El Observatorio para los Defensores de Derechos Humanos –integrado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)– presentó su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el Perú, en el cual se destacan varios aspectos preocupantes que incluyen graves represalias en contra de ellos.

Según se explica en el informe, los defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas y hostigamientos, directos o encubiertos, sin que las ONG, objeto de los mismos, obtengan de las autoridades respuestas a sus quejas. Se señala, asimismo, la preocupante desprotección de las víctimas y los testigos de las violaciones de los derechos humanos y sus familiares, así como de las pruebas testimoniales y periciales.

De otro lado, el Observatorio manifestó su preocupación frente a la aprobación de la Ley 28925 que modifica la Ley APCI. Al respecto señala que la Ley en cuestión “le otorga al Ejecutivo el poder necesario para que, a través de la APCI, pueda tomar ‘represalias’ contra aquellas ONG que hayan pronunciado opiniones ‘molestas’ o que hayan realizado actividades ‘incomodas’. De esta manera y en virtud de esta Ley, el gobierno central tendrá una herramienta para proscribir a aquellas organizaciones de la sociedad civil que realicen críticas y/o realicen acciones contrarias a los intereses políticos del gobierno.

La nueva Ley APCI implica que todo el financiamiento y las donaciones internacionales para las ONG que operan en Perú tendrán que ser registrados en la mencionada agencia. A su vez, restringe la posibilidad de contratar fondos de cooperación internacional por parte de las ONG, ya sean tramitados por vía pública o privada, a su inscripción previa y obligatoria en los registros de la APCI. También, condiciona dicha contratación a armonizar la cooperación técnica en función de la política nacional de desarrollo y al interés público.

Finalmente, el informe recomienda al gobierno de Alan García, entre otros, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de todos los defensores y defensoras en el país, poner fin a todo acto de amenaza, hostigamiento, difamación, campañas de desprestigio en su contra y, más generalmente, manifestar públicamente su reconocimiento del rol que cumplen las ONG de derechos humanos en la consolidación de la paz, la democracia y el estado de derecho.

Nota:
El informe es producto de una misión internacional enviada por el Observatorio a Perú en agosto de 2006. Dicho informe coincide con el presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la visita del comisionado Paolo Carozza.

Mayor información:
http://www.omct.org/pdf/observatory/2006/report/peru_informe_obs_12_2006.pdf
http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3907