CORTE INTERAMERICANA DEBE CORROBORAR RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CASO CANTORAL-GARCÍA

Para Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe concluir que en el caso de Saúl Cantoral y Consuelo García sí existió responsabilidad estatal.

Tras retornar de las audiencias realizadas ante la Corte de San José, junto a Pelagia Conteras y Ulises Cantoral, viuda y hermano de Saúl Cantoral respectivamente, y Rosa García, hermana de Consuelo García, la abogada señaló que las diversas hipótesis presentadas por la defensa del Estado no buscan más que distraer la atención respecto de la verdadera autoría del crimen.

Cano sostuvo que la propia defensa del Estado admitió que el caso no se investigó y que sí existieron grupos de personas particulares que eliminaban a dirigentes sindicales. “En esa medida, el Estado debió investigar y sancionar, sin embargo no lo hizo durante diecisiete años”, declaró.

“Aún cuando el agente del Estado haya señalado como posibilidad, que Santiago Martin Rivas sería el responsable de la muerte de Saúl Cantoral y Consuelo García, para la Corte esto confirmaría la existencia de personas o agrupaciones que operaban bajo conocimiento del Estado, llámese Comando Rodrigo Franco u otro grupo operativo del SIE. Las pruebas presentadas como defensa, nos permiten sostener la hipótesis de que, en este caso, los responsables fueron agentes del Comando Rodrigo Franco que buscaban eliminar a opositores del gobierno”, afirmó.

La abogada detalló que el agente Luis Salgado, tras sostener dicho argumento, tuvo que ensayar otra hipótesis y señalar que Sendero Luminoso o sicarios contratados por empresarios mineros podrían ser los presuntos autores del crimen.

“Según Salgado, la existencia del Comando Rodrigo Franco es responsabilidad de la prensa toda vez que a lo largo de estos años ha existido una ofensiva mediática que ha logrado insertar en la psiquis colectiva la presunta existencia de dicha agrupación”, manifestó Cano.

De otro lado, la abogada recordó que el informe del Instituto de Medicina Legal señala como posibilidad que el asesinato haya sido perpetrado por agentes estatales, así como los testimonios que figuran en los expedientes, en los cuales se reconoce la participación de un oficial de la Policía Nacional en el secuestro de Cantoral y García.

“Existe además una necropsia, efectuada el año pasado, cuyos certificados se perdieron extrañamente en el Instituto de Medicina Legal. Ésta confirma el hallazgo de orificios de entrada y salida de proyectiles en el cráneo de las víctimas, así como fractura de los huesos del esternón y costillas de Saúl Cantoral, producidas por un agente contundente. Esto daría cuenta de maltratos previos a la ejecución”, puntualizó.