La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) deplora las muertes del empresario Guillermo Li Chau y del joven Marvin Gonzáles a causa del accionar de efectivos policiales, y expresa su preocupación ante la posibilidad de que estos hechos evidencien que nuestras fuerzas del orden consienten, en la práctica, tanto la modalidad de disparar a sangre fría, como la represión desmedida en las movilizaciones sociales.

En el caso del empresario avícola, ha sido comprobado que los policías Nilton Merge y José Cerquera, integrantes de la Comisaría de Monterrico, le dispararon pensando que se trataba de un delincuente. La muerte de Marvin Gonzáles, en cambio, se produjo a consecuencia de disparos por la espalda por parte de un suboficial de la Policía Nacional que reprimía una movilización popular en la provincia de Santa el pasado miércoles 11 de abril.

Según Wilfredo Ardito Vega, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH, “aunque estos hechos trágicos aparentemente no tienen conexión, ambos casos se generan por la presión que experimentan los efectivos policiales cuando las autoridades y los medios de comunicación les exigen Tolerancia Cero o intervención sin contemplaciones frente a la delincuencia, sumado al conocimiento tácito que sus posibles excesos no serán sancionados. Pareciera ser que existen situaciones en las que disparar al cuerpo de las personas fuera una práctica admitida incuestionadamente”.

A estos casos, se suman otros ocurridos durante el actual gobierno de Alan García y que también evidencian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de efectivos policiales, tales como el que desencadenó la muerte del adolescente Jonathan Condori en la localidad cusqueña de Sicuani.

Al haberse comprobado la participación de efectivos policiales en ambas muertes, APRODEH considera que los involucrados deben ser sancionados por el Poder Judicial y el Ministerio Público debe investigar si estaban cumpliendo órdenes.

APRODEH realiza una invocación a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior a tomar todas las medidas necesarias para evitar la muerte de personas en operativos policiales, sea contra la delincuencia común o durante el control de manifestaciones públicas.