Notas de Prensa

Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien patrocina legalmente a los deudos de Saúl Cantoral y Consuelo García, resaltó la importancia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mencionado caso, que declara al Estado responsable de las violaciones a los derechos humanos en la detención y ejecución de los mencionados dirigentes sindicales, en el año 1989.

Respecto al rechazo hacia esta sentencia por parte del Estado, la doctora Cano expresó: “Hay que resaltar que las propias pruebas presentadas por el Estado fueron analizadas por la Corte Interamericana y es a partir de ellas que finalmente se deduce la responsabilidad estatal. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas nuevamente con el fin de rechazar la sentencia”, precisó.

Para la abogada, esta actitud solo demuestra ser un intento por dilatar aún más la impunidad en este caso. “Desde APRODEH saludamos el fallo de la Corte Interamericana pues constituye un paso alentador en el logro de justicia para los familiares de Saúl Cantoral y de Consuelo García, quienes a lo largo de dieciocho años han trajinado a fin de obtener respuesta a sus demandas y quienes convirtieron la búsqueda de justicia en el centro de su propia vida”, agregó.

La abogada agregó que, en la sentencia, la Corte observa que por más de 18 años los familiares de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz no han contado con la determinación judicial de los hechos y sus responsables. “La sentencia señala que la investigación abierta en nuestro país no ha garantizado un verdadero acceso a la justicia a los familiares de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque la reparación de las violaciones, el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la ejecución de ambos dirigentes, así como la sanción de los responsables, lo que constituye una violación de sus derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales”, agregó. En ese sentido, la Corte demanda la inmediata investigación de los hechos, la identificación y sanción a los responsables; así como la realización de una ceremonia pública de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones perpetradas y de desagravio a las víctimas.

De otro lado, la Corte confirma las afectaciones sufridas por los familiares de Saúl Cantoral y Consuelo García, en particular, la afectación psicológica a partir del desmembramiento familiar debido a la muerte de las víctimas. Asimismo, el Tribunal considera que la ejecución de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz tuvo un efecto amedrentador e intimidante en los trabajadores del movimiento sindical minero peruano.

Cano destacó que la sentencia valora el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), señalando que “ha dado especial valor al informe de la CVR como prueba relevante en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional del Estado peruano en diversos casos que han sido sometidos a su jurisdicción”.

En la conferencia de prensa participaron Eloy Cantoral y Rosa García, hermanos de Saúl Cantoral y Consuelo García, respectivamente, así como representantes de la Federación Nacional Minera y del Centro de la Mujer, Filomena Tomaira, acompañados de Gloria Cano, abogada de las víctimas y Miguel Jugo, director ejecutivo de APRODEH.