La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa a la opinión pública su respaldo a la consulta popular sobre el proyecto minero Majaz, a realizarse el próximo 16 de setiembre, y manifiesta su preocupación debido a la extrema tensión que viene generando la actividad de dicha empresa –actualmente en manos de inversionistas del grupo Zijin– en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

La empresa se encuentra en el territorio de dos comunidades campesinas, Segundo y Cajas y Yanta, sin haber obtenido la autorización adecuada, lo que implica un caso de flagrante usurpación. Sus trabajos de exploración vienen afectando el frágil ecosistema de la zona, el único lugar del Perú donde sobrevive el tapir andino y donde además se refugian los osos de anteojos, en vías de extinción. Se trata de los llamados “Andes Verdes”, sumamente fértiles y productivos.

En las dos provincias existe seria preocupación, porque si comienzan las actividades de explotación, el daño podría ser irreparable, tomando en cuenta que Majaz empleará el agua de los ríos para sus actividades. Además, la empresa Mayarí, vinculada a Majaz, ha logrado obtener la concesión de un área aún más extensa que comprende las cabeceras de los ríos Huancabamba y Quiroz.

Majaz ha establecido un gigantesco cerco que impide a los campesinos llegar hasta sus parcelas, por la presencia de guardias armados de la empresa de seguridad Forza. Llamamos la atención sobre este hecho que podría generar situaciones de violencia y represión hacia la población. En este punto, vale agregar que APRODEH ha recibido información respecto del ingreso de las Fuerzas Armadas en la zona, lo cual podría incrementar la tensión social en la zona.

Frente a esta grave situación, los alcaldes de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa han decidido organizar una consulta vecinal con la finalidad de escuchar la opinión de la población sobre la actividad minera.

APRODEH se adhiere a los pronunciamientos de la ONPE y el Ministerio de Justicia, en el sentido que esta consulta expresa el legítimo derecho de los peruanos de pronunciarse sobre los asuntos que les conciernen y que pueden afectar sus vidas. Por ello, lamentamos las recientes declaraciones del Presidente Alan García respecto de la problemática en Majaz, ya que además de no abordar el tema de fondo, resulta cuestionable sostener que el Estado salvaguardará el respeto al medio ambiente cuando empresas como Pluspetrol, Casapalca o Doe Run, vienen generando terrible contaminación en medio de la indiferencia de las autoridades.

Desde APRODEH reiteramos nuestro apoyo a la consulta popular. Asimismo, esperamos que, en medio de este conflicto, prime una solución dialogada, a la vez que advertimos a las autoridades que pretender promover la inversión privada no puede implicar atentar contra la vida y el medio ambiente de los más pobres.

Lima, 6 de setiembre de 2007