Ante los recientes acontecimientos en torno a la designación de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) manifiesta lo siguiente:

• El Tribunal Constitucional es el máximo órgano de justicia del país, en tanto vigila el respeto de la constitucionalidad y los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. Este órgano cobra aún más importancia en una sociedad como la nuestra donde la democracia se encuentra en proceso de construcción. En esa medida, las resoluciones que emita contribuirán a alentar u obstaculizar dicho proceso.

• Dados los hechos suscitados, desde APRODEH demandamos la realización de un nuevo proceso de selección, así como la conformación de una nueva comisión seleccionadora que responda a la demanda de transparencia alentada desde diversos sectores de la opinión pública. De igual modo, exigimos la revisión de los mecanismos o procedimientos de evaluación para llevar a cabo la elección de los futuros magistrados, a fin de contrarrestar toda sombra de parcialidad o arreglo político.

• La elección de los magistrados debe ser transparente, en ese sentido, la trayectoria profesional, académica y personal de los candidatos debe ser puesta en conocimiento público. Es importante, además, poner especial énfasis en las cualidades personales de los postulantes: la trayectoria democrática, así como la defensa de la institucionalidad y los derechos fundamentales debe constituir un elemento esencial en la designación de integrantes idóneos para el órgano responsable de la vigencia del Estado de Derecho en el país.

• Finalmente, debemos llamar la atención de la sociedad civil y la opinión pública en general. La situación generada durante la última semana afecta las bases de la institucionalidad del país. Por tanto, merece una reflexión y una acción decidida y permanente por quienes creemos en la necesidad de dotar de mayor legitimidad a las instituciones del Estado, incluido el propio Tribunal Constitucional.

Desde el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil, confiamos en que las autoridades del gobierno, elegidas por todos los peruanos y peruanas, puedan encauzar esta situación, asumiendo un compromiso con la defensa de los derechos humanos y combatiendo todo rastro de inmoralidad y corrupción, en salvaguarda del Estado de derecho, la independencia de poderes y la democracia.