APRODEH RECHAZA ESTADO DE EMERGENCIA EN SANTA ANITA

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) manifiesta su enérgica condena a la medida dispuesta por el gobierno de declarar en Estado de Emergencia el distrito de Santa Anita durante los próximos siete días, debido a los hechos suscitados en torno al desalojo del Mercado Mayorista ubicado en dicho distrito.

Rechazamos esta medida a partir de la cual quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en dicho territorio.

Creemos que el análisis y reflexión sobre el pasado reciente debe servirnos de ejemplo para no repetir los mismos errores con el consecuente saldo negativo para el país. Recordemos que tras la puesta en marcha de tal medida durante el periodo del conflicto armado interno, muchas personas vieron sus derechos afectados.

APRODEH, como organización de defensa y promoción de los derechos fundamentales tantas veces violentados en el Perú, se suma a las voces de quienes rechazan el uso de la violencia en cualquiera de sus formas y las consecuencias nefastas que se generan a partir de ella.

En ese sentido, demandamos el levantamiento del Estado de Emergencia y exhortamos al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, así como a los actuales ocupantes del mercado a evitar acciones que puedan poner en peligro la vida humana. 

Finalmente, invocamos a ambas partes a llegar a acuerdos la vía del diálogo y la negociación, en el marco del respeto los derechos humanos y la legalidad.

La insistencia de algunos medios de comunicación en presentar a las personas que se encuentran dentro del mercado Santa Anita como personas que exponen la vida de sus propios hijos llevaría a que sean vistos no solo como usurpadores de una propiedad sino además como seres desalmados merecedores de una violenta represión. En esa medida, al perder estas personas su calidad de ser humano es mucho más fácil actuar sin contemplaciones.  

El Gobierno de Perú declaró hoy mediante un Decreto Supremo estado de emergencia "", reseña el decreto publicado en el diario oficial 'El Peruano'.

Frente al inminente desalojo del Mercado Mayorista de Santa Anita, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) reitera su solicitud

Recordemos que durante el mes de abril, el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional generó la muerte de tres personas: el empresario avícola Guillermo Li, a quien los policías Nilton Merge y José Cerquera, integrantes de la Comisaría de Monterrico, le dispararon el 6 de abril pensando que se trataba de un delincuente; el joven Marvin Gonzáles, a quien un suboficial de la Policía Nacional le disparó por la espalda mientras reprimía una movilización popular en la provincia de Santa el 11 de abril y el niño Imel Huayta Quispe, fallecido en Puno el 22 de abril cuando la Policía Fiscal arrojó una bomba lacrimógena contra el parabrisas del vehículo en que viajaba con sus padres porque presumía que llevaban contrabando.

Estos casos lamentables se generan por la presión que experimentan los efectivos policiales cuando las autoridades y los medios de comunicación exigen Tolerancia Cero o intervención sin contemplaciones frente a la delincuencia, sumado al conocimiento tácito de que sus posibles excesos no serán sancionados. No debemos aceptar situaciones en las que  disparar al cuerpo de las personas constituya una práctica admitida. 

                                                                                                    Lima, 25 de mayo de 2007