Ayer, durante el 106 período de sesiones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quedó demostrado que el
secuestro y asesinato de un profesor y nueve estudiantes de La Cantuta, fue un operativo
militar en el que funcionó la cadena de mando jerárquica y no un acto aislado de un
grupo de personas. Es decir, quedó demostrado que el grupo Colina actuó bajo las ordenes
del alto mando militar.
Eso se desprende de las respuestas que el
general Raúl Talledo Valdivieso y el coronel José Balarezo Larriva dieron a la CIDH en
la audiencia de ayer en la tarde. Talledo Valdivieso fue el fiscal del Consejo Supremo de
Justicia Militar en el caso La Cantuta, mientras que Balarezo Larriva es secretario de
dicha dependencia. Ambos fueron presentados como testigos por el gobierno peruano en la
audiencia que se realizó ayer en Washington.
Talledo Valdivieso y Balarezo Larriva
inicialmente repitieron la versión del gobierno que cuestiona la validez de las
declaraciones del general Rodolfo Robles en este caso. Sostiene el gobierno que el
testimonio de Robles se basa en las afirmaciones que le habría hecho el general Willy
Chirinos, y que éste niega haber hecho.
Sin embargo, al responder a las preguntas
de los miembros de la CIDH, estos mismos testigos han admitido:
que en el operativo La Cantuta intervinieron varias
unidades del Ejército Peruano, algunas dependientes de la II región militar cuyo jefe
era el general Luis Salazar Monroe.
que en la universidad La Cantuta en julio del 92 existía
una base militar dependiente de la II región militar.
A su vez Sergio Tapia, abogado
representante del gobierno peruano, consideró que lo ocurrido en el caso La Cantuta es un
delito de función, es decir, admitió que fue un operativo militar realizado dentro de la
cadena de mando.
Con esas declaraciones, en realidad han
corroborado las afirmaciones del general Rodolfo Robles, quien ha sostenido que el
operativo en la universidad La Cantuta, sólo era posible de ser llevado a cabo si habían
intervenido y concertado varias unidades del ejército, y que para que ello ocurra, tenía
que funcionar la cadena de mando propia de una institución castrense.
Robles sostiene que:
intervinieron la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINTE), el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), la II región militar y la
División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE) que obedecen a jefaturas diferentes,
la única autoridad militar que podía haber dispuesto tal
concurrencia de diferentes unidades y organismos era el comandante general del Ejército,
el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tiene
responsabilidad, pues de él depende el SIE,
el fuero militar no sancionó a todos los responsables.
Se ha demostrado entonces, que el grupo
Colina, dependiente del SIE y por tanto del SIN, actuó también con respaldo y por
ordenes del más alto mando del Ejército, es decir, que de su actuación sabían tanto
Vladimiro Montesinos como el general Nicolás Hermoza Ríos.
Cabe señalar además que en la audiencia
de ayer, el coronel Balarezo aceptó que se presentaba a declarar por órdenes de su
comando, lo que provocó que sus declaraciones como testigo fueron objetadas por su
manifiesta parcialidad.
Lima, 7 de marzo del 2000
Asociación Pro Derechos Humanos
Area de Comunicaciones
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