términos sociales, de la búsqueda de verdad, de justicia y reparación", afirmó en conversación con Ideeleradio.

El director de AI, recordó que desde que Cristina Olázabal empezó a investigar ha tenido una serie de problemas y calificativos, tal y como la propia fiscal narró a Ideeleradio. "Deploramos y rechazamos los insultos que se profirieron a la fiscal. Es una magistrada intachable. Es una muestra de cómo los defensores de derechos humanos, incluyendo operadores de justicia y testigos son muchas veces desprotegidos por el Estado. (...) Estos adjetivos son totalmente infundadas y más bien hace pensar a la ciudadanía que les incomoda el trabajo independiente autónomo y positivo de Cristina de Olázabal", finalizó



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ANFASEP: Investigación de violaciones de DD.HH. debe continuar en Ayacucho

Por: Mario Zenitagoya Bustamante


Huamanga / Ayacucho.- La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), se suma a la ola de opiniones de protesta por parte de organismos de derechos humanos en relación a la destitución intempestiva de la Fiscal Especializada en Derechos Humanos Cristina Olazábal, en Ayacucho.

ANFASEP notificó a las autoridades que de no continuar con los trabajaos de la Fiscal Olazábal, y el anunciado traslado de la Fiscalía Especializada a la ciudad de Lima, acudirán a todas las instancias posibles que permita la ley a fin de encontrar justicia.

Asimismo, anunciaron una marcha a la ciudad de Lima y plantones frente al Ministerio de Justicia, para que de esta manera no queden de lado estas investigaciones.

Manifiestan que tienen la duda de por medio, contra el actual Fiscal Titular de esta Fiscalía de Derechos Humanos como es el Dr. Andrés Avelino Cáceres, quien no da ningún tipo de declaraciones a la prensa ayacuchana y que manifestó que ha logrado este cargo titular, a través de un concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Mientras tanto, los organismos de derechos humanos y ANFASEP siguen manifestado su extrañeza en los medidos de comunicación local, y exigirán al gobierno central que esta medida deje de ser manoseada políticamente.



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Destitución de la Fiscal Cristina Olazábal en Ayacucho: Señal negativa para los procesos de investigación de violaciones de derechos humanos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH expresa su preocupación por la destitución de la Fiscal Cristina Olazábal de la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Ayacucho, la misma que tenía a su cargo investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.

La CNDDHH reconoce en la Dra. Olazábal a una defensora de los derechos humanos, que ha demostrado en su práctica profesional que los operadores de justicia pueden, con independencia y conforme a la Ley, velar por la defensa de derechos fundamentales. Muestra de esto son las investigaciones desarrolladas en casos como Lucanamarca, Cabitos, Accomarca, Cayara, Jaime Ayala Sulca, Evangélicos de Callqui, fosas de Pucayacu, entre otros, los mismos que han contado con una correcta aplicación de la legislación nacional así como del derecho internacional de los derechos humanos.

Desde el inicio de sus funciones la Fiscal Olazábal contó con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos y de los propios afectados por la violencia, quienes vieron en su labor importantes avances en la búsqueda de justicia para crímenes que durante décadas habían permanecido en la impunidad. Por ello consideramos que su destitución es una señal negativa para los procesos de investigación de violaciones de derechos humanos.

Finalmente queremos señalar que en reemplazo de la Dra. Olazábal ha sido nombrado como titular el Dr.Andrés Avelino Cáceres Ortega. Esto llama la atención ya que si bien el Ministerio Público abrió a fines del año pasado el concurso público para Huamanga, únicamente estaba considerada la plaza de Fiscalía Provincial Penal, y no la de la Fiscalía Supraprovincial Penal, dependencia especializada en ver casos de violaciones de derechos humanos y terrorismo. A esto se suma que medios de comunicación en Ayacucho, han dado cuenta de un supuesto vínculo entre el Dr. Cáceres Ortega y el Partido Aprista. Esta es una información que debe ser investigada y aclarada por parte de las autoridades .

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La cuestionable remoción de la fiscal Olazábal

Por: Francisco Soberón

Hace unos días se conoció la noticia sobre la destitución de la Fiscal Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, quien ha sido reemplazada en el cargo por el fiscal titular, Andrés Avelino Cáceres Ortega, abogado que según conocemos, no cuenta con experiencia alguna en el tema de derechos humanos.

La doctora Olazábal ha venido desempeñando en los últimos años una labor destacable en la investigación y esclarecimiento de hechos acontecidos en esa región durante los años de la violencia política. Basta recordar sus investigaciones en los casos de Accomarca, Cayara, entre otros, en donde con autonomía, valentía e independencia formuló denuncias contra altos mandos militares, e incluso, contra el presidente Alan García, por su presunta responsabilidad en dichas matanzas.

Recordemos que, a partir de ello, la fiscal Olazábal fue objeto de duras críticas por parte de sectores vinculados al partido aprista, así como de continuos hostigamientos y amenazas.

En octubre pasado, la mencionada fiscal denunció al ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, General (R) Adrián Huamán Centeno y otros altos mandos militares, por los delitos de asesinato y desaparición forzada cuando tuvieron a su cargo bases militares de Huanta y La Mar (Ayacucho), en 1984. Entre los casos investigados figuraron los referidos al asesinato de seis evangélicos en la comunidad de Callqui, la desaparición del periodista Jaime Ayala y las fosas de Pucayacu.

Olazábal también ha venido conduciendo las investigaciones referidas al caso Los Cabitos de los años 1983 y 1984, realizando entre otras diligencias exhumaciones en las cuales no solamente se han hallado e identificado restos humanos; recientemente se encontraron restos de lo que habría sido el horno en donde se cremaban los cuerpos de los ejecutados, así como las conexiones eléctricas del mismo.

Es por tanto, una fiscal que con autonomía e independencia ha formalizado importantes denuncias contra los responsables directos e indirectos de las atrocidades cometidas en el marco de la lucha contra la subversión; respondiendo así a las aspiraciones de los familiares y víctimas de Ayacucho por alcanzar verdad y justicia, quienes siempre le dieron todo su respaldo.

Manifestamos, por ello, nuestra preocupación por este cambio. Si bien Olazábal no ha sido removida de dicha Fiscalía, pues ha pasado a ser fiscal adjunta, es evidente que tendrá muchas limitaciones para seguir actuando como lo venía haciendo. Esperamos que la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, reflexione sobre el retroceso que acarreará el haber designado a otro fiscal, quien además, no posee ni la experiencia ni el conocimiento a profundidad de los casos.

Por estas razones, demandamos la reposición de esta fiscal en el cargo que ocupaba; y a ella, le expresamos nuestro reconocimiento, solidaridad y el compromiso de seguir atentos y firmes en la lucha contra la impunidad, tarea que Cristina Olazábal ha venido cumpliendo con esfuerzo y valentía.